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BRASIL: VALERIO, “O REI” DE LA
CORRUPCION A POLITICOS
El publicista Marcos Valerio Fernándes, conocido en su país como “o
rei” de la corrupción de la clase política brasileña, y en la que
ha involucrado al propio Jefe de Estado, Luiz Inácio Da Silva (alias
“Lula”), será detenido si la justicia atiende la petición de la
Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) al ser considerado uno
de los principales culpables del escándalo surgido en el “coloso
suramericano” desde el pasado 14 de junio de 2005, cuando el diputado
Roberto Jefferson, presidente del Partido del Trabajo de Brasil (PTB),
destapó la “olla podrida”.
A medida que avanzan los trabajos de la CPI, que pidió la detención de
Valerio Fernandes el 27 de julio de 2005, se conocen nuevos y escabrosos
detalles sobre la amplia corrupción promovida por ese empresario y el
Partido de los Trabajadores (PT, de izquierda), en que estaban
involucrados numerosos diputados, dirigentes políticos y hasta el
propio “Lula”, que de acuerdo con nuevas denuncias, conocía
perfectamente todo el entramado a través del cual se compraban favores
para que el Parlamento diese aprobación a los proyectos presentados por
el gobierno.
En efecto, el gobernador del Estado de Goias, Marconi Perillo,
perteneciente al opositor Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB),
afirmó a través de un escrito enviado a la Comisión de Ética de la Cámara
de Diputados, que en marzo de 2004 alertó a “Lula” sobre el “pago
de sobornos a los congresistas”. Es decir, que mientras el mandatario
brasileño no lo desmienta y lo demuestre con hechos y documentos, sí
tenía pleno conocimiento de la acción delictiva de su partido.
También entró en escena el ex presidente Fernando Henrique Cardoso,
elegido secretario de las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y
de Gobierno, y que tendrá su despacho en Madrid, para pedir una
“investigación a fondo de la denuncia” hecha ante el Congreso por
Jefferson.
Pidió que se realice “sin desviar el foco de las investigaciones de
las situaciones actuales”, tras conocer que el corrupto Valerio
Fernandes también entregó dineros para la campaña en la que salió
elegido presidente de Brasil para gobernar entre 1995-2003, cuando fue
sustituido por “Lula”.
La CPI pidió a la Fiscalía del Estado, sobre la base de los resultados
que ha ido comprobando a lo largo de su investigación, que proceda a
dictar la orden de detención del corrupto publicista y empresario, señalando
que estando en libertad Valerio “podría destruir documentos
importantes para el esclarecimiento de los hechos”.
También solicitó al Ministerio Público el embargo de los bienes y que
ordene el levantamiento del secreto bancario, fiscal y telefónico de
todas sus empresas y el de su esposa Renilda Santiago de Souza, de
acuerdo con lo informado por la Agencia Oficial de la Cámara de los
Diputados.
El publicista y sus distintas empresas en Belo Horizonte, la capital del
Estado de Minas Gerais, de acuerdo con lo informado por esa Agencia,
movilizaron millones de dólares desde que el PT llegó al poder y
“Lula” asumió su cargo, el primero de enero de 2003, para cometer
diversos delitos como soborno, tráfico de influencias y corrupción.
Aunque Valerio Fernandes, junto con el ex presidente del Partido de los
Trabajadores (PT) José Genoino y el ex tesorero Delubio Soares formaba
el “siniestro triángulo de la corrupción”, el “cerebro maquiavélico”
de la compra de conciencias y de los sobornos es el ex ministro de la
Casa Civil y ex asesor presidencial José Dirceu, quien participó
activamente diseñando el delictivo plan y goza actualmente de la más
completa impunidad por decisión de “Lula”.
Si bien el presidente brasileño ha vuelto a declarar el 27 de julio que
se encuentra “indignado” por todo lo sucedió y reiteró su promesa
de castigar a los corruptos, lo cierto del caso es que no se le ha
escuchado una sola palabra de censura a la deshonesta actuación de
Dirceu, un antiguo guerrillero entrenado en Cuba, que ha sido su “mano
derecha” y quien, según la oposición y la prensa brasileñas, “no
ocultaba nada a su jefe”.
La trama corrupta, que viene de años atrás, tenía al Banco Rural de
Minas Gerais, como su principal surtidor de dinero, porque los préstamos
que Valerio Fernandes recibía para sus prácticas corruptas, estaban
perfectamente avalados por contratos de publicidad de muchos millones de
dólares suscritos por el gobierno de dicho Estado.
La investigación ha determinado que el publicista “ya había
experimentado sus técnicas de financiación ilícita en Minas Gerais”,
como denunció recientemente el diario “O`Globo”, al obtener fondos
en 1988 para la campaña electoral a favor del Gobernador del Estado
Eduardo Azeredo, quien fue reelegido en esa época.
Como contraprestación a la transferencia de fondos de 11,7 millones de
reales (unos 3 millones de dólares), efectuada a través del Banco
Rural para que la utilizara en su campaña de reelección, el hoy
presidente del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), le
otorgó numerosos y cuantiosos contratos publicitarios de su gobierno.
Es decir que funcionó a la perfección el tráfico de influencias y el
corrupto empresario los pignoró a esa entidad bancaria para responder
por el préstamo. A este grupo político pertenece también Henrique
Cardoso.
La misma prensa brasileña, dadas las características del escándalo,
lo ha denominado “Valerioducto”, señalando que de acuerdo con los
investigación de la CPI, ese esquema se ha venido utilizando en todo el
territorio nacional tras la llegada del PT –fundado por “Lula”- al
poder, para “armar una gran lavandería de dinero sucio”, como lo
definió la diputada y ex juez Denise Frossard, que forma parte de la
Comisión.
Un total de 39 millones de reales (16,7 millones de dólares) entregó
Valerio Fernandes a Delubio Soares cuando este dirigente político
corrupto era el tesorero del PT, y según lo reconoció ante la propia
CPI, “sirvieron para financiar campañas electorales de la coalición
que apoya al gobierno de “Lula”, aunque de conformidad con su
declaración, eso no constituye ningún caso de corrupción.
También diputados del Partido Progresista (PP, conservador), del
Partido Liberal (también conservador, al que pertenece el
vicepresidente brasileño, José Alencar) y del Partido de los
Trabajadores fueron comprados para votar siempre todos los proyectos
presentados por el gobierno, habida cuenta que la agrupación de
“Lula” no es mayoritaria en el Congreso y que a duras penas se
sostiene con una precaria ventaja sobre la oposición gracias a ese pago
de 30.000 reales (12.500 dólares) mensuales a diputados deshonestos.
El mismo Jefferson, cuando denunció la corrupción que tiene sumido a
Brasil en una amplia crisis política, reconoció que su propio Partido
del Trabajo de Brasil había recibido 1,3 millones de dólares de parte
de Soares y Valerio para su campaña electoral y que diputados de la
misma agrupación tenían el “sobresueldo” mensual para no permitir
que el gobierno fuese derrotado en ninguna votación.
La CPI, que ha demostrado gran rigor en su investigación, descubrió
que no menos de 50 personas, entre quienes se encuentran numerosos y
conocidos políticos, sacaron los 39 millones de reales (16,7 millones
de dólares) para ser utilizados en los distintos sobornos.
Igualmente se descubrió que Roberto Brand, diputado del Partido Frente
Liberal (PFL, derechista y de oposición) retiró en 1999 de ese banco
un total de 150.000 reales (62.500 dólares) de una cuenta perteneciente
al corrupto Valerio Fernandes. Todo ese cúmulo de descubrimientos de
actos ilícitos llevó también al Supremo Tribunal federal a la
ampliación del periodo de sus investigaciones sobre el publicista a
partir de 1998.
“Estamos viviendo una crisis política (…). Yo me siento indignado
porque nací y voy a morir siendo favorable a que todas las denuncias de
corrupción en el gobierno o fuera del gobierno, sean investigadas
plenamente”, manifestó “Lula”, para quien “todos aquellos que
cometieron errores, sean de mi partido o de otros partidos, sean católicos
o evangélicos, sean hombres o mujeres, tienen que pagar por el error
que cometieron”.
Son frases para la galería, porque “Lula” tenía pleno conocimiento
de lo que sucedía, como lo han dicho ya varias personas, y su excusa
sobre que esas prácticas deshonestas se realizan desde mucho tiempo atrás
en Brasil, no tienen ninguna validez para una persona que prometió
acabar con la corrupción.
El mandatario no puede ser el moderno Poncio Pilatos y “lavarse las
manos” ante un escándalo de esta magnitud y tiene que asumir su
responsabilidad política, porque de lo contrario su soñada reelección
para el año 2007 va a naufragar, como lo demuestra que continúa
perdiendo popularidad y ya un elevado porcentaje de sus compatriotas no
le tienen ninguna confianza.
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