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Las diversas maniobras realizadas por el presidente ecuatoriano,
Lucio Gutiérrez, para llevar hasta la justicia sus prácticas corruptas
en el gobierno, originaron el 31 de marzo de 2005 la más inaudita e
impresentable decisión del presidente de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), Guillermo Castro, al anular los juicios por corrupción que se
estaban preparando contra el ex presidente Abdalá Bucaram, echado del
poder por haberse apoderado ilícitamente de dinero del erario público.
De inmediato, Bucaram declaró a la prensa internacional en
Panamá, país en donde se encuentra asilado desde 1997, que su regreso
a Ecuador será inmediato y que lo hará “con el látigo en la mano”
para castigar a sus adversarios políticos y a quienes lo destituyeron
del poder ante la evidente “incapacidad mental para gobernar”.
Castro, un magistrado al servicio personal del presidente
Gutiérrez, que también es “amigo leal” del “loco” –como
conocen en Ecuador a Bucaram-, para intentar “dar una muestra de
independencia, que no posee” –según la oposición-, incluyó en la
“medida de gracia” a los también corruptos Gustavo Noboa (que
presidió el país entre 2000-2003) y al ex vicepresidente Alberto Dahik
(1992-1995), que se encuentran asilados, respectivamente, en Costa Rica
y República Dominicana. Todos ellos están acusados de corrupción en
el desempeño de sus cargos.
Esa anulación de los juicios, especialmente a Bucaram, el
más deshonesto de todos, empezó a fraguarse por parte del ex golpista
y ex coronel Gutiérrez el 9 de diciembre de 2004, cuando contando con
la corrupta colaboración de 52 diputados –muchos de ellos, según la
oposición, comprados con dineros públicos y altas cantidades
sufragadas por el “loco”- dio un “golpe mortal” a la justicia,
al destituir a 27 de los 31 magistrados vitalicios de la CSJ.
Como no tenía la mayoría requerida en el Congreso, Gutiérrez a
través de ministros y parlamentarios del Partido Roldosista Ecuatoriano
(PRE), que preside Bucaram, “compró” a cuatro diputados de la
oposición, que se convirtieron en los “tránsfugas mejor pagados con
los dineros del Estado y del ex presidente”.
La medida se tomó, como lo recordó en esa misma fecha Bucaram,
desde Panamá, siguiendo sus consejos tras haberse reunido en el país
del istmo con Gutiérrez el primero de septiembre del mismo año. Ambos
diseñaron el “golpe de estado” contra la Justicia para que así
ésta estuviese mayoritariamente contaminada y sus nuevos miembros, como
ocurre con Castro, pudiesen proceder de acuerdo con sus criterios
corruptos.
“Con mi decisión espero que se ponga fin al uso de la justicia
como instrumento de persecución política” dijo sin ruborizarse el
corrupto presidente de la CSJ, porque según él, en los juicios que se
les han seguido, “se lesionaron sus garantías individuales, sus
derechos humanos y el debido proceso”.
Aunque Bucaram dijo que su regreso a Ecuador sería
“inmediato”, no lo podrá realizar a su manera, porque la Fiscal
encargada, Cecilia Armas, recurrió a la decisión antijurídica de
Castro y solicitó a la CSJ “revocar la orden emitida a favor del ex
presidente”, porque considera que los “procesos contra Bucaram son
válidos, puesto que no se han incumplido los procedimientos ni las
disposiciones legales para llevarlos adelante”.
Al haberse recurrido la decisión y en caso de retornar al país,
Bucaram será detenido, de acuerdo con las órdenes de captura que a
nivel internacional emitieron los anteriores magistrados de la CSJ y los
jueces encargados de la investigación, a quienes su independencia y la
negativa para atender a las sugerencias y órdenes corruptas de
Gutiérrez, les costó la destitución.
Uno de los magistrados que no ha podido ser “comprado” por el
gobierno de Gutiérrez, el juez Ramiro Román, afirmó que la Corte va a
analizar la actuación de Castro y la posibilidad de destituirlo de la
presidencia del máximo organismo judicial, aunque le sugirió al
corrupto que “presente su renuncia”.
El corrupto Castro pertenece al PRE, y de acuerdo con lo dicho
por varios miembros de la oposición “recibe dineros” para exculpar
al “loco”, a quien “le une una íntima amistad”, pero también
se reconoce que su “jugada antijurídica” no tendrá éxito y que
los juicios contra los corruptos, especialmente contra Bucaram,
seguirán adelante”.
Por ser completamente antijurídica la decisión, el juez Román
pidió a los ecuatorianos que protesten por semejante atropello y dijo
que la postura de la Fiscal Cecilia Armas “es completamente válida y
ajustada a la normativa jurídica”.
En sus inmediatas declaraciones, al conocer la decisión de
“mi gran amigo Castro”, el ex presidente dijo que “regresaré a
Ecuador con el propósito de castigar a todos esos cobardes que
impulsaron el golpe de Estado”, que le costó el poder en 1997. Su
manifiesta incapacidad en todos los órdenes hizo que únicamente
gobernase Ecuador durante seis meses.
Desde luego no fue ningún “golpe de Estado” sino simplemente
que el Congreso, ejerciendo su soberanía y separación de poderes, le
destituyó del cargo porque se comprobó que tenía “incapacidad
mental para gobernar” y porque estaba utilizando prácticas corruptas
para mantenerse en él, además de ejecutar una desastrosa política
económica y financiera que aumentó los niveles de pobreza de los
ecuatorianos a elevados porcentajes, superiores al 80 por ciento.
Una buena prueba de esa “incapacidad mental” se aprecia
exactamente en la declaración a la prensa, en la que también afirmó
que “voy con el látigo en la mano para hacer castigar a todos esos
delincuentes que dijeron que era un loco”. Pero, todavía quedaba lo
más sorprendente: “No puedo dejar de luchar por los más pobres y
desposeídos de mi país”, quienes en su gobierno resultaron ser,
precisamente, los más perjudicados, como se reconoce con abrumadora
mayoría por los ecuatorianos.
Ecuador volverá a vivir unas intensas jornadas de protesta, que
por otra parte han sido habituales desde que Gutiérrez asumió el poder
el 15 de enero de 2003 y que originaron, incluso, la posibilidad de
destitución por parte del Congreso, lo que evitó mediante la compra de
diputados corruptos. El pasado 16 de febrero se celebró una
multitudinaria en la Plaza de San Francisco, en pleno centro de Quito,
para protestar por el “asalto al poder judicial” realizado por el
presidente y los corruptos diputados.
Una de las peores tuvo lugar en junio del año pasado cuando en
Quito se celebraba la Asamblea General de la Organización de Estados
Americanos (OEA), en donde los representantes de los 34 países miembros
pudieron observar el descontento existente en el país contra el
“gobierno populista, corrupto e ineficaz” de Gutiérrez, porque los
manifestantes se concentraron en las cercanías de la sede de esta
reunión, de la que infortunadamente salió elegido como Secretario
General otro ex presidente corrupto, el costarricense Miguel Angel
Rodríguez, que se vio obligado a renunciar a este cargo y está
detenido en su país.
Los partidos oposicionistas anunciaron la inminente convocatoria
de protestas para evitar la anulación de los juicios y, a su vez, el
Prefecto de la Provincia de Pichincha, Ramiro Gutiérrez, pidió a sus
compatriotas apoyar “todas las protestas” para evitar que se pueda
llevar a feliz término, por la corrupción existente en la CSJ, la
inaudita decisión de Castro”.
También la actuación de Gutiérrez ha sido públicamente
cuestionada por el vicepresidente, Alfredo Palacio, quien le acusó de
“conducir al país en un viaje sin brújula” y le pidió que
aceptara la mayoritaria petición de los ecuatorianos de “tener
decencia humana” y de realizar “las necesarias rectificaciones para
evitar que el país continúe su rápida marcha hacia el caos, por lo
que debe, como presidente, producir un urgente cambio de rumbo”.
Para Gutiérrez, avezado golpista, aunque la presidencia la
obtuvo finalmente a través de las urnas, la “decencia humana” se
basa en seguir comprando personas con dineros del Estado, y los
“profundos cambios” sólo tienen que ver con la destitución de los
magistrados de la CSJ que cumplían con su deber, por unos
“mamarrachos con toga, que lo único que aprendieron del Derecho es
recibir por debajo de cuerda los sobornos y dictar sentencias indignas e
injustas”, como expresó la oposición. |