ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA                  Guillermo Tribín Piedrahita 

COLOMBIA: PROYECTO JUSTICIA Y PAZ ES MALO DICE ONU  

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó el 14 de mayo de 2005 en Bogotá a través de su Comisionada de Derechos Humanos, la canadiense Louise Arbour, que el proyecto de ley sobre Justicia y Paz presentado por el gobierno co lombiano y que estudia actualmente el Parlamento, no “ofrece los incentivos suficientes para que los responsables de crímenes de lesa humanidad revelen toda la verdad”.  

    Arbour realizó una visita de tres días a Colombia para entrevistarse co n miembros del gobierno, y al término de la misma, durante una co nferencia de prensa, expresó la opinión de la ONU sobre ese proyecto de ley que busca crear el mar co jurídi co para castigar, inicialmente, a los miembros de la banda terrorista de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con la cual el régimen presidido por Álvaro Uribe Vélez, adelanta unas presuntas negociaciones de paz.  

    Igualmente, Arbour fue muy clara en responsabilizar a las agrupaciones terroristas, además de las Auc, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y Ejército de Liberación Nacional (Eln) de “graves violaciones” al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y les co nminó a que de forma inmediata se comprometan y cumplan con un “cese de hostilidades”.  

    Al considerar que existe un enorme vacío que pone en entredicho “la posibilidad para que se logre un equilibrio entre paz y justicia”, la funcionaria del organismo multilateral pidió al gobierno que el proyecto sea “fortalecido co n respecto del derecho a la verdad”, porque según su criterio, “sin la verdad total, la justicia está comprometida, la reparación (a las víctimas) está comprometida, y éste es el tema esencial”.  

    Durante su visita oficial, además de entrevistarse con Uribe Vélez, lo hizo también co n el vicepresidente, Francis co Santos, con otros altos cargos del Estado y co n representantes de asociaciones civiles, a quienes expuso el criterio que tiene la ONU respecto al conflicto que se vive en Colombia desde hace 55 años y que, especialmente, ha cobrado su máxima importancia en los último 35.  

     Las Auc, a las que también se les denomina “paramilitares”, iniciaron en septiembre de 2003 una desmovilización que sigue realizándose a “cuenta gotas” y, posteriormente, a partir de junio de 2004, unas pretendidas “negociaciones de paz”, que no han dado ningún resultado positivo y que, antes por el co ntrario, han servido para demostrar que sus nuevos mandos –los dos anteriores, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso,  han desaparecido de escena-  ni “la quieren, ni la desean”.  

    El pasado 5 de febrero en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias, la “Conferencia de Donantes” en la que la Comunidad Internacional participa con 24 países, pidió a Uribe Vélez la aprobación de una Ley de la Verdad, Justicia y Reparación, que evitara la impunidad para quienes entregasen sus armas y se desmovilizaran y que sufrieran los justos castigos por sus crímenes, a lo que se comprometió el gobierno.  

    Sin embargo, el proyecto de Ley que el ejecutivo mandó a la consideración y aprobación del Congreso no ha llenado todas las expectativas y existe el temor dentro de los colombianos y la Comunidad internacional, que estén influyendo algunos factores para buscar que los autores de crímenes de lesa humanidad no reciban el adecuado castigo.  

    “Una rendición de cuentas no apropiada para las atrocidades del pasado es una  traición más para aquellos que cuentan co n la ley para su protección”, señaló la Comisionada de Derechos Humanos, que también argumentó que “sin una exposición pública de la verdad, la realidad de las vidas de las víctimas es negada y no es posible ofrecerles a ellas cualquier forma de justicia y reparación”.  

    Pidió tanto al Gobierno como al Congreso que la ley sea aprobada prontamente, pero que en ella se establezca “el reconocimiento co mpleto y que garantice los derechos a la verdad, justicia y reparación para las víctimas”, porque para ella “la impunidad debe evitarse”. Con la ley co mo está redactada actualmente, precisamente lo que se garantiza a los terroristas paramilitares es el adecuado castigo y que gocen de casi una absoluta impunidad.  

    Si la ley se aprueba en los términos en que se encuentra redactada, el gobierno colombiano co rre el inmenso peligro que no sólo entidades como la ONU sino la  misma Conferencia de Donantes y la Unión Europea la rechacen y así queden “bloqueados” los apoyos políti co s y económi co s que está recibiendo Colombia para adelantar el proceso de paz, que cada día está más debilitado por la actitud negativa de las Auc para negociarla con seriedad y co n un verdadero “alto el fuego”.  

    También Colombia tiene una amplia diferencia en la forma como enfoca el problema de la violencia que viene soportando desde hace más de medio siglo, porque el gobierno de Uribe Vélez, con muy buen criterio y ateniéndose a los hechos, señala que se trata de una lucha contra el terrorismo, mientras la ONU lo define como “un conflicto armado interno”.  

    “Mi visión sobre la situación en Colombia es que se refleja un conflicto armado continuo y prolongado. La existencia de ese co nflicto es cuestión de hechos y derechos y yo creo que se necesita experiencia legal para determinar si es el caso”, declaró a los periodistas la funcionaria de la ONU.  

    Es la misma tesis que sostiene James Lemoyne, el representante del Secretario General de la ONU, Kofi Annan, en Colombia, y que se ha inclinado siempre, desde hace no menos de cinco años, a las tesis de las bandas terroristas, especialmente a la de las Farc que, inexplicablemente, han contado co n su apoyo, lo que originó ya varias protestas por parte del gobierno co lombiano.  

    Ambas opiniones difieren también de la decisión que hace dos años tomó la ONU de considerar como “terroristas” a los grupos que operan en Colombia, al igual que lo han hechos los gobiernos de Estados Unidos y Canadá, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. Sin embargo, luego co loca el problema en la falsa denominación de “ conflicto armado interno”  

    La Comisionada de Derechos Humanos señaló que el “ conflicto interno armado tristemente continúa afectando a todos los colombianos, con diversas modalidades de crueldad” y pidió a las bandas terroristas (grupos armados, las denominó) que establezcan inmediatamente “un cese efectivo de hostilidades y así participar en una negociación con el gobierno hacia la paz justa y duradera”.  

    Según expresó Arbour, la ONU no va a intervenir para buscar un diálogo “ con el grupo al margen de la ley hasta tanto no libere a los secuestrados (tiene cerca de 100, entre ellos tres estadounidenses) y decida un cese de hostilidades”, en referencia a las Farc, que al igual que el Eln y las Auc, también ha orientado en los últimos años sus actividades hacia el narcotráfi co .  

    Tras una visita a varios municipios de los departamentos (provincias) de Cauca y de Chocó, incluyendo a Bojayá, población que el año pasado fue escenario de una toma sangrienta por parte de las Farc, que dejó decenas de muertos, Arbour expresó su preocupación porque “el conflicto armado ha hecho que los pobladores tengan miedo y se vayan o se escondan”. Pidió que urgentemente “se mejore la situación de mujeres y niños, afro co lombianos, poblaciones indígenas y otros grupos vulnerables de la sociedad”.  

    Es indudable que en Colombia existen gravísimos problemas co n la violencia, que de tener en sus comienzos orígenes de carácter ideológico derivó posteriormente en acciones terroristas (atentados, secuestros, chantajes, destrucción casi permanente de infraestructuras, especialmente hidrológicas, petrolíferas y de gas), por lo cual en muchos casos es difícil de entender, incluso para funcionarios co mo la Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, la auténtica realidad del país sobre este tema.  

    El presidente Uribe prometió acabar con el terrorismo, pero cada vez que intervienen las legítimas Fuerzas Armadas en contra de las Farc, Eln y Auc se les acusa injustamente de violar los derechos humanos cuando son las bandas nar co terroristas las que los violentan un día sí y otro también.  

    La comunidad internacional pasa de largo sobre este tema tan importante, aunque en esta oportunidad Arbour si se hizo e co de las frecuentes violaciones que realizan esos grupos criminales y los señaló como los máximos culpables. Como se ha comprobado hasta ahora con los dos últimos gobiernos, el actual y el que presidió Andrés Pastrana Arango (1998-2002), las tres agrupaciones terroristas no tienen el menor interés por la paz y prefieren seguir co n sus acciones criminales. Pero siempre, el culpable es el gobierno de turno.