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COLOMBIA: IGLESIA CRITICA A LA
DIRIGENCIA POLITICA
La Iglesia Católica colombiana lanzó el 4 de julio de 2005 a través
del Cardenal Pedro Rubiano, ex presidente de la Conferencia Episcopal
(CEC), una amplia crítica a la dirigencia política del país, a la que
acusó de estar “reviviendo viejos odios sectarios”, al tiempo quea
través de otros prelados otorgó su apoyo a la Ley de Justicia y Paz,
recientemente aprobada por el Congreso y que ha sido ampliamente
cuestionada tanto en el país como internacionalmente.
El mismo día en que el alto prelado fue sustituido en la presidencia de
la CEC por monseñor Augusto Castro, arzobispo de Tunja, durante la 79
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, al no presentarse a la
reelección, sus acusaciones hacia la clase política nacional,
visiblemente debilitada ante la opinión pública, fueron ampliamente
respaldadas por ésta, que a través de varios representantes de
instituciones y gremios exteriorizaron su apoyo al Cardenal y prelado de
Bogotá.
Rubiano se mostró en desacuerdo con los dirigentes políticos “por
volver a los viejos vicios”, que tantos males han originado al país,
y les advirtió que “no pueden caer en la tentación de anteponer sus
intereses personales y de partido sobre los del bien común y de la nación,
porque por este camino se reviven los odios y la división”.
Al instalar la reunión de la máxima jerarquía de la Iglesia en un país
en donde el 98 por ciento de sus habitantes profesa la fe católica,
apostólica y romana, el Cardenal que intervino recientemente en la
elección del Papa Benedicto XVI, criticó el “discurso sectario”
que el gobierno, los parlamentarios y los partidos políticos pronuncian
a través de sus principales dirigentes y por ello les pidió “una
mayor mesura en sus palabras, menos intereses creados en sus
aspiraciones y más sintonía con el pueblo”.
Colombia ha vivido una de sus peores experiencias cuando la clase política
encabezada por los Partidos Liberal y Conservador, los más importantes
del país, se enzarzaron en una lucha sectaria que originó, por una
parte, el famoso “bogotazo” del 9 de abril de 1948 cuando fue
asesinado el populista dirigente liberal Jorge Eliécer Gaitán Ayala y,
por otra, dieron un absurdo apoyo a movimientos que con el transcurrir
de los años, se convirtieron en los grupos que actualmente siembran el
terror en el país.
Un movimiento nacido en 1949 en la región de los Llanos Orientales,
comandado por Guadalupe Salcedo, al que el partido Liberal, en la
oposición, respaldó, originó también la creación de otro grupo
dirigido por Efraín González, que contó con el apoyo del partido
Conservador, y los cuales iniciaron una guerra civil no declarada, que
hasta finales de la década de los años 60 dejó un saldo de no menos
de 500.000 colombianos muertos.
Aunque las críticas de Rubiano hacia la clase política no se
concretaron mucho más, en círculos eclesiales se consideró que las
lanzó tras los acontecimientos ocurridos durante la discusión por el
Congreso de la Ley de Justicia y Paz, aprobada el pasado 22 de junio, y
con la cual el gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez,
pretende alcanzar la pacificación de su país a través de
negociaciones y desmovilizaciones de los tres grupos terroristas que actúan
en el país, especialmente de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),
de extrema derecha y paramilitar.
La organización terrorista más poderosa y que cuenta con el mayor número
de miembros, autodenominada Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc), de origen marxista-leninista, viene a ser la continuación de la
creada en 1949 por Guadalupe Salcedo y a la que se unieron dirigentes
del Partido Comunista como Juan de la Cruz Varela y posteriormente
sanguinarios asesinos, entre ellos, Pedro Antonio Marín (alias
“Manuel Marulanda Vélez” o “Tirofijo”), Luis Edgard Devia Silva
(alias “Raúl Reyes”) y otros de su misma mala condición y calaña.
El Ejército de Liberación Nacional (Eln), también marxista-leninista,
creado en la década de los años 60 por los hermanos Fabio y Manuel Vásquez
Castaño, contó con el concurso de sacerdotes extremistas españoles,
entre ellos Domingo Laín y Manuel Pérez, el más temible asesino y
sanguinario, quien ordenó matar a quienes eran sus jefes para
convertirse en el número 1 de este grupo, hasta que un cáncer regado
por todo su cuerpo le originó la muerte en 1994.
La Iglesia colombiana no tiene una opinión unánime en relación con la
ley de Justicia y Paz aprobada por un Congreso que de acuerdo con la
afirmación del actual jefe de las Auc, Vicente Castaño, tiene entre
sus miembros a más del 35 por ciento “amigos” de la banda
narcoterrorista, aunque el nuevo presidente de la CEC, monseñor Luis
Castro, declaró que aquella Ley “es la expresión más grande de la
democracia. A pesar de todos los fallos que pueda tener y a pesar de la
laxitud que se pueda encontrar, es un derrotero”.
También el obispo de Montería, capital del departamento (provincia) de
Córdoba, monseñor Julio César Vidal, que ha participado en las
negociaciones entre el gobierno y la banda narcoterrorista, manifestó
que “como no estamos en Suiza, en 40 años de conflicto necesitamos un
tratamiento especial”, y criticó el poco apoyo nacional e
internacional recibido durante el proceso, “lo que lo ha debilitado y
se ha convertido en factor decisivo para que no se haya cumplido a
cabalidad el cese de hostilidades”.
El nuevo presidente de la CEC, que ha sido un acérrimo defensor de las
negociaciones con las Farc, en las que evidentemente este grupo
terrorista no tienen ningún interés, criticó la “falta de interés
del gobierno” de Uribe Vélez por llevar a cabo un “intercambio
humanitario”, que beneficiaría directamente al grupo asesino, el cual
propone liberar a las 63 personas que tiene secuestradas por todos los
terroristas que se encuentran en las cárceles e, incluso, por los que
han sido extraditados, como Ricardo Palmera Pineda (alias “Simón
Trinidad”) y Omaira Rojas cabrera (“Comandante Sonia”).
Sin embargo, Castro está convencido que la intervención de la Iglesia
no ha tenido ninguna aceptación porque, según declaró en la Asamblea,
“nuestro acercamiento es como luchar contracorriente, debido a que
hace falta voluntad del gobierno y de las Farc”.
El sanguinario grupo que dirige “Tirofijo”, que ha matado a no menos
de 50.000 personas, entre ellos a varios miembros de la Iglesia, incluso
pertenecientes a su alta jerarquía, y a numerosos extranjeros, exige
también que el gobierno le otorgue una “zona de seguridad” en los
municipios de Florida y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca,
tal como hizo el anterior presidente Andrés Pastrana Arango en la zona
del Caguán, para “lograr el intercambio humanitario”.
Aunque Castro dijo que “estamos a la espera de una respuesta del
presidente Uribe a esa solicitud”, el mandatario colombiano ha
reiterado públicamente que su gobierno no va “hacer ninguna entrega
de la soberanía territorial, como ocurrió en años pasados”.
Si a finales de la década de los años 40 y a principios de la de los
50 del siglo pasado el fuerte lenguaje utilizado por los dirigentes políticos
y su amplio sectarismo originó el comienzo del gran conflicto armado
que hoy todos lamentan en ese país, ahora en los comienzos del siglo
XXI la dureza de las palabras, la división política, la corrupción y
la impopularidad del Congreso, son factores que se han unido para volver
a desatar “un clima peligroso” en el panorama político de la nación.
Además, las fuertes presiones realizadas por el gobierno y,
especialmente, por Uribe Vélez, para que se aprobasen las impopulares
Leyes de Justicia y Paz y de reforma de la Constitución Nacional que
permite la inmediata reelección presidencial, hecha a la exacta medida
del actual mandatario, incluso, con la compra de votos de los corruptos
parlamentarios, han originado que de nuevo se desaten las pasiones, se
apele al más rancio sectarismo, a los insultos y a las
descalificaciones personales.
La enmienda a la Carta Magna que permitirá reelegir a Uribe Vélez para
un segundo mandato consecutivo que comenzaría el 7 de agosto de 2006,
originó enfrentamientos con los ex presidentes César Gaviria y Alfonso
López, de su propio partido político –el Liberal- del cual quiere
ahora separarse para fundar el “Uribismo”, un apéndice del
“egouribismo” que predomina en el actual Jefe de Estado, que ha
recurrido a designar en el servicio exterior a familiares de los
congresistas para obtener sus votos, por lo que al menos, por
conciencia, la reforma constitucional ha nacido viciada.
Uribe Vélez llegará el domingo a Madrid para una visita de Estado de
tres días, durante la cual se entrevistará con los Reyes de España,
el presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero –
a quien gusta que lo llamen por su apellido materno- y autoridades políticas
y parlamentarias, además de dirigentes económicos, y entre otras
cosas, defenderá ante ellos las dos controvertidas leyes que han
originado las tensiones en su país y las que fueron criticadas por el
cardenal Rubiano.
Lo peor que puede sucederle a Colombia es regresar a esa situación que
desembocó en la larga etapa sangrienta que continúa soportando
actualmente. Ahora, como a finales de los años 40, son nuevamente los
dirigentes políticos quienes están comprometidos con su lenguaje
sectario en revivir la llama de la polémica y del insulto, en la
destrucción de todo lo que construyó de entendimiento el Frente
Nacional durante 20 años y en acabar con los deseos mayoritarios de los
colombianos de vivir en un país bajo el imperio de la paz y la armonía
política. Otra vez la clase política está siendo inferior a su
responsabilidad.
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