El Almanaque Nº 6345 Viernes 17 de Marzo de 2017

La medida adoptada por la autoridad colombiana es contraria al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional.

Gas Natural Fenosa ratifica su voluntad de mantener un diálogo abierto con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa de un marco jurídico adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.

El gobierno colombiano no puede ignorar que Electricaribe sufre una situación crónica de fraude e impagos desde hace años, con un impacto que asciende a 1.300 millones de euros, y cuya solución requiere el establecimiento de un marco jurídico seguro y razonable.

La inversión de Electricaribe entre 2011 y 2015 ascendió a 255 millones de euros, que podría haber sido tres veces mayor de haber contado con medidas del gobierno para atajar el grave problema de fraude e impago señalados.

GAS NATURAL FENOSA lamenta la decisión anunciada hoy por el Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios de Colombia, de liquidar la sociedad Electricaribe y hace un llamamiento a las autoridades colombianas para que dejen sin efecto esta medida y trabajen para buscar una solución satisfactoria y, sobre todo, sostenible para la prestación del servicio de suministro eléctrico en la zona.

La decisión de la Superintendencia obvia el problema fundamental y entra en contradicción con las declaraciones públicas realizadas por el actual Presidente de Electricaribe y el Agente Especial que ahora administran la empresa.

Electricaribe es una empresa regulada y como tal, suministra a todos los clientes de su zona en las condiciones que el gobierno determina en cada momento. El marco regulatorio actual no tiene en cuenta las especificidades de la zona del caribe y los problemas que presenta.

Así, han informado que con el actual marco normativo y regulatorio prevén finalizar 2017 con un déficit adicional de 85 millones de euros y han declarado públicamente que: “hay que cambiar la cultura del no pago, dando ejemplo desde los entes gubernamentales” (Presidente actual de Electricaribe, nombrado por la Superintendencia, 8 de marzo de 2017).

Gas Natural Fenosa ratifica su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes.

La decisión de liquidar Electricaribe es contraria al proceso de diálogo que, durante los últimos meses, ha mantenido la multinacional con las autoridades colombianas, siempre con el objetivo de alcanzar un acuerdo satisfactorio para todas las partes y que resolviera la crítica situación que atraviesa la compañía colombiana, derivada de la inseguridad normativa existente en el país debido al fraude e impago padecido.

La medida adoptada es contraria, también, al espíritu de profundización de las relaciones comerciales entre la Unión Europea y Colombia, conforme al Acuerdo de Libre Comercio e impacta negativamente en el clima requerido para que se produzcan los flujos de inversión internacional hacia ese país.

La orden de liquidación de la compañía es claramente un paso en la dirección opuesta a los principios que preconiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que Colombia es candidata a la adhesión. La OCDE promueve el desarrollo de una regulación estable que proteja el correcto funcionamiento de las inversiones en los países miembros, algo que no se está cumpliendo en Colombia en el caso de Electricaribe.

Dada esta situación de hechos consumados, a GAS NATURAL FENOSA no le queda otra alternativa que acudir a una institución internacional para que resuelva la situación creada en la forma prevista en el Acuerdo de bilateral de protección recíproca de inversiones entre España y Colombia, vía que ha estado demorando hasta el momento voluntariamente.

Situación de mora y fraude consentida por el Gobierno

Sorprende la falta de importancia que la Superintendencia, que dictamina la liquidación, atribuye al gravísimo problema de la morosidad y el fraude. Es un hecho reconocido la necesidad de más inversiones en la zona, pero se pretende ignorar que el problema fundamental es que Electricaribe arrastra una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros (más de 200 sólo en 2016), según cifras auditadas que incluyen importantes deudas de organismos públicos colombianos, y ello es así porque no existe un marco regulatorio que proteja suficientemente los intereses de la compañía eléctrica, e impida que se vea obligada a suministrar energía sin poder cobrar. En este punto conviene recordar que a finales del pasado año, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal, superaba los 350 millones de euros.

A todo lo anterior debe añadirse la existencia de fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales. La empresa ha interpuesto más de 16.000 denuncias (5.000 en los últimos 2 años), habiendo obtenido sólo 85 condenas.

Es una auténtica ocurrencia decir que la gestión del riesgo de fraude o impago está en manos de Electricaribe.

A pesar de la magnitud de las cifras, a pesar de las auditorías al efecto y de los numerosísimos escritos a diversos organismos oficiales, y al hecho de que el Estado colombiano detenta un 14 % del capital social (bajó del 30% al 14% al no acudir a las ampliaciones de capital) y tiene un representante en el Consejo de Administración, la Administración colombiana y en especial la mencionada Superintendencia, no han tomado las medidas necesarias para evitar el colapso de la sociedad por falta de adecuada regulación y seguridad jurídica.

La sociedad Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en el año 2000; en 2009 GAS NATURAL FENOSA adquirió Unión Fenosa, y desde entonces, y de una manera continuada ha estado advirtiendo al Gobierno colombiano acerca de la grave situación y del continuo deterioro de la empresa de distribución eléctrica ante la problemática de la morosidad y el fraude. Desde el inicio de la inversión, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, y jamás se ha cobrado ningún dividendo.

Desconsolidación obligada de la sociedad

GAS NATURAL FENOSA ya se vio obligada a desconsolidar su participación en Electricaribe reclasificándola, por exigencias de la normativa contable, como activo financiero por su valor contable de 475 M€. Obviamente, la reclamación internacional se hará por la totalidad de su justo valor de mercado, que es muy superior.

Con más de 170 años de historia, GAS NATURAL FENOSA es el primer distribuidor de gas de Latinoamérica y el cuarto de electricidad. La multinacional suministra energía a ocho de las 10 principales ciudades de Latinoamérica.

Barcelona, 14 de marzo de 2017.

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