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COLOMBIA: CONGRESO TIENE UN 35 POR
CIENTO DE TERRORISTAS
El 35 por ciento de los miembros del Congreso colombiano son terroristas
y aceptan totalmente la influencia de la banda asesina Autodefensas
Unidas de Colombia (Auc), considerada también como “paramilitar” y
que presuntamente adelanta desde el 4 de junio de 2004 unas
negociaciones de paz con el gobierno presidido por Álvaro Uribe Vélez.
La escandalosa información sobre la infiltración en el órgano
legislativo colombiano de ese elevado porcentaje de terroristas fue
suministrada el 6 de junio de 2005 por Vicente Castaño, uno de los
actuales jefes de las Auc, a quien se sindica de haber ordenado la
muerte de su propio hermano Carlos, que hasta el 16 de abril de 2004
era, junto con Salvatore Mancuso, los máximos responsables del grupo
narcoterrorista, y que desapareció misteriosamente en esa fecha.
Castaño, uno de los más sanguinarios miembros de la organización,
comparte ahora el liderazgo de la banda terrorista con Iván Roberto
Duque (alias “Ernesto Báez”), también pedido en extradición por
Estados Unidos, y quien fue designado para remplazar a Mancuso, una vez
que este hizo entrega de sus armas, el pasado 10 de diciembre de 2004,
junto con otros 1.424 terroristas.
“Creo que podemos afirmar que tenemos más del 35 por ciento de amigos
en el Congreso. Y para las próximas elecciones vamos a aumentar ese
porcentaje de amigos”, declaró el terrorista a la revista
“Semana”, una de las más importantes de Colombia.
Vicente Castaño es actualmente uno de los negociadores de las
conversaciones, que frecuentemente interrumpe la organización
terrorista, que se están desarrollando en Santa Fe de Ralito, en el
departamento (provincia) de Córdoba, al norte colombiano, en donde las
Auc tienen una “zona de ubicación” autorizada por el gobierno de
368.790 kilómetros cuadrados y desde la cual sus jefes siguen
autorizando la realización de numerosos delitos sin que el ejecutivo
intervenga para evitarlos porque está entregado a una negociación
irreal que trata de llevar a cabo el Alto Comisionado para la Paz, Luis
Carlos Restrepo, sin el menor éxito.
Las Auc, integradas por al menos 18.000 hombres y mujeres que se han
dedicado en su totalidad al terrorismo, secuestro, chantaje y el narcotráfico,
iniciaron un proceso de “desmovilización” en septiembre de 2003 en
la ciudad de Medellín, pero únicamente cerca de 5.000, en todo el país,
entre ellos Mancuso, han entregado las armas y se están reintegrado de
manera paulatina a la vida civil.
El presidente Uribe Vélez declaró el 7 de junio que las afirmaciones
de Castaño “le hacen daño a la democracia y a este proceso (el de la
presunta paz)”. El mandatario señaló que con esas negociaciones se
busca “desmovilizar a más de 13.000 combatientes de las Auc antes del
31 de diciembre de 2005”.
Uribe afirmó que “por falta de acción estatal contra el
terrorismo” en la más reciente historia política colombiana, en
efecto hubo candidatos a los cargos de elección popular que estaban
obligados a “pedir permiso a los terroristas de una u otra naturaleza
para poder hacer política”. Además de las Auc, el mandatario se
refirió también a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)
y al Ejército de Liberación Nacional (Eln).
Por eso señaló, en sus declaraciones a la importante Radio Cadena
Nacional (RCN) colombiana, que “aspiramos a que en las elecciones del
año entrante todos los candidatos puedan ir a todos los puntos de la
geografía de la Patria sin tener que pedirle permiso a los grupos
violentos”, y descartó que los terroristas paramilitares puedan tener
alguna injerencia en los comicios de 2006, como la tuvieron en los
celebrados el año 2002.
La existencia de la infiltración en el Congreso de los terroristas
paramilitares fue, incluso, reconocida por el propio Presidente de la
Dirección Nacional Liberal, Juan Fernando Cristo, quien declaró a la
prensa que tiene la creencia que las “afirmaciones de Castaño tienen
algo de cierto, pero no en el porcentaje (el 35 por ciento) que
sostiene” el mafioso.
“Hay más congresistas que simpatizan con las Autodefensas aparte de
Rocío Arias y Eleonora Pineda, pero nunca el volumen que afirma Castaño”,
dijo Cristo, quien solicitó al “capo” narcoterrorista que
“denuncie con nombres propios” a los parlamentarios que se
encuentran vinculados con la organización que dirige.
Ante el evidente fracaso de las negociaciones, que el gobierno de Uribe
se empeña en no reconocer, el Congreso de Estados Unidos a través de
su Comisión de Relaciones Internacionales de la Cámara de
Representantes, decidió por 44 votos a favor y ninguno en contra, el
pasado 11 de junio, “condicionar el desembolso de fondos para el
proceso de desmovilización” de los grupos terroristas a su extradición,
de acuerdo con las peticiones formuladas por la justicia norteamericana.
Para seguir la cooperación económica con Colombia, su gobierno deberá
cumplir con tres compromisos, de acuerdo con lo aprobado por dicha
Comisión. La posible ayuda únicamente debe entregarse tras una
certificación del Secretario de Estado (su actual titular es
Condoleezza Rice) enviada al Congreso en donde se indique que el
ejecutivo colombiano ha cumplido con esas tres condiciones.
“Sólo se dará fondos para aquellos individuos que hayan renunciado a
la organización terrorista; el Gobierno de Colombia esté cooperando de
manera plena con Estados Unidos en materia de pedidos de extradición
que involucren a miembros de estos grupos; se haya establecido un marco
jurídico adecuado para el desmantelamiento de las estructuras de estos
grupos que equilibre adecuadamente la necesidad de reconciliación como
de justicia en cuanto a Derechos Humanos”, dice el texto del
representante Dan Burton, que aprobó sin un solo voto en contra aquella
Comisión.
Entre los narcoterroristas reclamados por Estados Unidos se encuentra
Salvatore Mancuso, a quien, sin embargo, el presidente no ha querido
entregar a las autoridades de la única potencia mundial por unos vínculos
personales que les une desde hace muchos años, cuando Uribe era
gobernador del Departamento de Antioquia.
Desde diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia autorizó la
extradición de este “capo mafioso”, con un temible historial
delictivo, pero Uribe se sacó un “as de la manga” para suspender su
envío y el de los demás narcoterroristas, bajo el sospechoso argumento
que no se entregará a quien se encuentre inmerso en un proceso de
negociación para desmovilizarse.
Hace una semana ocurrió una situación idéntica con Diego Fernando
Murillo (alias “Don Berna” o “Adolfo Paz”), otro terrorista
paramilitar detenido por el asesinato de un miembro del Congreso, a
quien el gobierno tampoco quiere extraditar porque también era uno de
los presuntos “negociadores” de la desmovilización de las Auc con
miras a alcanzar una hipotética paz.
El gobierno de Uribe afronta otro grave problema no solo con Estados
Unidos sino con la Unión Europea y la “Conferencia de Donantes”,
integrada por 24 países, que solicitan un proyecto de Justicia y Paz
que evite la impunidad para los responsables de crímenes de lesa
inmunidad.
Ese proyecto es cada vez más benévolo en su tramitación por el
Parlamento y el por qué de ello se explica ahora claramente, al
conocerse que el 35 por ciento de los miembros del Congreso son
“fichas” de la banda paramilitar y que el mismo presidente Uribe Vélez
ha compartido con varios de sus líderes ideales y compromisos, como
bien lo han denunciado varios de los ex Jefes de Estado colombianos,
entre ellos el conservador Andrés Pastrana Arango y el liberal César
Gaviria Trujillo, partido éste último al que pertenece el actual
mandatario.
El presidente Uribe, en vísperas de la visita de Estado que realizará
a España, se encuentra entre la espada y la pared, porque está
soportando presiones de Estados Unidos, la Unión Europea y la
Organización de las Naciones Unidas (ONU) para que no favorezca a los
narcoterroristas con el proyecto de ley que se está tramitando en el
Congreso, y también a nivel nacional, porque varios ex presidentes le
están reclamando que rompa sus vínculos con los asesinos paramilitares
para evitar que su gobierno quede señalado ante la opinión pública
como un defensor de quienes han cometido crímenes de lesa humanidad.
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