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BOLIVIA: PAÑOS DE “AGUA TIBIA”
PARA UN ENFERMO GRAVE
La fuerte crisis socio-económica y política que tiene a Bolivia sumida
en una situación de “extrema gravedad” no encontró ni los médicos
ni las medicinas adecuadas para sacarla de ese postrer estado, porque lo
único que se hizo con la elección por el Congreso de un nuevo
presidente, fue poner “paños de agua tibia”, mientras la infección
continúa avanzando amenazadoramente.
El juramento prestado el 9 de junio de 2005 por Eduardo Rodríguez Veltzé
como presidente de Bolivia en sustitución del dimitente Carlos Mesa, no
fue ni mucho menos la solución para conjurar la crisis, porque ella está
directamente vinculada con anarquistas y radicales a los que se les ha
permitido cometer toda clase de abusos y a organizar disturbios y
atentados que terminan con saldos de víctimas mortales mientras sumen
al país en un auténtico caos, sin que hayan pagado por sus crímenes y
acciones delictivas.
El virus que está matando poco a poco a la nación libertada por Simón
Bolívar tiene un nombre genérico conocido por “acoso de extremistas
antipatriotas” que está destruyendo las células de la democracia y
ha roto la unidad de los bolivianos, lo que ha originado situaciones de
extrema gravedad.
El contagio se ha producido por contacto entre unos enfermos conocidos
como “líderes ansiosos de sangre y de violencia, con escaso valor
intelectual y cultural” que han infectado un país sano y originado,
además, que entre octubre de 2003 y el 9 de junio de 2005 esa nación
andina, segunda más pobre de América Latina y el Caribe, haya tenido
tres presidentes.
Este “virus rabioso” está conformado por el reconocido
narcotraficante, líder de los productores de la hoja de coca –materia
básica para la producción de la cocaína-, Evo Morales; el anarquista
y sanguinario secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Felipe Quispe (alías
“Mallku”), ambos indígenas con una precaria educación y amplia
bajeza de sentimientos, y por los extremistas Jaime Solares, presidente
de la Central Obrera Boliviana (COB), Abel Mamami y Julián Loayza,
directivos de las Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE).
Rodríguez, abogado, de 49 años, nacido en Cochabamba, quien al jurar
el cargo dijo que su “ánimo inicial es encontrar primero un espíritu
de paz y concertación, porque luego veremos cómo el Congreso resuelve
los temas electorales”, no tiene ninguna experiencia política pues
ocupaba el de Presidente de la Corte Suprema de Justicia y prometió la
convocatoria de elecciones anticipadas antes de finalizar el presente año.
“Nunca pensé en ser presidente de Bolivia, porque no soy político”,
afirmó el nuevo mandatario provisional, que ha dedicado gran parte de
su vida a la docencia, y que en 1999 por elección del Congreso fue
ministro de la Corte Suprema de Justicia, y en 2004 asumió la
presidencia de esta Corporación y del Consejo de la Magistratura.
Las violentas protestas organizadas por aquellos dirigentes fascistas y
los enfrentamientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado,
que dejaron como mínimo un minero muerto en la ciudad de Sucre y
diversos heridos, habían originado desde hace varias semanas diversos
problemas al país, que se vieron agravadas en los últimos cuatro días
cuando la escasez de alimentos, medicinas y productos de primera
necesidad y la carestía de todos ellos originaron un absoluto caos,
especialmente en La Paz, la capital administrativa del país.
Así, mientras en los hospitales la situación era gravísima por la
escasez de las medicinas y de gas, en el resto del país aumentaba
considerablemente la especulación en los precios, y las calles estaban
llenas de basuras, piedras y muebles destrozados. La economía doméstica
quedó sumida en un verdadero caos.
El acosado y desacreditado presidente Carlos Mesa -17 octubre 2003-9
junio 2005- había presentado el pasado 6 de junio por segunda vez la
renuncia a su cargo, porque fue incapaz de encontrar soluciones y, sobre
todo, de imponer la ley en el país, acudiendo a las disposiciones
legales de la Constitución y las Leyes. Quienes le auparon al poder
fueron los mismos que le hicieron la vida imposible y lo obligaron a
dimitir.
Su sucesor legal en el cargo, de acuerdo con el artículo 93 de la Carta
Magna, debía ser el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, pero
el amplio rechazo que la mera posibilidad de ser elegido presidente
suscitó entre el pueblo, le hizo declinar, a regañadientes y muy a su
pesar. Igual sucedió con el presidente de la Cámara de Diputados,
Mario Cossío, segundo en la línea sucesoria constitucional, quien
tajantemente dijo que no tenía aspiraciones para ejercer la Jefatura
del Estado.
Estos dos presidentes del Congreso y de la Cámara de Diputados, al
igual que toda la clase política del país, no cuentan con el respaldo
mayoritario de los bolivianos que los repudian porque les acusan de
actuar por defender sus propios intereses personales y partidistas antes
que por los del país. Lo mismo que ocurre con los dirigentes
anarquistas.
Vaca Díez, que utilizando las tretas que le han llevado a ser conocido
como uno de los “más tramposos políticos”, por lo que está
totalmente desacreditado, intentó forzar su elección, postergó
durante muchas horas el inicio de la sesión del Congreso que tenía
como misión aceptar la renuncia de Mesa y elegir al momentáneo
sucesor. Al fin accedió a hacerlo ante la fuerte presión popular.
Ante ese amplio rechazo, dijo que “por la unidad de nuestro país,
porque se acaben las confrontaciones, porque Bolivia recupere su
normalidad y porque la experiencia vivida por nuestro país jamás sea
repetida, renuncio a la sucesión tal y cual lo manda el artículo 93 de
la Constitución política del Estado”.
No cabe ninguna duda que a Rodríguez Veltzé le espera una de las más
difíciles tareas en toda la historia de Bolivia, porque además de
actuar como un gran cirujano, utilizando con precisión el bisturí para
arreglar los problemas políticos, sociales y económicos que han
llevado al país al caos, también deberá hacerlo como si fuese un
experto en virología y exterminar el virus de los Morales, Quistes y
demás fascistas.
Si bien las Fuerzas Armadas, en un comunicado oficial, indicaron el 9 de
junio que “en el marco de sus atribuciones actuarán de ser necesario
para preservar la integridad y soberanía nacional, el imperio de la ley
y la defensa de la democracia”, y ante la gravedad de los
acontecimientos que se sucedían en el país pidieron “evitar el
suicidio nacional” y “escuchar la voz del pueblo”, al nuevo
mandatario le corresponderá, como Jefe Supremo de ellas, pedir su
intervención para evitar nuevas acciones violentas de los dirigentes
radicales.
Es indudable que Morales, Quispe, Solares, Mamami y Loayza forman un
“quinteto destructor, anarquista y extremista” y que a ninguno de
ellos les interesa el país puesto que se mantienen en sus cargos únicamente
por organizar la violencia y llevarlo al caos y, por tanto, no les
conviene que ésta situación desaparezca.
De acuerdo con la denuncia que Estados Unidos y otros hicieron durante
la XXXV Asamblea General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), celebrada entre el 5 y 8 de junio en Fort Lauderdale, en el
estado norteamericano de La Florida, los dictadores de Cuba, Fidel
Castro, y de Venezuela, Hugo Chávez, están apoyando a esos radicales y
anarquistas, que utilizan métodos muy similares a los que se emplean en
esos dos países, aunque sus respectivos gobiernos, como es obvio, lo
negaron.
Pero es aquí en donde el mandatario debe demostrar su firmeza y su
apego al Derecho y a la Ley, y haciendo uso de ésta, ordene a las
Fuerzas Armadas que los insurgentes y desleales al país sean detenidos.
La solución, como es de suponer, no será fácil, pero es la única que
puede sacar a Bolivia del quebradero de cabeza en que está inmersa y
del grave virus que con tanta gravedad le viene afectando. Esa es la única
vacuna que existe para un gobierno democrático: la cabal y estricta
aplicación del imperio de la Ley.
El gobierno de transición que empezó a presidir Rodríguez Veltzé,
tiene que saber y entender perfectamente que la misión no será
sencilla y que los radicales y anarquistas sólo se han dado un “pequeño
descanso” para volver a sembrar el caos en las calles y carreteras de
todas las ciudades.
De allí la importancia que tiene para cumplir el compromiso de “ser
honrado con la banda presidencial” y convocar a las elecciones
generales en “un máximo de 150 días”. Como tampoco debe olvidar
que la ley justamente y bien aplicada, es la mejor medicina para
mantener completamente sana a la democracia.
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