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BOLIVIA:
PRESIDENTE MESA CONVOCA A DIALOGO NACIONAL
El ratificado presidente de Bolivia, Carlos Mesa, convocó el 10
de mayo de 2005 a todos sus compatriotas a un “diálogo nacional”
para analizar la difícil situación política y social que vive ese
país andino y buscar las mejores soluciones, al tiempo que se negó a
promulgar la ley de hidrocarburos, que se ha convertido en el
“principal caballo de batalla” de los anarquistas en contra de su
debilitado gobierno.
Para Mesa, la ley de hidrocarburos que aprobó el Parlamento el
pasado 5 de mayo, constituye un “instrumento de división” que,
además de ahondar las diferencias a nivel nacional, ahuyentaría las
inversiones extranjeras con evidente perjuicio para la economía
boliviana, que atraviesa enormes dificultades.
Desde que el presidente constitucional Gonzalo Sánchez de Lozada
dimitió el 17 de octubre de 2003, obligado por la acción de grupos
radicalizados y de narcotraficantes, encabezados por el diputado por el
Movimiento Al Socialismo (MAS) y líder de los “cocaleros”, Evo
Morales, y por el dirigente subversivo Felipe Quispe
(alias “Mallku”), secretario ejecutivo
de la Confederación Sindical Unica de
Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), uno de los más pobres
países de América Latina, como es Bolivia, está sometido a frecuentes
desórdenes, sabotajes y a manifestaciones ilegales.
Según el mandatario, “su única razón” para permanecer en
el cargo, para el cual fue nombrado por el Congreso el mismo 17 de
octubre de hace dos años, es “la unidad de la Patria” y por esta
razón convocó al “encuentro nacional” para discutir ampliamente la
ley de hidrocarburos y los demás temas que tienen a Bolivia al borde de
un precipicio socio-económico y político.
La ley aprobada por el Parlamento, con la oposición del MAS,
eleva todos los tributos que pagan las empresas petroleras,
incrementándolos en un 32 por ciento. Actualmente pagan al Estado el 18
por ciento de regalías y el 10 por ciento de impuestos, pero el
gobierno la calificó de ser una “ley suicida”.
Morales, que cada vez está radicalizando más sus actitudes ante
su deseo de “tumbar” a Mesa y de convertirse en candidato
presidencial, quiere chantajear al gobierno con nuevas manifestaciones
que siempre han terminado en violencia y originado muertos y heridos,
señalando que deben incrementarse los impuestos, no hasta el 32 por
ciento sino hasta el 50 por ciento de todas los recursos que las
empresas petroleras obtienen en el país.
La amenaza de protesta pende sobre la propia cabeza de Mesa, un
presidente debilitado moral y políticamente, que tras haber traicionado
a Sánchez de Lozada, de quien era
vicepresidente, está soportando las mismas amenazas que aplaudió y
apoyó hasta que el mandatario constitucional renunció.
Según la idea expresada por Mesa durante el mensaje que dirigió
a los bolivianos, en el “encuentro nacional” deberán participar
todos los sectores políticos y sociales a través de los líderes de
los partidos, los del actual Congreso, dirigentes sindicales, ex
presidentes y ex ministros.
El presidente se vio obligado a hacer el anuncio en “aras de la
unidad nacional”, de negarse a promulgar la ley de hidrocarburos y de
convocar a todas las “fuerzas vivas” del país, después de la
amenaza (cero y van….) del anarquista y narcotraficante Morales de
organizar una marcha hasta La Paz, a partir del 16 de mayo, si el
gobierno no suspende la ley.
Debidamente manipulados por su corrupto líder, que trafica con
estupefacientes, especialmente con la hoja de coca, en el marco de una
asamblea los “cocaleros” aprobaron realizar una marcha de 450
kilómetros desde la ciudad de Cochabamba hasta La Paz. Y eso asustó al
presidente y a sus ministros, que rápidamente convencieron a Mesa para
que dirigiera un mensaje urgente al país y que se negara a convertir en
Ley de la República la aprobada por los diputados.
“Nos han ganado. Lo que suceda de aquí en adelante depende
mucho de la fuerza del pueblo”, fue el “mensaje de guerra” que
Morales lanzó durante la asamblea de los “cocaleros”, que pese a
las bajas que casi siempre tienen durante los enfrentamientos con la
fuerza pública, continúan buscándose problemas y causándolos al
país.
El Jefe del Estado, ante esa nueva amenaza de quien fue su aliado
para “acabar con el gobierno de Sánchez de Lozada”,
tuvo que permanecer obligadamente en La Paz y no viajó a Brasilia para
participar en la Cumbre América del Sur-Países Árabes. Según el
ministro de la Presidencia, José Antonio Galindo, era más urgente y
necesaria la presencia de Mesa en la capital política boliviana que en
la de Brasil.
También la ley aprobada por el Congreso fue calificada por Mesa
como “confiscatoria y suicida” desde antes que se hubiese votado y a
pesar de las gestiones que su gobierno y él, personalmente, realizaron
para que el Congreso le negase su apoyo, no pudieron evitar que
obtuviese un respaldo mayoritario.
Las propias empresas petroleras destacaron, a través de avisos
de prensa, que la carga impositiva que genera la nueva ley oscila entre
el 66 y el 152 por ciento, lo que hace inviable trabajar en Bolivia, y
fueron enfáticas en señalar que la inversión privada tendrá una
considerable disminución, con lo cual los problemas económicos que
soporta el país (el segundo más pobre después de Haití en América
Latina y el Caribe) aumentarían en detrimento de la población.
“Si la ley de Hidrocarburos es aprobaba por el Poder Ejecutivo,
lejos de traer bienestar al país, provocará un gran perjuicio para
Bolivia que se traducirá en la pérdida de empleo, caída en la
producción, disminución de la actividad económica, inviabilidad para
desarrollar nuevos campos y fuerte disminución de la inversión
privada”, señalaba textualmente uno de los avisos aparecidos en la
prensa boliviana.
Los problemas para Mesa han ido en continuo aumento y el pasado 6
de marzo presentó su renuncia al Congreso, tras denunciar ante la
opinión pública a Evo Morales, de quien dijo que “es culpable de lo
que está ocurriendo por poner al país en jaque con sus amenazas”.
Un día después el Congreso lo ratificó en el cargo, con los 38
votos negativos del MAS, tal como lo había
ordenado Morales, que ha venido siendo respaldado en su actitud antiboliviana
por el dictador venezolano, Hugo Chávez. Incluso en Caracas y otras
ciudades del país se dice que una gran cantidad de los 100.000 rifles
que el gobierno ha comprado a Rusia irán a parar, además de a la banda
terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc),
a los “cocaleros” que dirige ese anarquista.
En la actualidad Bolivia está sufriendo protestas y
paralizaciones de las actividades, como los cinco días de paro que se
realizan en Tarija, cuyas autoridades reclaman que la ciudad, en cuya
región se encuentran las mayores reservas de gas natural, se convierta
en la sede de la nueva empresa estatal petrolera. No recurren, como debe
ser lo normal al diálogo sino que paralizan la ciudad para originar
problemas al gobierno presidido por Mesa.
Es posible que la Ley de Hidrocarburos sea el comienzo de la
caída de Mesa, cuyo gobierno está cada día más debilitado porque los
bolivianos ya no creen en él. Las encuestas no le otorgan al mandatario
ni siquiera un 15 por ciento de aceptación entre sus compatriotas.
Las posturas radicales de Morales y de “Mallku”,
un dirigente indígena aymara, que al igual
que el líder cocalero, carece de solvencia moral, tienen que ser
erradicadas a través del Derecho, con la ley en la mano contra los
subversivos, porque de lo contrario el país andino va a ser cada vez
más conflictivo, más pobre y más ingobernable. |