|
BOLIVIA: CONVOCADAS ELECCIONES
GENERALES PARA DICIEMBRE
La búsqueda de una normalización de la irregular vida política y la
crisis de todo orden que vive Bolivia desde hace varios años y que en
los dos últimos se ha intensificado, obligó al Congreso de la República
a modificar la Constitución para poder convocar elecciones generales el
próximo dos de diciembre, mediante decisión que tomó esa corporación
legislativa el 4 de julio de 2005, por una amplia mayoría de votos.
También el órgano legislativo del país andino aprobó la convocatoria
para elegir una Asamblea Constituyente y la realización de un referéndum
que decidirá acerca de la autonomía regional solicitada ya por varias
provincias, encabezada por la de Santa Cruz de la Sierra, en el oriente
boliviano, en donde se desarrollaron diversos “movimientos de presión”
a partir del pasado 9 de enero contra el gobierno entonces presidido por
Carlos Mesa.
La decisión del Congreso, aprobada por los dos tercios de los votos de
107 miembros presentes –de los 157 que lo integran- dio la autorización
al presidente interino, Eduardo Rodríguez Veltzé, de convocar los
comicios generales para el próximo 2 de diciembre, y elegir en ellos al
presidente, vicepresidente, senadores y diputados para un período de
cinco años, comprendidos entre 2006-2011.
La elección de la Asamblea Constituyente y el Referéndum sobre las
autonomías deberá celebrarse el 4 de julio de 2006, pero el calendario
electoral, además, estará este año sumamente cargado, porque Rodríguez
Veltzé deberá también convocar las elecciones de Prefectos
(gobernadores de provincia), posiblemente para el próximo 12 de agosto.
La decisión del Congreso contó con la oposición de la derechista
Nueva Fuerza Republicana (NFR), pero tuvo el muy sospechoso apoyo del
Movimiento al Socialismo (MAS), grupo político liderado por el capo
narcotraficante Evo Morales, uno de los principales causantes de la
crisis boliviana debido a sus posturas radicales y a la organización de
actos subversivos contra los ex presidentes Gonzalo Sánchez de Lozada
–que renunció el 17 de octubre de 2003- y Carlos Mesa, que fue
sustituido el 9 de junio por el entonces presidente de la Corte Suprema
de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, quien actualmente ejerce el
cargo.
La NFR pidió, para apoyar la reforma constitucional, que primero fuese
convocada la Asamblea Constituyente al considerar que “es el único
modo de resolver los problemas de fondo”, que originaron la salida, en
menos de dos años, de dos Jefes de Estado y que el primer cargo de la
nación se encuentre desempeñado interinamente.
Para llegar a este acuerdo modificatorio de la Constitución, hubo
necesidad de realizar negociaciones durante 30 días entre los partidos
políticos y los sectores sociales y sindicales de La Paz y las
provincias, para que los órganos ejecutivo y legislativo se renueven
dos años antes de lo previsto.
Durante el primer semestre de este año, Morales y otros dirigentes
radicales y extremistas como el secretario ejecutivo de la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe
Quispe (alias “Mallku”), uno de los más sanguinarios e igual de
corrupto al capo narcotraficante; el presidente de la Central Obrera
Boliviana (COB), Jaime Solares, y los directivos de las juntas vecinales
de la región de El Alto, Abel Mamami y Julián Loayza, organizaron
manifestaciones que dejaron un saldo de tres muertos y diversos heridos
para presionar el retiro de Mesa, del que fueron aliados anteriormente.
Todos estos dirigentes anarquistas no desean que Bolivia pueda vivir en
paz y luchar por su prosperidad, pues desde hace dos años se dedican a
organizar actos subversivos con el único propósito de desestabilizar
el país y de procurar que haya muertos para así capitalizar sus
acciones delictivas, culpando de las víctimas mortales al gobierno y a
las Fuerzas Armadas y de Policía.
El gobierno boliviano pudo comprobar que los dictadores de Cuba, Fidel
Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, están financiando las acciones
subversivas organizadas por Evo Morales y que pretenden enviar de manera
subrepticia a varios anarquistas de sus respectivos países para que
trabajen bajo las órdenes del “capo” mafioso y así asegurar el éxito
de sus acciones delictivas para que se haga realidad la desestabilización
del país.
También el ex presidente Sánchez de Lozada, declaró recientemente que
tiene conocimiento pleno de la participación de Castro y Chávez en la
crisis de Bolivia y que el anarquista y capo mafioso Evo Morales se ha
reunido con ambos para recibir las ayudas económicas e instrucciones
precisas de la manera como debía orientar los movimientos subversivos,
siempre buscando que los manifestantes se enfrentasen a las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, porque ello debilitaría al gobierno
ante la opinión pública.
El presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, uno de los políticos
con menor carisma en Bolivia y a quien se le ha pedido de manera
continua la presentación de su dimisión, se vio obligado, precisamente
porque no cuenta con apoyos populares, a renunciar a ser el sustituto de
Mesa -17 de octubre 2003-9de junio 2005-, a pesar que el artículo 93 de
la Carta Magna determina que debe ser quien reemplace al mandatario en
caso de muerte o renuncia.
Asimismo, dirigentes políticos, económicos y sindicales de la rica
provincia de Santa Cruz de la Sierra, agrupados en un Comité Cívico (CCSC)
comandado por el radical Rubén Costas, iniciaron en enero pasado
manifestaciones y diversos actos de presión con el único objetivo de
lograr la desmembración de esa región de Bolivia, a lo que un por
entonces débil e incapaz presidente Mesa, increíblemente accedió.
Ante esa aceptación del gobierno, otras provincias de la región
oriental boliviana resolvieron también pedir su independencia y unirse
a la solicitud de Santa Cruz, tales como Tarija, Pando y Beni, alegando
razones similares y señalando que son, en conjunto, las más ricas y prósperas
del país y que merecen contar con total independencia respecto al poder
central.
La petición para tener un régimen autonómico en Santa Cruz de la
Sierra contó desde un principio con los apoyos de los presidentes del
Senado, Hormando Vaca Díez, y de la Cámara de Diputados, Mario Cossío,
e incluso, determinó que Mesa firmase el pasado 27 de enero el decreto
de convocatoria de una Asamblea Constituyente, encargada de autorizar,
finalmente, el desmembramiento de Santa Cruz de la Sierra, que
posteriormente tuvo que revocar.
Bolivia es el segundo país más pobre de América Latina y el Caribe,
superado únicamente por Haití, a pesar de tener las mayores reservas
de gas de la región y otras riquezas representadas en platino, oro y
plata, entre otros metales. Ha sido, sin embargo, muy desafortunado por
contar con una pésima clase política y por el enorme y negativo poder
para la democracia que tuvieron en los años 70 al 90 las Fuerzas
Armadas, que gobernaron mucho tiempo tras diversos golpes de Estado.
Rodríguez Veltzé, quien insistentemente había pedido al Congreso
aprobar la reforma constitucional para poder adelantar las elecciones
pues es consciente que su gobierno es de transición, se mostró
satisfecho por la decisión del Congreso y anunció que se dispone a
realizar las respectivas convocatorias con la mayor rapidez posible.
Mientras, Vaca Díez calificó la decisión legislativa de “histórica”,
porque a su juicio, se podrán “encontrar las mejores soluciones a los
actuales problemas que agobian a Bolivia” y dijo que de esta manera el
Congreso “pudo destrabar el conflicto político y social que enfrentó
la nación”. El desprestigio político que tiene como dirigente puede
pasarle factura en las futuras elecciones, según dijeron miembros de la
oposición boliviana.
El país ha tenido en menos de cinco años tres presidentes, lo que
demuestra claramente que la situación política ha estado casi
permanentemente en crisis. Por ello es muy importante que se empiecen a
organizar los próximos comicios y que la autoridad electoral determine
normas precisas que impidan que anarquistas y violentos puedan figurar
en las listas de los partidos políticos. Estos no pueden seguir
pisoteando el Estado de Derecho porque son enemigos de la democracia.
Estas elecciones deben servir para hacer la “higiene política” que
Bolivia necesita con urgencia.
|