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PERU:
TOLEDO ACUSADO DE ASOCIACION ILICITA
El presidente peruano, Alejandro Toledo, no gana para sustos y de
nuevo está siendo presionado para que dimita de su cargo e, incluso,
para ser destituido por el Congreso, bajo la acusación de
“asociación ilícita para delinquir y de delitos contra la fe
pública”, cometida a través de la presunta falsificación de firmas
del partido “Perú Posible”, que le permitieron presentarse como
candidato en las elecciones de 2001.
Una comisión parlamentaria presidida por el congresista Edgar
Villanueva y encargada de investigar el asunto, recomendó el pasado 3
de mayo de 2005, la vacancia presidencial, la suspensión temporal del
cargo y una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos
a partir del año 2006, cuando terminará su mandato constitucional.
De acuerdo con la denuncia presentada contra el presidente e
investigada por la comisión parlamentaria, en 1998 Toledo, su hermana
Margarita, el actual ministro de Transportes, José Ortiz, el presidente
del Consejo de Ministros, Carlos Ferrero, y el ex ministro de Interior
Javier Reategui, participaron en la
falsificación de firmas para “inflar” el documento que permitió
inscribir al partido “Perú Posible” y para que el mandatario
pudiese presentarse oficialmente a los comicios de 2001, que ganó al ex
presidente Alan García, también acusado de corrupción durante su
gobierno.
La Comisión, en un voluminoso informe de 400 páginas, con tres
votos a favor y dos mimebros que no se
presentaron durante la votación, calificó los delitos en los que
Toledo, su hermana y sus más cercanos colaboradores incurrieron y
recomendaron al Congreso peruano “aplicar las sanciones
correspondientes”.
Sin embargo, miembros del Partido “Perú Posible” señalaron
que el documento de la Comisión carece de validez porque sus
conclusiones y recomendaciones únicamente fueron avaladas por tres
legisladores. “Este documento está puesto en tela de juicio por las
irregularidades que se detectaron en la mencionada comisión”,
señalaron diversas fuentes de esa agrupación política.
Fuentes del Congreso peruano señalaron que el presidente de la
Comisión, el miembro del partido opositor “Aprista”, Edgar
Villanueva, pidió la destitución de Toledo y sus colegas Xavier
Barrón y Víctor Velarde, respectivamente, la inhabilitación por diez
años para ocupar cargos públicos y la suspensión.
Los otros dos miembros de la comisión, Heriberto Benítez
y Marcial Ayapoima, del Frente Independiente
Moralizador (FIM), que respalda al gobierno, solicitaron trasladar todo
lo actuado al Ministerio Público (Fiscalía General), el primero, y
dejar sin efecto la comisión, el segundo.
No obstante, y después de varias reuniones entre el presidente
del Congreso, Antero Flores, y los miembros de la comisión que
investigó el presunto delito, no hubo ningún acuerdo acerca del
número de firmas que el documento requiere para que se le considere
válido, lo que hace pensar que una solución definitiva tardará varios
días, aunque ya Toledo ha quedado “marcado” seriamente en su
aspecto personal y político.
Según el oficial mayor del Congreso, para que el informe de la
Comisión sea válido, deberá llevar la firma de cuatro de sus cinco
miembros, por lo que a su juicio, está invalidado al faltar una,
posición que Villanueva, uno de los más firmes opositores a Toledo no
acepta porque para él únicamente se requiere mayoría simple, es decir
tres de los cinco miembros que la integran.
Miembros del gobierno peruano indicaron que de acuerdo con las
leyes, un presidente de la república únicamente puede ser enjuiciado
por los delitos cometidos en el ejercicio de su cargo, por lo cual la
decisión de la Comisión legislativa carecería de “fuerza legal”
porque en “el supuesto caso que se hubiesen falsificado las firmas, lo
que no es cierto, ello ocurrió cuando Toledo era aspirante al cargo”.
De todos los implicados, únicamente Margarita Toledo permanece
bajo arresto domiciliario, acusada también de otros delitos porque, al
parecer, se convirtió en “la mujer fuerte de los fraudes y la
corrupción”, como dijeron miembros de la oposición al actual
mandatario, que ya en febrero de 2004 se vio relacionado con actos de
corruptos de algunos de sus más inmediatos colaboradores.
El 12 de febrero de 2004 la Organización de Estados Americanos
(OEA), respaldó a Toledo aduciendo que era “necesario fortalecer la
democracia y las instituciones”, después que surgiese una amplia
crisis y fueran descubiertos sendos casos de corrupción con dos
funcionarios de la confianza del mandatario.
El entonces vicepresidente Raúl Díez Canseco
y el director del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI) César Almeyda,
se vieron obligados a renunciar a sus cargos tras descubrirse casos de
corrupción en los cuales tuvieron una amplia participación, lo que
originó una complicada crisis política.
Los alcances de estas corrupciones fueron especialmente graves y
el influyente diario “El Comercio”, de Lima, invitó al Jefe del
Estado “a hacerse a un lado” para facilitar una solución
constitucional, pidiéndole la designación de un Primer Ministro
encargado de dirigir la política y el programa del gobierno y él
convertirse prácticamente en un “florero”, para “permitir que
otros puedan enderezar el rumbo” del país.
Toledo no atendió a ésta ni otras sugerencias que en similar
sentido se le hicieron y afirmó que “seguiré desempeñando mi cargo
con absoluta dedicación”, aunque designó como Primer Ministro a
Carlos Ferrero, quien sigue en esa posición y, al igual que el
mandatario, está también acusado de haber participado en la presunta
falsificación de las firmas.
En febrero del año pasado, el porcentaje de peruanos que
apoyaban a Toledo únicamente alcanzaba al 7,2 por ciento contra un 92,8
que estaban en su contra y le pedían dimitir. Ahora, al saltar esta
nueva irregular situación, el mandatario apenas cuenta con el
respaldo del 10 por ciento de sus compatriotas.
Círculos de la presidencia peruana dijeron que Toledo “está
muy sereno y seguro de no haber actuado ilícitamente” y que todo el
escándalo se debe a que existen miembros de la oposición que
“únicamente se han dedicado a perseguirlo durante su periodo
presidencial”.
Villanueva, en cambio, declaró a la prensa que “la comisión
ha actuado con total independencia y sin instrucciones de ningún grupo
político de oposición”, destacando que las acusaciones contenidas en
el informe “son ciertas”, por lo que el Congreso pleno “deberá
juzgarlo y proceder en consecuencia”, ya que la corrupción en el
actual gobierno “ha sido la norma general”.
El Jefe del Estado no ha tenido un mandato presidencial tranquilo
y ya en otra ocasión fue acusado también por Alan García, aunque este
ex mandatario no tiene la necesaria “autoridad moral” porque
durante su gobierno, según la opinión pública peruana, “imperó la
corrupción”.
Lo más importante para la buena marcha política de Perú es que
todo se aclare y que si Toledo, su hermana y demás acusados son
encontrados culpables, sean inmediatamente destituidos de sus cargos,
pero si todo se debe a una maniobra oposicionista deberán ser
rehabilitados con el mismo bombo que se le ha dado al caso. De todas
maneras, lo más importante es que la verdad salga adelante. |