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El gobierno y la justicia de Perú, hastiados por la pasividad y
el apoyo del régimen japonés a la conducta corrupta del huido ex
presidente Alberto Fujimori, se propone denunciar el caso ante la Corte
Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya antes de concluir el presente
año para poder juzgarlo, “con todas las garantías” por sus
numerosos delitos, de acuerdo con lo informado en Lima el pasado primero
de abril de 2005.
Para alcanzar tal propósito, la Fiscalía General peruana creó
un grupo de trabajo con juristas de reconocido prestigio y capacidad
profesional encargado de
aportar las pruebas suficientes que permitan presentar la demanda con
todas las garantías, y para demostrar el nulo interés del gobierno
nipón por colaborar y entregar a un reo que, como Fujimori, tiene orden
internacional de captura tras ser acusado de doce delitos diferentes,
por los cuales deberá ser juzgado.
Como Perú y Japón no tienen suscrito el Convenio de
Extradición, el gobierno de Toledo acudirá a la Convención contra la
Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, un
“instrumento legal” que ambos países han firmado y que el régimen
nipón no podrá negarse a cumplir, según manifestó en Lima la
Viceministra de Justicia, Gianna Machiavello.
Entre los delitos por los que Fujimori está acusado se
encuentran los de enriquecimiento ilícito, peculado, asociación
ilícita para delinquir en agravio del Estado, crímenes de lesa
humanidad, tráfico de armas, violaciones a los derechos humanos,
colusión ilegal, pago ilegal a políticos y congresistas para que se
convirtieran en tránsfugas, compra ilegal de medicinas y tractores
chinos, apropiación
indebida de 1.726.162 dólares del erario público para pagar los
estudios de sus hijas, y abandono del poder.
Este siniestro personaje y su jefe de servicios de
Inteligencia y asesor presidencial Vladimiro Montesinos, acusado de 64
delitos y al que ya se ha condenado en ocho sentencias a penas que
alcanzan los 42 años, realizaron la peor corrupción que recuerde la
historia política y judicial peruanas, y, además, sobre Fujimori pesa
una inhabilitación aprobada por el Congreso peruano en el año 2000 por
la que durante diez años no podrá ejercer ningún cargo público.
Además el ex mandatario fue declarado “reo en rebeldía” por
el juez José Luis Lecaros,
que lo encuadró bajo esa figura jurídica el 29 de marzo de 2004 por no
haberse presentado el día 26 del mismo mes y año a prestar
“declaración instructiva” por varios de los delitos de los que
está acusado.
Fujimori abandonó precipitadamente Perú en noviembre de 2000,
después de la recaptura del “Rasputín” Montesinos, quien empezó a
“cantar” sobre todos los delitos cometidos por ambos y las
instrucciones recibidas del entonces presidente para desarrollar una red
de corrupción que les permitió apoderarse, además, de una “gran
cantidad de millones de dólares”, cuya cuantía todavía sigue siendo
objeto de las investigaciones judiciales.
Para el gobierno peruano presidido por Alejandro Toledo, si el de
Japón continúa negándose
a entregar a Fujimori para que se le juzgue por “crímenes de lesa
humanidad y corrupción”, no habrá “ningún otro camino” que
llevar el asunto directamente a la jurisdicción de la CIJ, y con tal
objeto, la Fiscalía General, los ministerios de Relaciones Exteriores y
Justicia y la Procuraduría para Casos de Corrupción están trabajando
en “completa armonía” con el objeto de presentar una demanda que
permita la entrega y el consiguiente regreso de Fujimori al país.
A finales de marzo, el ministro de Relaciones Exteriores
(Canciller) peruano, Manuel Rodríguez, intervino ante la Comisión de
Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que
celebró su Sexagésimo Primer Periodo de Sesiones en la ciudad suiza de
Ginebra, para solicitar al gobierno japonés que “no contribuya a la
impunidad en este caso” y entregue al fugitivo ex presidente.
“El Perú democrático asegura para él un juicio justo y las
garantías del debido proceso propias del Estado de Derecho”, dijo el
ministro ante los delegados a dicha reunión, a la vez que reafirmó que
“no quepa la menor duda de que recurriremos a la Corte de La Haya
antes de finalizar este año, si no tenemos una solución que signifique
acceso a la justicia”.
Uno de los argumentos jurídicos de Perú es que el corrupto ex
mandatario tiene completa responsabilidad y es el “autor
intelectual” en los asesinatos de 25 personas -nueve estudiantes, un
profesor y otros 15 civiles- realizados en dos matanzas por un
“escuadrón de la muerte” que cumplía órdenes suyas, y las cuales
se realizaron en Lima.
Igualmente se le solicita para enjuiciarle por la entrega ilegal
a Montesinos de 15 millones de dólares, que le pagó por
“indemnización” para que no “hablara ni lo comprometiera” en la
red corrupta que manejaron entre los años 1990 y noviembre de 2000,
cuando cobardemente “el chino”, como era conocido Fujimori, huyó
para refugiarse en Japón, en cuya capital, Tokio, vive actualmente.
Además de pedir la intervención de la CIJ, el gobierno peruano
a través del ministerio de Justicia va a realizar una amplia campaña
de información en Japón para que tanto las autoridades como la
opinión pública niponas conozcan con exactitud los delitos cometidos y
por los que se imputa a Fujimori, quien ha pretendido hacer creer que es
un “perseguido político” del gobierno peruano, cuando lo cierto del
caso es que es un corrupto y un ladrón de guante blanco.
También para cumplir con el eslogan de “familia que trabaja
unida, permanece unida”, el corrupto favoreció ilegalmente a sus
hermanos Rosa, Juana y Pedro, a los que la Procuraduría peruana ordenó
capturar y extraditar porque se encuentran acusados de peculado y
apropiación ilícita cuando dirigían una Organización No
Gubernamental (ONG), que captaba donaciones japonesas para,
presuntamente, ser invertidas en Perú con el objeto de favorecer a
personas pobres.
Resulta ser que, de acuerdo con las investigaciones judiciales,
las “personas pobres” eran esos tres hermanos “avivatos” del
entonces presidente, que conocía tal enriquecimiento ilegal y del que,
posiblemente, dados sus antecedentes corruptos, también se benefició
directamente.
El último delito que se le descubrió a Fujimori, según
informó oficialmente el Contralor General de Perú, Genaro Matute, el
11 de octubre de 2004, hace relación a la utilización de fondos del
Estado para pagar la educación de sus hijas Keiko Sofía y Saachi
Marcela en sendas universidades de Estados Unidos.
A pesar de los distintos anuncios hechos por Fujimori y varios de
sus “amigos corruptos”, sobre que regresaría a Perú para responder
“por los cargos que pesan contra él”, de acuerdo con lo informado
por la abogada Raquel Cabrera, a quien dio poder desde Tokio el 25 de
marzo del año pasado para que lo “defendiera de las falsas
acusaciones”, tal circunstancia no se ha producido.
Otra de las farsas tiene que ver con el “bulo” sobre su
regreso, es que se iba a producir también para ser candidato
presidencial a las elecciones de 2006 por el grupo político “Sí
Cumple”, lo que no puede ocurrir, en su caso, por la inhabilitación
que pesa sobre él, aunque existen diferentes interpretaciones, después
que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú, decidiera el 2 de
febrero de 2005, autorizar la participación de todas las personas que,
aunque acusadas, aún no se encuentren condenadas.
Sin embargo, el presidente de la Comisión de Justicia del
Congreso, Alcides Chamorro, ya aclaró que ello no es posible, al
afirmar a la prensa, el pasado 5 de febrero, que “aunque nadie puede
impedir que Fujimori se inscriba en el JNE como
candidato, será tachado porque está inhabilitado para ejercer cargos
públicos durante 10 años”.
La absoluta falta de colaboración japonesa, cuyo embajador en
Perú, Yubun Narita, declaró que “el gobierno de mi país se tomará
el tiempo necesario para dar la respuesta” (a la nueva petición para
la entrega de Fujimori), ha colmado absolutamente la paciencia y Toledo
ha dado órdenes a los ministerios respectivos para que se aceleren los
trámites que permitan presentar en el menor tiempo posible ante la CIJ
toda la documentación que impida al régimen nipón seguir apoyando la
presencia en su país del corrupto y fugitivo ex mandatario. |