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EEUU: UNA JUSTICIA AL MAS PURO
ESTILO DICTATORIAL
La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos (CSJ) y el Tribunal
Federal de Apelaciones para el Distrito de Columbia en Washington
imitando el más puro estilo de las peores dictaduras del mundo, se están
ensañando con los periodistas norteamericanos e impidiendo que ellos
puedan garantizar y mantener la confidencialidad de sus fuentes
informativas, con lo que i están atacando directamente a la mismísima
libertad de prensa.
El 27 de junio de 2005, los magistrados de la CSJ, en una polémica
decisión, rechazaron considerar el caso relacionado con una investigación
que afecta desde hace dos años al propio gobierno estadounidense, con
lo cual dos periodistas –Judith Miller del “The New York Times” y
Matthew Cooper del “Time Magazine”-, corren el riesgo de ser
recluidos en la cárcel por mantener en el más alto concepto su
profesionalidad, que les obliga a guardar el secreto de la identidad de
su fuente informativa.
A otros cuatro periodistas –Pierre Thomas, actualmente en la cadena
“ABC” y antes, cuando ocurrieron los hechos, en la “CNN”, Josef
Hebert, de la Agencia The Associated Press, Robert Drogin, de “Los
Angeles Times” y James Risen, de “The New York Times”, el Tribunal
Federal de Apelaciones del Distrito de Columbia, les mantuvo el 28 de
junio la sentencia “por desacato” al negarse a divulgar la fuente o
fuentes que les suministraron una información relacionada con la
posible implicación del científico nuclear Wen Ho Lee en un caso de
espionaje.
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), a través de su presidente
del Comité de Libertad de Prensa e Información, Gonzalo Marroquín,
acusó a la CSJ de aplicar, con su fallo contra Miller y Cooper, “una
seria restricción a la actividad periodística “ por no respetar la
reserva de las fuentes informativas”.
Miller y Cooper habían presentado un recurso ante la CSJ tras la decisión
de un tribunal federal de Apelaciones que en abril pasado confirmó que
ambos periodistas podrían ser condenados hasta un total de 18 meses
“si continuaban negándose a identificar sus fuentes” a un jurado
investigador, cuando las mismas leyes estadounidenses defienden el
secreto profesional.
Hasta ahora no se sabe públicamente, y los periodistas Miller y Cooper
están dispuestos a ir a la cárcel antes que violar la confidencialidad
de sus fuentes, si fue un funcionario de la Casa Blanca –sede de la
presidencia estadounidense- quien les “filtró” la pertenencia al
Servicio Central de Información (CIA) de Valerie Plame, esposa del ex
embajador Joseph Wilson. Según la CSJ, dar a conocer la identidad de un
funcionario de ese organismo constituye un delito, que debe ser
castigado por la ley.
El ex embajador Wilson, que fue destituido de su cargo, afirmó cuando
ocurrieron los hechos, que la filtración “tuvo por objeto castigarlo
por haber puesto públicamente en duda en julio de 2003” en el diario
“The New York Times” las “afirmaciones del presidente
estadounidense, George Bush, sobre que el derrocado dictador de Irak
Sadam Hussein había tratado de obtener uranio en Níger”. El uranio
se utiliza para la fabricación de armas nucleares.
La decisión del Tribunal de Columbia que Cooper y Miller apelaron ante
la CSJ, había señalado que “no existía privilegio proveniente de la
primera enmienda (constitucional que garantiza la libertad de prensa)
que proteja los elementos implicados en la investigación”, lo que en
buen romance significaba que los dos periodistas tendrían que ir a
parar con sus huesos en la cárcel, salvo que violaran sus propias
normas y su conciencia e identificaran su fuente informativa.
En el ya lejano 1972, la Corte Suprema de Justicia decidió que la
protección a la prensa que la misma Carta Magna garantizaba no podía
aplicarse a “los periodistas cuyo testimonio podría ser esencial en
casos criminales”, y esa fue la razón esgrimida por el tribunal de
Apelaciones para su decisión.
Mientras Cooper afirmó que ni él ni Judith Miller “reclamamos un
privilegio extraordinario sino solamente el equivalente a la cláusula
de confidencialidad acordada a los siquiatras y a los clérigos porque
sin eso no se puede trabajar”, la CSJ no les otorgó el
correspondiente apoyo jurídico, los dejó desamparados y a merced de
violar un código deontológico que se aplica desde los primeros tiempos
en el periodismo y que garantiza, por tanto, que se pueda hacer pública
una información o una investigación periodística sin necesidad de
decir, “fulano de tal” informó, mientras esté sustentada en la
verdad.
Si Cooper reclamó un derecho que debe prevalecer sobre todas las leyes
para que la principal función del periodista de “informar
verazmente” pueda cumplirse a “rajatabla”, Miller mostró su
“total decepción” por la decisión del más alto Tribunal de
Justicia en Estados Unidos, afirmando que “esa protección es crucial
para la libertad de prensa en una democracia”.
Ambos periodistas reiteraron que “seguiremos manteniendo la
confidencialidad de nuestras fuentes”, lo que les valió un nuevo y
mayoritario apoyo de la opinión pública estadounidense que está
convencida que magistrados y jueces se han unido no para defender la ley
sino para causar maltratos y perjuicios a los periodistas, y que les
quiere aplicar, sin conocerse exactamente las verdaderas razones, un
duro golpe por la restricción de su libertad informativa, que es
extensivo a toda la prensa –escrita, radial y televisiva- del país.
La propia SIP dijo por intermedio de Marroquín que “nos preocupa que
la decisión del alto Tribunal deja sin protección a la prensa y afecta
el flujo informativo al dificultar a los periodistas, mediante el
sistema legal, el poder garantizar confidencialidad a sus fuentes,
limitando así el acceso del público a información de interés
general”.
En el otro caso, relacionado con el presunto espionaje de Lee, su
abogado defensor está pidiendo que los cuatro periodistas den a conocer
“sus fuentes” para ayudar al científico nuclear en su demanda
contra funcionarios del gobierno, sin especificar sus nombres, de
momento, después de haber sido exonerado de la posible sustracción de
secretos nucleares a favor de China.
El “desacato” cometido por Risen, Hebert, Thomas y Drogin, determina
también, de acuerdo con el fallo del Tribunal federal de Apelaciones,
el pago de una multa para cada uno de ellos de 500 dólares diarios,
aunque la sanción fue suspendida mientras se define la apelación que
los cuatro periodistas presentaron.
Lee, a través de su abogado, señaló en su demanda que “funcionarios
del gobierno pasaron a la prensa informaciones acerca de él, y violaron
con ello la ley de la Privacidad”. Los tres jueces de ese Tribunal
consideraron que los periodistas deben divulgar la identidad de sus
fuentes informativas porque ello “representa el centro” del
denominado “caso Lee”.
A jueces y magistrados norteamericanos, empecinados en perseguir a los
periodistas a través de la cárcel o de multas, se les ha olvidado que
el más claro y espectacular ejemplo en que la absoluta libertad de
prensa sirvió para desenmascarar a los culpables fue el escándalo
“Watergate” que, incluso, acabó con la presidencia del entonces
todopoderoso presidente republicano Richard Nixon, porque el 9 de agosto
de 1974 se vio obligado a dimitir de su cargo ante las evidencias de su
delito.
Los laureados periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein al servicio del
diario “The Washington Post” con el apoyo decidido y permanente de
la propietaria y del director del periódico Ben Bradlee, publicaron una
amplia investigación periodística sobre el espionaje ordenado por
Nixon y varios de sus colaboradores a la sede del Partido Demócrata que
permitieron al presidente alcanzar su reelección en 1972 al conocer la
estrategia política de sus rivales.
El pasado 31 de mayo, se conoció que el autor de las informaciones que
permitieron descubrir el caso “Watergate” fue Mark Felt, a quien
esos dos periodistas denominaron “Garganta Profunda”, y por entonces
segundo de la Oficina Federal de Investigación (FBI). Ambos periodistas
guardaron durante 33 años el secreto de su fuente informativa y fue el
propio autor de las confidencialidades, el encargado de dar a conocer su
participación, porque Woodward y Bernstein respetaron religiosamente su
compromiso.
Los jueces y magistrados de esa época, a pesar de las presiones que
Nixon y sus funcionarios realizaron para descubrir al autor de las
informaciones, defendieron la libertad de prensa y en ningún caso, como
sucede ahora, se dedicaron a perseguir a los autores de la información
que quedó encuadrada como la más importante del siglo XX.
Es una verdadera lástima e incluso, constituye una afrenta para el
periodismo libre del mundo, que los magistrados y jueces de la Corte
Suprema de Justicia y del Tribunal Federal de Apelaciones para el
Distrito de Columbia tengan una mentalidad tan reducida y vean en la
prensa y en los periodistas un peligro cuando son adalides de un mundo
libre.
Sin libertad de prensa y de opinión, el mundo siempre estará oprimido.
Y Estados Unidos que se precia de defender a toda costa la libertad y
los derechos humanos, está dando con estos miembros del poder judicial
una imagen totalmente opuesta, un pésimo ejemplo y les está diciendo a
los dictadores que tienen razón cuando persiguen, acosan y buscan
derribar a los medios de comunicación.
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