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COLOMBIA: LEY DE “INJUSTICIA Y
ANTIPAZ” FAVORECE IMPUNIDAD TERRORISTAS
El Congreso colombiano, atendiendo con increíble fidelidad al gobierno
del presidente, Álvaro Uribe Vélez, creó un auténtico océano de
impunidad para favorecer a los terroristas a través de la Ley de
Justicia y Paz, que aprobó el 22 de junio, y que será la tabla de
salvación para la banda criminal y narcotraficante de las Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc).
Contra la opinión sensata de la propia comunidad internacional
encabezada por Estados Unidos y la Unión Europea, de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) y de la Corte Penal Internacional (CPI),
además de numerosas Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y de
Defensa de los Derechos Humanos, el Parlamento del país de América
Latina más castigado por la violencia narcoterrorista, dio vía libre
para que quienes han infringido la ley y cometidos delitos de lesa
humanidad no tengan el merecido castigo ni paguen adecuadamente por sus
crímenes.
Por eso, el Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, uno de los
promotores, junto con el presidente Uribe Vélez, para que se aprobase
una “ley inocua” y que sólo buscaba favorecer a sus “amigos”,
se declaró “muy orgulloso” en el mismo instante en que un Congreso
corrupto le dio su aprobación a la ley.
Los jefes y demás miembros de las Auc ahora, y en el futuro los de las
otras bandas narcoterroristas que entreguen sus armas, a pesar de haber
cometido crímenes de lesa humanidad, traficar con drogas y utilizar el
secuestro, de acuerdo con la nueva ley de “Injusticia y Antipaz”, únicamente
deberán cumplir, como máximo, ocho años de prisión en lugares de
reclusión alternativos a las cárceles. Es decir, vergonzosamente el
gobierno y el congreso colombiano han establecido la impunidad como
principal arma para combatir al narcoterrorismo y tampoco no purgarán
sus penas en las prisiones construidas para los criminales.
Además, esa aprobación servirá para que el gobierno colombiano
explote la “vía turística” en detrimento del erario público,
porque Restrepo, quien calificó la absurda ley como “un instrumento
para lograr la paz”, anunció que muy pronto emprenderá giras por
varios países, acompañados por los ministros de Interior, Sabas
Pretelt, y de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, y de una comisión
del Congreso, “para explicar a la comunidad internacional el alcance y
los objetivos de la ley”. Es decir lo inexplicable, ¿porque para que
están las embajadas y demás organismos diplomáticos?
El influyente diario “The New York Time”, en un amplio editorial
publicado el 23 de junio, afirmó que la “Ley de Justicia y Paz otorga
generosas concesiones” a los miembros de las Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc), grupo paramilitar de extrema derecha, creado a finales
de la década de los años 80 del siglo pasado por empresarios,
hacendados e, incluso, miembros de las Fuerzas Armadas, para combatir a
las bandas narcoterroristas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) y Ejército de Liberación Nacional (Eln), pero que
degeneró en las mismas prácticas criminales que éstas dos.
Para el diario estadounidense, con la ley aprobada, los comandantes
paramilitares “a cambio del desarme, podrán escapar de penas severas
o de ser extraditados a Estados Unidos”, al tiempo que publica una
declaración del senador Jimmy Chamorro, en la que sostiene que “Esta
Ley no brinda ni justicia ni paz. Debería llamarse como realmente lo
es: ley de impunidad e inmunidad”.
“Queremos ver a los grupos armados desmovilizados, pero esta ley
recompensa a algunos de los peores terroristas de Colombia y a
traficantes de drogas sin asegurarse que sus organizaciones criminales
serán desmontadas”, afirmó el líder demócrata del Congreso,
Patrick J. Leahy, citado por el mismo diario.
La aprobación de la ley tiene previos antecedentes respecto a las
relaciones del actual gobierno y de los congresistas con la banda
terrorista paramilitar, ya que Uribe Vélez, cuando era gobernador del
departamento (provincia) de Antioquia tuvo magníficas relaciones con
quienes en la década de los años 90 eran los principales jefes de la
siniestra organización, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, y
recientemente uno de los nuevos jefes, Vicente Castaño, quien al
parecer ordenó la muerte de su propio hermano Carlos, anunció que en
el Congreso, al menos el 35 por ciento de sus miembros tienen relación
directa con las Auc.
Vicente Castaño, en declaraciones realizadas el pasado 6 de junio a la
revista “Semana”, destacó: “creo que podemos afirmar que tenemos
más del 35 por ciento de amigos en el Congreso. Y para las próximas
elecciones (de 2006) vamos a aumentar ese porcentaje de amigos”. El
Parlamento no hizo ninguna declaración institucional desmintiendo al
jefe terrorista, lo que significa que la afirmación de Castaño es
absolutamente cierta.
La Conferencia de Donantes, presidida por la Unión Europea (UE) e
integrada por 24 países, durante su reunión de Cartagena de Indias,
finalizada el 5 de febrero de 2005, pidió a Uribe Vélez la aprobación
de una ley de Verdad, Justicia y Reparación que evitara la impunidad
para quienes entregasen las armas y se desmovilizaran, porque debían
ser castigados por los crímenes cometidos, a lo que se comprometió el
gobierno. La nueva ley, sin embargo, nada tiene que ver con ese
compromiso, por lo que la ayuda económica que dicha Conferencia otorga
a Colombia para el proceso de paz puede ser, posiblemente, suspendida.
El pasado 30 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI) expresó al
gobierno colombiano su preocupación por la elevada cifra de asesinatos,
secuestros y desplazamientos de personas, y pidió a Uribe un informe
acerca de sus investigaciones para castigar a los autores de crímenes
de lesa humanidad, al tiempo que mostró preocupación porque la ley de
Justicia y Paz que se discutía por entonces en el Congreso llevaba
visos de parcialidad para favorecer la impunidad de los terroristas.
La ONU, por su parte, el 14 de mayo pasado, a través de su Comisionada
de Derechos Humanos, Louise Arbour, declaró públicamente que el
proyecto presentado por el gobierno y que el parlamento estudiaba “no
ofrece los incentivos suficientes para que los responsables de crímenes
de lesa humanidad revelen toda la verdad y reciban el merecido
castigo”.
Las Auc, el 15 de junio durante la desmovilización de 465 terroristas
del bloque “Héroes de Tolova”, que dirigía Fernando Murillo
Bejarano (alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”), quien se encuentra
detenido, desmintieron a Castaño a través de otro de sus jefes, Iván
Roberto Duque (alias “Ernesto Báez”), sobre su participación en
política.
“Juramos que no habrá participación armada en el proceso electoral,
pues vamos a respetar la democracia y cualesquiera sean los resultados
de los debates en el Congreso sobre la ley de Justicia y Paz, los
acataremos pues estamos por encima de eso. No queremos intimidar a nadie
y que los congresistas de Colombia sepan que esta organización no
ejercerá presión armada ni participará en las elecciones del año
entrante”, afirmó “Ernesto Báez”. No hay nadie que sensatamente
pueda creerle.
Tanto “Don Berna” como Salvatore Mancuso están solicitados en
extradición por Estados Unidos, al igual que la mayoría de los
miembros de la cúpula de esa banda armada, acusados de narcoterrorismo,
pero precisamente por los lazos que los han unido en el pasado, el
presidente Uribe no ha querido autorizar su entrega a la justicia de
aquel país. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) autorizó desde el
pasado diciembre la entrega de Mancuso, pero el mandatario ha violado la
orden y está favoreciendo a su “gran amigo”.
De acuerdo con Gustavo Muñoz, presidente de la ONG “Fundación Nueva
Esperanza”, las Auc tienen actualmente en su poder a 509 personas que
han secuestrado. De esta forma desmintió, el 16 de junio, al Alto
Comisionado de la Paz, puesto que Restrepo aseguró que únicamente eran
ocho las que habían sido plagiadas y estaban en poder de la organización
terrorista.
Mientras en Argentina, el 14 de junio pasado, la Corte Suprema de
Justicia declaró inconstitucional la ley de “Perdón y Olvido” que
estaba aprobada desde hacía 19 años y ordenó que se reabrieran las
causas contra los violadores de los derechos humanos y en Chile ocurre
lo mismo para castigar a los responsables de los crímenes cometidos
bajo el gobierno dictatorial de Augusto Pinochet, en Colombia el
gobierno y el congreso se sienten orgullosos de haber aprobado la “ley
de la impunidad”.
Esta ley es malísima y tiene una mayor gravedad por cuanto fue aprobada
por la “bancada” Uribista del Congreso, sin haber sido consensuada.
Es decir que el gobierno “la impuso a la fuerza” y obligó, so pena
de expulsión, a que ese 35 por ciento que Castaño denunció pertenece
a las Auc, le diese su aprobación. Esos 97 parlamentarios que hacen
parte del “brazo político” de la banda terrorista pasarán a la
historia, acompañados por Uribe y su gobierno “paramilitarista”,
como los cómplices del mayor escarnio y la peor bofetada que se les ha
dado a las víctimas de esas ratas inmundas.
En Colombia, un país que en un no muy lejano pasado se rindió
permanente tributo de respeto a la ley y al derecho, su actual gobierno
no puede pedir ya ninguna clase de ayuda a la comunidad internacional
para que apoye económica y moralmente lo que denominaba “lucha contra
el terrorismo” porque sin tener el más mínimo atisbo de vergüenza
presentó y presionó a su bancada paramilitar para que aprobase la ley
de “injusticia y antipaz”. Uribe y sus secuaces pueden estar felices
de haber ampliado el listón de la corrupción y la impunidad, pero en
el mundo el sentimiento es totalmente contrario.
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