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La Corte Penal Internacional (CPI) expresó el 30 de marzo de
2005 su preocupación por la amplia cantidad de asesinatos, secuestros y
desplazamientos de personas que se han registrado en Colombia desde el
primero de noviembre de 2002 cuando comenzó su jurisdicción en el
país, y pidió al gobierno del presidente, Álvaro Uribe Vélez, un
informe sobre las investigaciones adelantadas por los crímenes de lesa
humanidad.
Simultáneamente, el alto Tribunal también solicitó
al ejecutivo colombiano que le informe detalladamente acerca de los
proyectos de ley “discutidos recientemente” por el Congreso para
castigar a los autores de estos execrables delitos y, al mismo tiempo
que le mantenga al tanto del proyecto de “Justicia y Paz” que
estudian las comisiones primeras del Senado y de la Cámara de
Representantes para poder definir las normas de castigo que se
aplicarán a los miembros de la banda terrorista paramilitar
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), con
las que adelanta unas conversaciones de paz.
El Fiscal del tribunal de la CPI que funciona en Roma, Luis
Moreno Ocampo, envió la
solicitud al gobierno colombiano a través de su embajador ante la Corte
Internacional de la Haya, Guillermo Fernández de Soto, que fue ministro
de Relaciones Exteriores durante el régimen presidido por Andrés
Pastrana Arango (1998-2002).
Este funcionario diplomático anunció que su país
“colaborará con la Corte Penal Internacional para aclarar los
crímenes de lesa humanidad”, pero aclaró que este organismo solo se
encuentra en un “proceso de investigación” y que, por consiguiente,
“no ha emitido aún ningún juicio de valor sobre el caso
colombiano”.
De acuerdo con Fernández de Soto, la CPI solicitó los informes
no sólo al gobierno colombiano sino a varias Organizaciones No
Gubernamentales (ONG) “sobre hechos cometidos por los terroristas de
las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc),
el Ejército de Liberación Nacional (Eln),
los paramilitares (Auc) y por agentes
estatales”.
Para evitar malos entendidos, el Fiscal Moreno Ocampo enfatizó
que el gobierno colombiano no “está blindado” ante la competencia
de la CPI, a pesar de haber suscrito una reserva de siete años para
delitos de guerra, y que si bien el Organismo, en concordancia con el
artículo 124 (que la creó) “no tiene jurisdicción sobre crímenes
de guerra” sí “sobre las alegaciones de crímenes de lesa humanidad
y genocidio”.
El gobierno colombiano presentó en marzo pasado por intermedio
del Ministro de Interior y Justicia, Sabas Pretelt
de la Vega, un proyecto de ley para crear el marco jurídico
indispensable sobre los principios de “Verdad, Justicia y
Reparación”, dentro del cual queden debidamente señaladas los
procesos y las penas para los paramilitares de extrema derecha que desde
junio de 2004 adelantan una cada vez más confusa “negociación de
paz” con el gobierno de Uribe, que ha originado apenas la
desmovilización de 4.500 miembros de los 20.000 que tienen las Auc.
Ese proyecto, sin embargo, ha chocado con otro propuesto por los
Congresistas, y existen amplias y variadas divergencias sobre la manera
como los poderes Legislativo y Ejecutivo han diseñado esos principios
de Verdad, Justicia y Reparación, debido a los intereses, muchas veces
llenos de obcecación, que les está caracterizando, hasta el punto que
existen serias sospechas que uno y otro lo que quieren es diseñar un
marco más de impunidad que de castigo para quienes han cometido
crímenes de lesa humanidad.
Según la CPI, desde que entró en vigencia su jurisdicción
(noviembre de 2002), “ha habido miles de asesinatos, secuestros y
desplazamientos” y que “crímenes atroces y genocidios han sido
cometidos por guerrilleros (terroristas), paramilitares y oficiales de
la Fuerza Pública”.
Este Organismo tiene conocimiento, según el Fiscal Moreno
Ocampo, sobre no menos de 54 delitos de lesa humanidad cometidos por las
“organizaciones ilegales, por los cuáles aún no ha abierto
investigación”, pero cuyos precisos detalles hizo llegar al gobierno
colombiano a través de Fernández De Soto.
La CPI, explicó Fernández de Soto, “verifica la información
y requiere la versión de los gobiernos involucrados antes de tomar
otros procedimientos”, por lo que reiteró que en actual “caso,
Colombia está en proceso de información y verificación preliminar”,
por lo que a su juicio, “debe haber, y la va a haber, una
colaboración decidida de nuestro gobierno”.
El Ministro de Interior y Justicia, Pretelt
de la Vega, afirmó que no cree que la CPI vaya a juzgar a los
terroristas desmovilizados, pues “hay que tener presente que la Corte
trabaja de manera subsidiaria, es decir si en los
países de origen no se aplica la justicia, no se persigue el crimen, no
hay sentencias y prevalece la impunidad”.
“En esas condiciones –añadió- sí puede intervenir”, al
tiempo que defendió el proyecto de ley presentado por el gobierno en el
cual se fijan penas de cárcel de entre cinco y ocho años para los
delitos de lesa humanidad, y que servirá de marco jurídico del plan de
paz con los paramilitares (terroristas) de extrema derecha, que se
comprometieron a desarmar a sus 20.000 combatientes antes que finalice
el presente año”.
La opinión pública colombiana, a través de sus principales
organizaciones de víctimas del terrorismo, de defensa de los derechos
humanos y de búsqueda de la paz, se ha mostrado totalmente contraria a
que los terroristas sean castigados con “mínimas penas” porque con
ellas lo que se pretende es “otorgarles impunidad” a sus gravísimos
delitos.
Esas entidades han denunciado que el gobierno de Uribe Vélez
“tiene un compromiso secreto” transmitido a los terroristas de las Auc
a través del Alto Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo, para
“castigarles de forma mínima”, ya que con las rebajas
penitenciarias y los beneficios que la misma ley otorga, “las penas no
alcanzaría en la mayoría de los casos siquiera a los tres o cuatro
años, como máximo” y muchos “apenas visitarían las cárceles”.
Para el gobierno, el asunto no es así, porque según Pretelt
de la Vega, “precisamente lo que se busca con la ley de Justicia y Paz
es que no haya impunidad en Colombia, que sean juzgados los delincuentes
por delitos de lesa humanidad, que se les aplique la pena alternativa
por colaborar en los procesos de paz, de manera que eso en principio
quedaría finiquitado por la CPI”.
Esta opinión difiere sustancialmente de las expuestas por el
vicepresidente colombiano, Francisco Santos, y el Comisionado Restrepo,
quienes se enfrentaron a Pretelt porque
quieren que los delitos de lesa humanidad se dejen sin castigar o que la
ley sea completamente benevolente con los terroristas de la extrema
derecha.
El pasado 5 de febrero, luego de tres días de deliberaciones en
Cartagena de Indias, la Comunidad Internacional y
organismos Gubernamentales y no Gubernamentales, ofrecieron el apoyo a
Colombia para el proceso de paz que se adelanta –cada día de forma
más lenta- con los terroristas de las Auc,
pero siempre y cuando que sean castigados por sus crímenes atroces y
los delitos de lesa humanidad.
Aunque el presidente Uribe, que durante el primer día de la
reunión –el 5 de febrero- sufrió la enfermedad de “laberintis”,
que le obligó a guardar absoluto reposo durante dos semanas, se
comprometió a no permitir la impunidad y a “continuar mejorando la
gobernabilidad”, como le pidió la Comunidad Internacional, lo cierto
es que el proyecto que presentó al estudio del Congreso no es
un “fiel reflejo” de la palabra empeñada, por lo que mucha gente
piensa, entre ella los Congresistas Darío Martínez y Luis Fernando
Velasco, que la Corte y la “Conferencia de Donantes” opinarán
negativamente sobre Colombia.
Otros Congresistas, conocidos como “uribistas”
por su apoyo al Presidente, no le han prestado ningún interés a la
petición de la CPI y, como afirmó el
senador Mauricio Pimiento, lo que “tenemos que hacer es una ley que
atienda la situación del caso colombiano”, es decir, como la
presentada por el gobierno que no busca castigar sino premiar la
impunidad, porque las Auc han tenido, desde
su creación, la simpatía del mandatario colombiano, que las apoyó
decisivamente cuando fue Gobernador del departamento (provincia) de
Antioquia.
Uribe, que en todos los foros a los que asiste ha pedido el apoyo
internacional para la lucha contra el terrorismo y eventuales procesos
de paz –así sean tan negativo en sus resultados como el que adelanta
con sus amigos de las Auc- deberá
prepararse para recibir un fuerte golpe y para que le vuelvan las
espaldas, si no saca adelante un proyecto que sea ejemplar en el castigo
y que evite que en su país la impunidad siga estando bendecida por el
propio gobierno. |