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ECUADOR: LA CARCEL, LUGAR ADECUADO
PARA GUTIERREZ
El ex dictador ecuatoriano Lucio Gutiérrez, echado del poder el pasado
20 de abril de 2005 por la “banda de forajidos” que se unió para
salvar al país de su nefasto y corrupto gobierno, anunció su intención
de regresar a Ecuador, tras haber renunciado al asilo político que con
tanta rapidez le concedió, incompresiblemente, el gobierno de Brasil.
Gutiérrez tomó esa decisión el 6 de junio de 2005, y el gobierno
brasileño, que le concedió el asilo político el 28 de abril pasado,
anunció a través del ministerio de Relaciones Exteriores que, “en
consecuencia, Gutiérrez queda libre para dejar Brasil en el momento en
que lo desee”, ya que su intención de no continuar asilado fue
exclusivamente de “carácter personal”, por lo que el gobierno
brasileño “no tiene nada que opinar”.
El asilo otorgado por Brasil a Gutiérrez, su esposa Elsa Ximena Bohórquez
Romero y su hija Viviana Estefanía, tenía una vigencia de cuatro años
prorrogables, pero el ex coronel golpista debía abstenerse de conceder
declaraciones públicas, realizar actividades políticas y estaba
obligado a pedir permiso a las autoridades brasileñas para abandonar el
país fuese momentánea o definitivamente.
La esposa e hija de Gutiérrez decidieron el 6 de mayo pasado renunciar
al asilo y alegaron como causa para ello “motivos personales” para
regresar a Ecuador. Es decir una idéntica postura a la elegida por el
ex dictador, quien no ha hecho ninguna clase de declaración para saber
cuando iba a abandonar el país suramericano o el lugar a donde se
dirigiría.
Es claro que el ex militar, que está acusado de varios delitos en
Ecuador, buscará entrar clandestinamente a su país, para evitar ser
juzgado, aunque de todas maneras, en caso de ser capturado, irá a parar
a la cárcel, el lugar más adecuado y propicio para quien cometió
diversos actos corruptos, entre ellos “comprar” magistrados de la
Corte Suprema de Justicia (CSJ) y diputados con dineros del erario público
y de violar los derechos humanos.
Quien fue considerado un “traficante político sin escrúpulos”,
porque además como lo han señalado las autoridades gubernamentales y
de justicia de Ecuador, “robó y benefició también a su familia con
dinero público”, está procesado por la Fiscalía General de la Nación.
Igualmente Gutiérrez será procesado por la muerte de tres personas
(entre ellas el fotógrafo chileno Julio García y dos estudiantes) y
las heridas a otras 44, tras haber ordenado al ejército y la policía
el 18 de abril disparar contra quienes se manifestaban en su contra y
pedían su dimisión.
La Fiscalía General de la Nación, el mismo día en que la “revolución
de los forajidos” acabó con el gobierno corrupto de Gutiérrez emitió
una orden de captura contra él por el “delito flagrante de ordenar a
la policía y los militares salir a reprimir a los manifestantes”.
El triunfo de la “revolución de los forajidos” como Gutiérrez llamó
a quienes durante varias semanas se manifestaron permanentemente en
contra suya por todas las calles de Quito y las principales ciudades,
comenzó a gestarse cuando se comprobó que había “comprado” con
fondos públicos a varios diputados para cambiar la ley sobre la
justicia, y con una nueva designar a su capricho a 27 de los 31
magistrados de la CSJ.
De esta manera pudo colocar en ella a sus amigos, sin tener siquiera mínimas
cualidades jurídicas, entre quienes destacaba Guillermo Castro, elegido
presidente del organismo y considerado como uno más corruptos que haya
tenido en toda su historia la magistratura ecuatoriana.
La “bomba de tiempo” le estalló a Gutiérrez en su propia mano tras
haber ordenado a su “leal y corrupto amigo Castro”, cancelar todos
los juicios que el delincuente ex presidente Abdalá (el loco) Bucaram
(10 agosto 1996-5 febrero 1997) tenía abiertos, entre ellos los de
peculado y corrupción. Para disimular su delictiva acción también
cancelaron los cargos al ex presidente Alvaro Noboa (2000-2003) y al
vicepresidente Alvaro Dahik (1992-1995).
No obstante, Noboa permanece arrestado bajo la figura jurídica de
“detención domiciliaria” en Guayaquil desde el pasado 8 de mayo,
mientras Bucaram salió clandestinamente del país, a donde había
regresado el 2 de abril, y de nuevo está amparado por el gobierno de
Panamá, que le volvió a conceder asilo, a pesar de tratarse de un
reconocido delincuente, a quien de nuevo se le han reabierto los cargos
que el “gánster” –como es conocido en su país”- Guillermo
Castro, había anulado.
De conformidad con la Fiscalía General, las disposiciones tomadas por
Castro y sus demás compañeros corruptos de la CSJ, “no se encuentran
debidamente ejecutoriadas y a la luz del Derecho no tienen ninguna
validez, pues son absolutamente nulas”, por lo que Bucaram, Noboa y
Dahik continúan acusados de numerosos delitos y serán juzgados por
ellos a través de la nueva Corte Suprema de Justicia.
El ministro de Gobierno (Interior) y de Policía ecuatoriano, Mauricio Gándara,
dijo que desconocía si Gutiérrez había intentado entrar nuevamente en
el país y reiteró que las autoridades judiciales procederán en
consecuencia, mientras que el hermano menor del dictador Gilmar Gutiérrez
expresó que no “existen motivos legales para que se le detenga”,
aunque no quiso señalar si ya el dictador se encuentra nuevamente en
suelo ecuatoriano.
Ecuador se encuentra gobernado actualmente por Alfredo Palacio, que
desempeñaba el cargo de vicepresidente con Gutiérrez, pero del cual
estaba totalmente separado por diferentes divergencias políticas y por
las actuaciones corruptas del ex coronel. El nuevo mandatario fue
elegido el mismo 20 de abril por 60 de los 62 diputados que se reunieron
para evitar un “vacío de poder”.
Palacio al hacerse cargo de la presidencia declaró públicamente que su
gobierno solicitaría la extradición de Gutiérrez si era procesado por
la justicia para que respondiese por los cargos, se defendiera de ellos
para recibir una condena o una absolución, pero que no permitiría que
hubiese ninguna clase de impunidad, porque “quien comete delitos, debe
pagarlos de acuerdo con lo que determine la justicia de forma soberana y
sin presiones gubernamentales”.
El ex dictador ecuatoriano es un hábil y consumado golpista porque ya
en la década de los años 90 del siglo pasado, participó activamente
en un golpe de Estado contra el entonces presidente constitucional Jamil
Mahuad. Es por eso que las autoridades ecuatorianas deben vigilar muy
celosamente sus fronteras para sorprenderle y capturarle en el mismo
instante en que intente traspasarlas.
Si Palacio, al producirse la caída de Gutiérrez, proclamó que “ha
terminado la dictadura. Hoy (por el 20 de abril) han terminado la
prepotencia y el miedo. Hoy se refunde la República en donde los
caminos florezcan y reinen la dignidad y la esperanza”, ahora le
corresponde como mandatario evitar que el ex golpista regrese y lo cubra
la impunidad, porque entonces los ecuatorianos de nuevo creerán que las
“cosas no han cambiado” y que los “delincuentes y corruptos siguen
libres”, como afirmó uno de los portavoces de los grupos
oposicionistas que se formaron para crear la triunfante “banda de los
forajidos”.
Ya se sabe que Gutiérrez no tendrá el valor de presentarse ante la
justicia para responder por sus delitos, pero que desde la
clandestinidad intentará socavar el gobierno de Palacio y que buscará
originar violencia y terror, ya que es bien conocida su relación con la
banda terrorista de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)
que, según denunció uno de los miembros de su campaña electoral,
financió parte de esta.
Las Farc, que permanecen “acorraladas” ante la acción de las
autoridades colombianas en su contra, podrían convertirse en las
aliadas de Gutiérrez y trasladar el terrorismo que las caracteriza a
Ecuador. Por tanto el gobierno de Palacio deberá extremar sus medidas
de vigilancia para capturar al ex dictador. El país está comenzando a
vivir una nueva época y sus autoridades no pueden ni deben permitir que
un ambicioso y corrupto vaya a estropearla.
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