ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA                  Guillermo Tribín Piedrahita 


ONU: PROPUESTA REFORMA ORIGINA DENUNCIA CHANTAJE

La propuesta para reformar el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que permita modernizar y “poner al día” a una entidad necesaria para el buen entendimiento de los pueblos, pero que se “quedó vieja y resabiada”, ha originado problemas, divisiones y, lo más grave, denuncias sobre presuntos chantajes, durante las reuniones celebradas en la sede de la entidad, en Nueva York, el 25 de julio de 2005.

Mientras el 30 de noviembre de 2004 el Comité Internacional de Personalidades (CIP) propuso un “amplio paquete de medidas” dentro de su “Proyecto Milenio” para que la ONU pueda asumir un “papel preponderante” que le permita asumir exitosamente los “nuevos desafíos del Siglo XXI”, el actual Secretario General del organismo, el ghanés Kofi Annan, presentó el 20 de marzo de 2005 una “amplia reforma” que permita “garantizar su capacidad de acción y de maniobra”, para que la entidad pueda cumplir fielmente con los objetivos para los que fue creada.

En un documento que tituló “En mayor libertad: Hacia el desarrollo, la seguridad y los derechos humanos para todos”, el muy cuestionado Secretario General de la ONU propone que el Consejo de Seguridad se amplíe a 24 miembros, para que puedan ser incluidos los países en desarrollo.

El CIP es partidario, en cambio, y así lo hizo saber en su escrito, de “incrementar la implicación en la toma de decisiones de aquellos que contribuyan más a Naciones Unidas, financiera, militar y diplomáticamente”, lo que en cierta forma favorecía a Estados Unidos, Japón y Alemania, que son los tres países que, por ese orden, contribuyen con más presupuesto a las finanzas de la ONU. Por América Latina, los mayores contribuyentes son, México, Brasil y Argentina.

Los “sabios y expertos” que hicieron las recomendaciones, a las que Annan se sumó, se mostraron también partidarios acerca de la necesidad de reformar, de forma urgente e inmediata, la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), a la que se acusa de no haber actuado “con la necesaria imparcialidad que las circunstancias requieren”.

Lo que constituye una verdadera paradoja es que de esta Comisión hacen parte regímenes dictatoriales y continuos violadores de los derechos humanos y fundamentales de sus poblaciones, tales como Cuba, Libia y Sudán. De allí que CIP y Annan estén totalmente de acuerdo con la necesidad de reformarla e, incluso, de eliminarla. 

Ahora, los diversos grupos que existen actualmente en la ONU, se están “sacando los cueros al sol” y mientras el denominado grupo Unidos para el Consenso (UPC) considera necesaria la ampliación del Consejo de Seguridad (CS) de sus actuales 15 miembros a 25, el Grupo de Cuatro (G-4), pugna por alcanzar que los países que lo integran cuenten con un asiento en dicho Consejo y el Grupo de África (GA) busca dos asientos permanentes, según lo señalado por todos ellos en las reuniones del día 25.

El UPC está integrado por 40 países, entre los que destacan Argentina, Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Italia, México y Pakistán; el G-4 lo componen Alemania, Brasil, India y Japón, mientras los cinco miembros permanentes del CS que, además, tienen derecho a veto (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia), están divididos en su apoyo a esos dos grupos.

Además, China, se ha mostrado “totalmente contraria” al G-4 y ha lanzado una amplia campaña diplomática a escala mundial en busca de apoyo para sus tesis. Francia y Reino Unido apoyan “con decisión” al G-4 que cuenta también, al parecer, con la simpatía y el voto de otros 30 países, a la vez que Estados Unidos anunció que “votaría en contra de la Resolución de reforma”.

El gobierno italiano, a través de su embajador en la ONU, Marcello Spatafora, denunció en la reunión del 25 de julio que uno de los países del G-4, al que no mencionó por su nombre, “amenazó con retirar la ayuda financiera a proyectos de desarrollo que se están ejecutando en un país pobre, porque ha apoyado una resolución del UPC”. 

Spatafora afirmó que “están chantajeando a miembros para que apoyen sus objetivos bajo amenaza de inclinarse por iniciativas contrarias a sus intereses” y denunció a Alemania, Brasil, India y Japón de “recurrir a influencias y presiones financieras para inducir a los gobiernos a que se alinearan, o no se alinearan, a cierta posición, o a coauspiciar o votar a favor de cierto proyecto”

El proyecto de reforma del UPC está impulsando la ampliación del CS de 15 a 25 miembros, alegando que los 40 países que lo integran “quieren un Consejo cuya composición sea flexible a los cambios globales y a las realidades de poder de cada periodo histórico; un Consejo que no perpetúe privilegios”, de acuerdo con lo manifestado por la embajadora de Colombia ante la ONU, María Ángela Holguín, quien llevó la “voz cantante” del grupo.

Esa ampliación, de acuerdo con la propuesta del UPC, buscaría la creación de nuevos puestos “No Permanentes”, de manera que los diez nuevos miembros se sumarían a los actuales diez –igualmente no permanentes-, mientras que los asientos “serían distribuidos igualmente entre los 5 grupos geográficos de la ONU: Europa Occidental, Europa Oriental, América Latina-Caribe, África y Asia.

Para el gobierno de Canadá, según lo afirmó su embajador ante el organismo multinacional, Allan Rock, la entrada de nuevos “miembros permanentes” en el Consejo “no sirve los intereses de la ONU ni de la amplia mayoría de Estados miembros de la Organización sino que beneficia a los mismos aspirantes”. Es partidario de la ampliación, siempre y cuando que los diez nuevos países sean “miembros no permanentes”.

Hizo saber a los delegados de los 191 miembros que tiene la OEA tras 60 años de actividad, que “la propuesta de la UPC es justa” y argumentó que “distribuye de forma equitativa los asientos del Consejo entre las regiones” porque, además, ofrece la gran posibilidad que “si un grupo regional apuesta por un país para que se quede de forma permanente, lo podrá hacer mediante sucesivas elecciones al cabo de dos años de mandato”.

Aclaró Rock que la posición y la propuesta del UPC no tiene significados distintos ni constituye una oposición a los países aspirantes –en referencia al G-4 y a África y Asia- a un asiento permanente sino que es la respuesta a “la necesidad de basar cualquier reforma en principios democráticos”, porque, según afirmó, “no conozco ninguna democracia en que una sola elección haya sido suficiente para que el ganador permanezca en el poder de forma perpetua”.

Estados Unidos, por su parte, ha insistido en que la ONU necesita ser reformada, pero para darle su voto favorable a un proyecto que cumpla con los propósitos generales, tiene que contemplar un “aumento de la eficacia”, de manera especial en lo que se relaciona con la actividad y autoridad del Consejo de Seguridad.

“Estados Unidos está a favor de una reforma del Consejo de Seguridad, con la condición que aumente su eficacia y seguimos abiertos a todas las propuestas y las evaluaremos”, ha sido la consigna del gobierno presidido por George Bush, y transmitidas desde abril pasado por la Consejera Especial estadounidense para la reforma del organismo, Shirin Tahir-Khleli.

La ONU tiene, sin embargo, otro problema para añadir al de la propia reforma. Es el relacionado con Kofi Annan, cuya gestión ha quedado bastante herida tras conocerse varios casos de corrupción, especialmente en el desarrollo del Programa Petróleos por Alimentos, que se desarrolló en Irak, y en donde su hijo Kojo le comprometió a través de un poderoso tráfico de influencias. 

Aunque el secretario general ha sido parcialmente absuelto, nuevos indicios corruptos, salidos a la luz pública en junio pasado, hace que el funcionario ghanés no cuente ahora con el apoyo de muchos países miembros, y que de nuevo su conducta y sus actuaciones estén siendo investigadas.

De todas formas, durante la Cumbre Mundial que se celebrará en Nueva York los próximos 14 a 16 de septiembre, se sabrá si los países miembros de la ONU han llegado a los necesarios acuerdos para sacar adelante la reforma que el organismo requiere. Si se desaprovecha esta oportunidad para llevar a cabo un “trabajo necesario”, entonces no podrá afirmarse con rotundidad que ya “está a la altura de sus ideales”.

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