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ARGENTINA: NI PERDON NI OLVIDO
PORQUE SON INCONSTITUCIONALES
Las leyes de perdón y olvido, aprobadas entre 1986 y 1987 en Argentina
son inconstitucionales y, por consiguiente, los militares que
participaron en actos de desaparición, torturas y otros crímenes de
lesa humanidad son responsables y deben ser juzgados por los delitos
cometidos durante la dictadura que vivió ese país entre 1976 y 1983.
Así lo decidió el 14 de junio de 2005 por siete votos a favor, uno en
contra y una abstención, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país
austral, que derogó las leyes de “perdón y olvido” o “Punto
Final y Obediencia Debida”, que absolvieron a los autores de crímenes
durante los gobiernos militares que violaron flagrantemente los derechos
humanos y que impidieron el procesamiento de quienes participaron en
esos delitos.
Al ser anuladas dichas leyes, la justicia podrá adelantar sin problemas
los numerosos procesos judiciales que se encontraban en estado de
“congelación” por la violación de los derechos humanos y los
delitos de lesa humanidad cometidos durante el régimen militar y que
habían originado una humillante impunidad, porque sus autores gozaban
de la más completa libertad en detrimento de quienes habían sido víctimas
de sus villanías.
Las leyes aprobadas para favorecer a quienes cometieron esos delitos y
gozaron de impunidad son, según la CSJ, “contrarias a normas
internacionales que hoy tienen jerarquía constitucional y siguiendo los
mismos lineamientos fijados por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos (CIDH)”.
Entre los años de 1986 y 1987 durante el gobierno presidio por el
dirigente del Partido Radical, Raúl Alfonsín, fueron aprobadas
aquellas leyes, ante las presiones militares que originaron varias
rebeliones de suboficiales de las Fuerzas Armadas, que se oponían a ser
citados por la justicia.
La decisión de la CSJ tiene una especial trascendencia porque al
derogar las leyes de “perdón y olvido”, al menos 150 militares que
aún se encuentran en servicio activo podrán ser llamados por los
tribunales para responder por sus delitos, además de los altos mandos
militares que desde el poder organizaron uno de los planes más
tenebrosos que recuerda la reciente historia y que sólo puede ser
comparado con las prácticas “nazistas” que organizó el
“carnicero” alemán Adolfo Hitler contra los judíos.
Tras más de tres años de análisis sobre la desaparición de un
matrimonio integrado por un chileno y una argentina, en hechos ocurridos
en 1978, donde ilegalmente se apropiaron de su hija, la máxima
autoridad judicial argentina adoptó mayoritariamente la decisión de
anular las leyes que habían originado una completa impunidad y que
ofendían al buen sentido común y de la justicia porque se estaba
favoreciendo a quienes habían violado la ley cometiendo inhumanos
delitos y castigando a quienes fueron víctimas de los delitos.
En esa época, “desaparecieron”, como lo hicieron centenares de
personas, el chileno José Liborio Poblete y su esposa Martha Gertrudis
Hlaczik y los autores del delito se apropiaron de su hija Claudia, de
ocho meses, que terminó “perteneciendo” al matrimonio formado por
el teniente coronel Ceferino Landa y Mercedes Moreira, tras la criminal
acción realizada por Julio Héctor Simón (alias el “turco Julián”),
que hizo “desaparecer” a Poblete y Hlaczik, y actualmente se
encuentra detenido y será juzgado por esa criminal participación.
En agosto de 2003, el Parlamento argentino decidió anular las leyes de
“Punto Final” y “Obediencia Debida”, que ante la presión de la
dictadura militar ese cuerpo legislativo había aprobado durante los años
80, a pesar que desde marzo de 2001 habían sido cuestionadas en su
validez, al considerar que ante la Ley y el Derecho, nadie podía
taparse los ojos y permitir que los violadores de la ley gozaran de
completa impunidad y libertad.
Tras esa anulación de unas leyes que injustamente habían sido
aprobadas, la Corte Suprema de Justicia convalidó numerosos fallos de
instancias judiciales inferiores, al considerar que era injusto que los
autores de esos execrables delitos estuviesen favorecidos por la
impunidad cuando los delitos por ellos cometidos eran dignos de ser
sancionados.
El ministro argentino de Defensa, José Pampuro, reconoció el 14 de
junio pasado, que entre los militares involucrados “existe algún tipo
de inquietud”, aunque “muy pocos de los militares que se encuentran
involucrados por esos hechos siguen en actividad”.
Todos los organismos defensores de los Derechos Humanos se habían unido
para realizar una campaña intensa que buscaba, de manera especial, la
derogatoria de las leyes de “perdón y olvido” porque, según ellos,
“contribuían a incrementar la impunidad en Argentina”. Por eso, al
conocer el fallo de la CSJ, se felicitaron y señalaron que la máxima
autoridad judicial del país había “defendido, de acuerdo con la ley,
el derecho de las víctimas a ver recompensada su lucha para que los
criminales paguen por sus delitos”.
De acuerdo con lo informado a la prensa por la CSJ, como consecuencia de
la derogación de las leyes, se originará la reapertura de dos de los más
sonados procesos, relacionados con las acciones represoras ocurridas en
los centros de detención y torturas que los gobiernos dictatoriales
militares habían ordenado crear, tales como la Escuela Superior de Mecánica
de la Armada (ESMA) y el Primer Cuerpo de Ejército (PCE). Por ambos
casos hay varios militares detenidos.
El gobierno dictatorial que comenzó el 24 de marzo de 1976 con el
entonces comandante del ejército, general Jorge Rafael Videla, y siguió,
entre otros con el general Leopoldo Galtieri, quien llevó a su país a
una guerra con Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas,
hizo desaparecer a no menos de 30.000 personas, de acuerdo con cifras
oficiales argentinas, y se cometieron las más atroces tropelías,
porque se alegó que había “una guerra contra la subversión”.
Al conocer el fallo de la CSJ aboliendo las leyes de impunidad, las
“Abuelas de Plaza de Mayo”, que tanto han luchado para que se
castigue a los autores de las desapariciones y muertes de millares de
argentinos y extranjeros, se declararon “felices porque esto permitirá
buscar el castigo para los responsables de la represión y las
desapariciones con toda la Ley y la Constitución que ellos no tuvieron
para nuestros hijos”, de acuerdo con lo declarado por la presidenta de
la organización, Estela de Carlotto.
El propio presidente argentino, Néstor Kirchner, declaró que “en
Argentina la impunidad ha terminado” y que este fallo de la CSJ,
“devuelve la fe en la justicia”, porque a su juicio, “coloca a los
ciudadanos frente a la ley” y “reconcilia a los argentinos”,
mientras que para la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, Nora Cortiñas, “ahora los uniformados represores que
torturaron e hicieron desaparecer a decenas de personas tendrán que
sentarse ante un juez y decir lo que pasó”.
Como era apenas de suponer, a una minoría de los militares no les ha
gustado para nada la decisión del máximo tribunal de justicia y el
Comandante en Jefe del Ejército, general Roberto Bendini, anunció que
había recibido una carta titulada “la paciencia se agota”, para
mostrar “inconformidad por el fallo”, aunque el alto militar aclaró
que “no afecta a la Fuerza sino a un sector minoritario”.
De acuerdo con Bendini, “ahora se podrá juzgar a los responsables en
pos del reencuentro entre la sociedad y sus fuerzas armadas, lo que
todos los argentinos desean”. Es indudable que el juzgamiento y debido
castigo servirá de gran bálsamo para curar la amplia herida que la
sociedad argentina tiene aún por la inexcusable acción de los
represores y asesinos.
Debe recordarse que el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem, quien
se encuentra procesado por varios delitos, entre ellos los de apropiación
indebida de dinero perteneciente al erario público y tráfico de armas
en beneficio personal, entre los años 1989 y 1990 indultó a varios de
los militares participantes en la represión, entre ellos al general
Videla.
La decisión de la CSJ de abrir nuevamente los expedientes que
permitieron archivar los atroces delitos de secuestros, torturas,
desapariciones y asesinatos, evitará que en Argentina reine para
siempre el “imperio de la impunidad” y que todos los autores de esa
“negra historia delictiva” del país suramericano se favorezcan y
puedan seguir disfrutando de la libertad que negaron a sus víctimas.
Como bien dice, sabiamente, el refrán popular, “quien a hierro mata,
a hierro muere”. Ellos deben pagar con la cárcel sus ignominias.
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