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BOLIVIA:
ENFRENTAMIENTO ENTRE DOS PODERES DEL ESTADO
La crisis política que vive Bolivia desde hace no menos de dos años
y que se ha agravado
co
nsiderablemente en los tres últimos meses, volvió a incrementarse
co
n el nuevo enfrentamiento surgido entre dos de los principales poderes
del Estado, el Ejecutivo y el Legislativo,
co
n el trasfondo de la Ley de Hidrocarburos, que el presidente del país,
Carlos Mesa, no quiso sancionar, pero sí lo hizo el Parlamento el 17 de
mayo de 2005.
Simultáneamente
co
n esa “nueva pelea”, los sindicatos y grupos indígenas
co
ntinúan movilizando en las calles a sus partidarios, que insisten en
sus protestas y mantienen aisladas a las ciudades de La Paz y El Alto,
co
n menores extensiones en otras
co
mo Santa Cruz de la Sierra, Oruro y Cochabamba.
En vista de la negativa de Mesa para firmar la ley de
hidrocarburos, que ha generado diversas polémicas en todo el país y
tras diez meses de divergencias entre ambos poderes y dentro de la misma
población, surgidos desde julio del año pasado cuando un referendo
co
nvocado por el gobierno aprobó por amplia mayoría que se reformase la
política petrolera boliviana, el Congreso decidió hacer uso de su
facultad
co
nstitucional y la promulgó para darle así carácter oficial y que
entrara inmediatamente en vigencia.
Para el presidente del Congreso, Hormando Vaca Díez, la nueva
ley es mejor que la que estaba vigente desde 1996, aunque puede
perfeccionarse en el futuro, pero otras agrupaciones, especialmente las
radicales que tienen
co
mo “cabeza visible” al “capo” nar
co
traficante Evo Morales no la
co
nsideran aceptable porque quieren que el Ejecutivo caiga
co
mo una espada de Damocles sobre las empresas multinacionales, a las que
desean ver “ahogadas e
co
nómicamente”.
Vaca Díez, tras el acto de la firma de la ley, cargó todas sus
baterías
co
ntra el presidente Mesa a quien acusó de llevar al país a un “punto
de crisis e incertidumbre” por negarse a sancionarla y dijo que “eso
no se merece el pueblo boliviano, que necesita un gobierno que respete y
haga respetar la Constitución”.
También la clase empresarial las emprendió
co
ntra Mesa, que accedió por carambola al poder el 17 de octubre de 2003
tras su traición al entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada,
y Carlos Dabdoub, desde Santa Cruz, expresó
que
co
n esta ley “se nos vienen problemas más graves que la nacionalización
de hidrocarburos, al igual que sucede
co
n las minas y el tema forestal, porque son señales de incertidumbre y
desgobierno que deja muy mal parado al país”.
La ley, aprobada el pasado 5 de mayo,
co
nstituía para Mesa, cada vez más debilitado en su gestión
presidencial, “un instrumento de división” que no solo ahondaría
las diferencias en el país sino que ahuyentaría las inversiones
extranjeras, “
co
n un evidente perjuicio para la e
co
nomía boliviana”.
En el año 1996 una ley sobre hidrocarburos entregó el
co
ntrol y explotación de estos a empresas multinacionales, que debían
pagar al Estado un 18 por ciento de regalías no deducibles y el 10 por
ciento de impuestos. La recientemente sancionada determina un nuevo
impuesto a la producción equivalente al 32 por ciento, mientras el
porcentaje de las regalías
co
ntinúa igual.
Bolivia cuenta
co
n las principales reservas de gas natural de América Latina y el
gobierno tiene muchos problemas para exportarlas debido a que carece de
puertos tras haber perdido su salida al mar en la “guerra del Pacífi
co
” que junto
co
n Perú mantuvo
co
ntra Chile entre 1876 y 1880. Los bolivianos, en su mayoría, no desean
que el gas que se vende a Estados Unidos y Argentina, entre otros países,
salga a través de puertos chilenos.
Morales y otros dirigentes sindicales y de grupos indígenas de
extrema izquierda, al igual que el Partido Al Socialismo (MAS), del que
forma parte el líder
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calero y que cuenta
co
n 38 diputados, quieren que el impuesto se incremente hasta el 50 por
ciento (es decir un 18 por ciento más que el fijado en la nueva ley) y
para ello presentarán un proyecto para “radicalizar la medida”, lo
que posiblemente no va a obtener el apoyo del Congreso y mucho menos el
del gobierno.
Las empresas que actualmente trabajan en Bolivia en el sector de
los hidrocarburos, entre ellos la española Repsol YPF, deberán firmar
nuevos acuerdos
co
n el gobierno para ajustarse a la ley recientemente puesta en vigencia,
lo que podrá ocasionar el retiro de algunas de ellas y, casi
co
n certeza, que muchas otras no quieran invertir en Bolivia, un país
andino que es el segundo más pobre de América Latina y que,
precisamente, necesita
co
n urgencia que se le inyecte dinero extranjero.
De acuerdo
co
n lo declarado a la prensa por los empresarios bolivianos, “esta ley
es altamente
co
nfiscatoria” y va a causar graves problemas al país relacionados
co
n “una elevada pérdida de empleos, la desbandada de los inversores
extranjeros y una
co
nsiderable reducción de los ingresos por
co
ncepto de impuestos”.
Para las empresas petroleras que trabajan en el país andino, la
nueva ley les generará una carga impositiva que oscila entre el 66 y
152 por ciento, “lo que hace inviable trabajar en Bolivia”, por lo
que la inversión privada tendrá una “
co
nsiderable disminución”.
En avisos pagados por ellas y que aparecieron recientemente en la
prensa boliviana, antes de la negativa de Mesa para darle la
co
rrespondiente sanción presidencial, los empresarios señalaban que
“Si la ley de hidrocarburos es aprobada por el Poder Ejecutivo, lejos
de traer bienestar al país, provocará un gran perjuicio para Bolivia
que se traducirá en la pérdida de empleo, caída en la producción,
disminución de la actividad e
co
nómica, inviabilidad para desarrollar nuevos campos y fuerte disminución
de la inversión privada” .
El enfrentamiento que Mesa sostiene
co
n el Parlamento quedó también patente cuando este cuerpo legislativo,
al igual que la Corte Suprema de Justicia, se negaron a acudir a la
co
nvocatoria de un “diálogo nacional” que el mandatario efectuó el
pasado 10 de mayo y
co
n el cual pretendía en
co
ntrar soluciones a los diversos problemas que afectan al país, ya que
también participarían dirigentes políti
co
s y sindicales, los empresarios y hasta la propia Iglesia católica
junto
co
n el actual gobierno. Esa actitud determinó la cancelación del evento.
Las protestas tienen bloqueadas diversas carreteras nacionales y
a la propia ciudad de La Paz, en donde la Central Obrera Boliviana (COB),
presidida por Jaime Solares, tiene inaccesibles todas las entradas
porque, según declaró a la prensa, “no habrá tregua mientras
(Carlos) Mesa siga actuando
co
mo un juguete en manos de la oligarquía y las multinacionales”.
Es, prácticamente, el mismo discurso que han venido
realizando Morales y Felipe Quispe (alias
“Mallku”) otro anarquista del movimiento
indigenista y que ejerce
co
mo secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB). Ambos son declarados
enemigos ya no de Mesa sino del mismo gobierno boliviano, cualquiera sea
su
co
lor o signo políti
co
.
Todos los movimientos que lideran Morales, Quispe,
Solares y Julián Loayza –jefe de las
juntas vecinales de la población de El Alto- insisten en que el
gobierno debe nacionalizar los recursos energéti
co
s,
co
nvocar una Asamblea Constituyente y adelantar las elecciones generales
para que sus movimientos no sigan
co
n sus protestas, varias de las cuales han dejado decenas de muertos y
heridos.
Respecto al adelantamiento de las elecciones también Mesa lo
solicitó al Congreso, pero este le negó la petición el 17 de marzo de
2005 y le siguió dejando en el estado de interinidad en que se
encuentra desde que sustituyó a Sánchez de Losada, porque antes de
ocurrir este hecho, tampo
co
el cuerpo legislativo le aceptó la renuncia que presentó y lo ratificó
en el cargo el pasado 7 de
marzo, hasta el 7 de agosto de 2007.
La situación política y social en Bolivia cada vez se hace más
difícil y nadie quiere
co
mprometerse en la búsqueda de las soluciones adecuadas para que el país
pueda entrar por una senda de normalidad y progreso. Además, el
co
mportamiento radical y violento de Morales, Quispe
y los otros anarquistas, hace imposible pensar en que pueda llegarse, a
través del diálogo, a ninguna clase de acuerdo. La oscuridad, pues,
co
ntinúa y nadie se atreve a aventurar cuando se verá un pequeño rayo
de luz.
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