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BOLIVIA: PRESIDENTE MESA
AGIGANTA CRISIS POLITICA Y SOCIAL
La debilidad del gobierno boliviano presidido por Carlos Mesa así como
la inseguridad en su propia capacidad, están agigantando la crisis política
y social que vive ese país desde que el 17 de octubre de 2003 cuando
tras contribuir al retiro del entonces Jefe del Estado Gonzalo Sánchez
de Lozada y aceptar el nombramiento que le hizo el Congreso de la República,
el 2 de junio de 2005 reiteró su falta de liderazgo al convocar por
decreto la elección de la Asamblea Constituyente y un referendo autonómico.
Unido a una serie de inescrupulosos y de verdaderas lacras sociales, políticas
y laborales, como los radicales indígenas Evo Morales, un “capo”
narcotraficante sin la más mínima ética y moral; Felipe Quispe (alias
“Mallku”), secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única
de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) y otros por el mismo
estilo, Mesa se la “jugó toda” para traicionar a su entonces jefe,
pues ocupaba el cargo de vicepresidente, y ahora es víctima de su
propio invento, porque son los mismos que antes fueron los aliados los
que le están acosando y exigiendo su renuncia.
Mesa convocó a sus compatriotas, durante un discurso transmitido por
televisión, a una cita electoral el próximo 16 de octubre, alegando
que el “país vive un momento de extrema urgencia, vive una situación
de confrontación de altísimo riesgo y en ese contexto no podemos
esperar hasta el día martes próximo (7 de junio), como determinó el
Congreso para reunirse y considerar ambos puntos” (elección para la
Asamblea Constituyente y el referendo).
Mientras el mandatario hacía ese anuncio, Evo Morales su “antiguo y
leal amigo” para “tumbar” a Sánchez de Lozada, y que es miembro
del Parlamento por el Movimiento al Socialismo (MAS) anunció en
conferencia de prensa en La Paz que “no vamos a dejar que se instale
el Congreso” y expresó que la paciencia del pueblo “se acaba y
puede sacar a patadas al presidente Mesa y a los parlamentarios”.
Este líder de los productores de hoja de coca, la principal materia
prima de la cocaína, quiere que se nacionalice la totalidad de los
hidrocarburos, sin medir las consecuencias ni los perjuicios que tal
medida ocasionaría a Bolivia y que consistirían en la pérdida de
empleo, la caída de la producción, la disminución de la actividad
económica y la inviabilidad para desarrollar nuevos campos, lo que se
traduciría, igualmente, en una enorme disminución de la inversión
privada extranjera.
Como a este inescrupuloso “capo” se le ha permitido crecer a la
sombra de sus numerosos delitos, lanzó una nueva amenaza a las
instituciones bolivianas, afirmando durante la conferencia de prensa que
“no va a permitir que el Parlamento apruebe un referendo de autonomía
sin Asamblea Constituyente”. El MAS cuenta con 38 de los 100 diputados
del Congreso, pero como acostumbra a utilizar la violencia, los otros
partidos que, sumados son mayoritarios, inexplicablemente, le temen.
Según Mesa, como presidente de todos los bolivianos “he tomado una
decisión que tiene un solo objetivo: la preservación de los criterios
de unidad de la Patria, la preservación del concepto de cumplir la
tarea histórica que le toca hoy a Bolivia”, porque a su juicio, la
decisión tomada lo ha sido desde el “respeto a las instituciones
correspondientes”, cumpliendo como presidente con su función de
“gobernar y administrar Bolivia para dar soluciones que destraben lo
que se está convirtiendo en un peligrosísimo empantanamiento”.
Sin embargo, de inmediato surgieron las voces contrarias a la decisión
de Mesa, y su convocatoria por decreto, usurpando las funciones que
corresponden al órgano legislativo, fue calificada como “ilegal e
inconstitucional”, por lo que a la luz de la Carta Magna tendrá que
ser rechazada.
El abogado constitucionalista José Luis Gutiérrez declaró a los
periodistas que el decreto firmado por el presidente no “tendrá
ninguna validez” si no es refrendado por el Congreso, mientras el
“cocalero” Morales insistió en su ilegalidad, al igual que lo señaló
Gabriel Dabdoub, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y
Servicios de Santa Cruz de la Sierra, la provincia que busca cercenar al
país, porque en su criterio, es “totalmente inconstitucional”.
El mandatario quiso “congraciarse” con sus antiguos aliados, que le
vienen solicitando desde hace varios meses la convocatoria de elecciones
para una Asamblea Constituyente, que deberá encargarse de analizar el
problema surgido con los hidrocarburos para que se aumenten hasta el 50
por ciento los impuestos de regalías no deducibles para las
multinacionales que los explotan y que recientemente el Congreso, a través
de una ley, fijó en el 32 por ciento cuanto antes estaba en el 18.
Tanto Morales como Quispe, en compañía del extremista presidente de la
Central Obrera Boliviana (COB), Jaime Solares, de los anarquistas Abel
Mamami y Julián Loayza, director y jefe, respectivamente, de la
Federación de Juntas Vecinales de El Alto (FEJUVE), han venido
paralizando en los últimos 90 días al país a través del bloqueo de
las principales carreteras nacionales, rutas interdepartamentales y
caminos secundarios al igual que aquellas que conducen al exterior,
especialmente las que comunican a Bolivia con Argentina, Chile, Paraguay
y Perú.
Esa incomunicación está originando, además, que Bolivia no pueda
exportar muchos productos a través de las vías terrestres, lo que está
originando enormes pérdidas a la economía de una nación, que es la
segunda más pobre de América Latina y el Caribe, después de Haití, y
que corre el riesgo que las principales multinacionales se retiren al
considerar que con la elevación de los impuestos se les generará una
carga impositiva que “hace inviable trabajar en este país”.
En vista de la cada vez más grave situación que se registra en el país,
de la agitación continua de la población, en su mayoría indígena y
semianalfabeta contra el gobierno y de los perjuicios económicos que se
están registrando, la Iglesia Católica, que en Bolivia tiene un
seguimiento de fieles de, al menos, el 90 por ciento, anunció a través
de la Conferencia Episcopal, su disposición para servir de
intermediaria entre las partes enfrentadas con el objeto de lograr un
acuerdo y devolver la normalidad a la nación.
Para Mesa, “la actual no es una crisis de coyuntura, no es una crisis
de personas o de momento”, sino que es una “verdadera crisis de
Estado”, por lo que pidió al movimiento socio-laboral que deponga su
actitud y a través del diálogo se alcancen las mejores soluciones.
Describió esa “crisis de Estado” como “el momento en que por
diversas razones, todas las instituciones y los instrumentos que hacía
funcionar a nuestra sociedad están en cuestión, están debilitadas,
han perdido legitimidad y han perdido los elementos de cohesión que
permiten que como Comunidad seamos capaces de vivir de manera tolerante
y civilizada”.
Cuestionado desde hace muchos meses por su carencia de liderazgo, por su
incapacidad para presidir el país y para combatir los disturbios, también
para los empresarios de Santa Cruz de la Sierra, el departamento
(provincia) que se ha rebelado y quiere ser una “república
independiente” dentro de la misma Bolivia, Mesa “debe renunciar para
dar paso a una salida democrática, que nos permita superar la gravísima
confrontación que vive el país”.
Para la clase empresarial “santacruceña”, es Mesa quien “está
generando confrontación y división en la sociedad boliviana, que de
continuar así conducirá inexorablemente a la destrucción de
Bolivia”. Sin embargo, para nada, se refirió a su actitud egoísta y
desintegradora de la nación andina, al pretender separarse, lo que ha
originado también una amplia división en el país.
Así, mientras su actitud separatista ha recibido el apoyo de tres
provincias como las de Beni, Tarija y Pando, existen otras mayoritarias
–La Paz, Chuquisaca, Potosí, Cochabamba y Oruro- que se oponen a la
partición del país. La misma Iglesia Católica considera que esa
división entre la población “hace temer el riesgo de lamentar pérdidas
humanas”.
Aunque no todo el país se opone a que haya una mediación de carácter
internacional, tanto el gobierno como los radicales y anarquistas
opositores no desean “intervenciones ajenas”, a pesar de no haber
sido capaces de ponerse de acuerdo en ninguno de los numerosos puntos de
discusión y desavenencia y a que el propio Mesa considera que “el
riesgo de una solución violenta es extremadamente alto”.
Indudablemente la carencia de un apoyo mayoritario está gravando
enormemente la gestión de Mesa, porque desde que está en el poder ha
venido demostrando que el “cargo de presidente le queda demasiado
grande”. Su falta de capacidad, de autoridad y de tacto para afrontar
y solucionar todos los problemas que se le vinieron encima, ponen de
presente también la carencia de un buen “ojo clínico” por parte de
la clase política, que se equivocó al creer que nombrando a un traidor
al anterior mandatario, encaminaba a Bolivia por una senda de paz y de
progreso.
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