|
|
|
|
|
La polémica de nuevo quedó servida y otra vez vuelve a estar
envuelta en ella el ex presidente liberal colombiano Ernesto Samper Pizano
tras la acusación efectuada el 15 de marzo de 2005 por fiscales del
estado norteamericano de Tampa (en la
Florida), que aseguraron que recibió cinco millones de dólares de
parte del narcotraficante Cartel de Cali para que presionara la no
modificación de la ley de extradición.
El ex mandatario calificó la acusación como “una afrenta
contra el Estado de Derecho colombiano” y negó haber recibido dinero,
al tiempo que su abogado Antonio José Cancino,
aseguró que “es totalmente falsa” y anunció que la recurrirá ante
“Tribunales Internacionales”.
Sin embargo, Gustavo Salazar, otro abogado defensor del
narcotraficante miembro del cartel de Cali Elmer
Herrera Buitrago ratificó que “hubo sobornos a Congresistas en el
trámite de la extradición”, aunque aseguró que “no me consta que
el entonces presidente Samper hubiese recibido suma alguna”.
Samper fue acusado de recibir dineros del Cartel de Cali, cuatro
días antes de celebrarse las elecciones presidenciales en mayo de 1998
por su entonces rival Andrés Pastrana Arango, quien envió pruebas
documentales, que le hicieron llegar anónimamente,
al entonces presidente César Gaviria Trujillo, a quien pidió
abrir una investigación.
Gaviria, perteneciente también al Partido Liberal, envió la
documentación a la Fiscalía colombiana y esta comenzó lo que se
denominó el Proceso 8000, que aún continúa abierto, mientras Samper
se sometió a un juicio en el Congreso –dominado ampliamente por sus
copartidarios- que, lógicamente, lo exoneraron de todo delito, a pesar
que quedó demostrado, según la justicia, que el cartel de Cali le
ingresó 6 millones de dólares en su campaña electoral, con el
compromiso que no permitiera modificar la Carta Magna aprobada en 1991
que había prohibido la extradición de colombianos.
El único que “pagó los platos rotos” y fue condenado a
varios años de prisión resultó ser el ministro de Defensa nombrado
por Samper, el abogado Fernando Botero Zea,
que fue gerente general de la campaña electoral, y quien le acusó
directamente de haber recibido esa enorme cantidad de dinero en Bogotá
que los hermanos Rodríguez Orejuela y otros miembros del Cartel, entre
estos Elmer Herrera, le hicieron llegar tras
los contactos establecidos en Madrid, un año antes de las elecciones, a
través del periodista Alberto Giraldo López cuando Samper Pizano
desempeñaba el cargo de embajador de Colombia en España.
El fiscal de Florida, Paúl Pérez, y el coordinador de Fiscales
del mismo estado, Joseph Ruddy, aseguraron
poseer documentos que comprueban que el Cartel de Cali, dirigido por los
hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, quienes se encuentran en
Estados Unidos tras ser extraditados en diciembre y febrero pasados,
ordenaron el “pago” de ese dinero a Samper.
En una declaración escrita, Pérez, con el visto bueno de Ruddy,
anunció que “tiene pruebas sobre que dineros de la mafia fueron
ingresados en cuentas de Samper y de varios políticos”, que
eran miembros del Congreso, encargados de aprobar la ley de
extradición.
Durante el juicio que se seguirá contra el narcotraficante
colombiano Joaquín Mario Valencia (alias “El Caballista), que está
acusado por contrabando de cocaína y lavado de dinero, para responder a
una petición de éste, el fiscal Pérez afirmó textualmente que
“presentará testimonio que el Cartel de Cali recogió 5 millones de
dólares para pagarle al Presidente (Ernesto Samper) con el fin de
respaldar la norma constitucional que prohibe
juzgar a extraditables por delitos anteriores a 1997”.
La abogada de “El Caballista”, Isabel Valencia ha solicitado
a los fiscales que no se le imputen cargos por hechos anteriores a 1997
y dijo que “es posible que Pérez haya recibido delaciones por parte
de narcotraficantes interesados en obtener rebajas de penas” respecto
a las actuaciones de su defendido, quien fue extraditado en 2004 por el
gobierno del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez.
En su acusación escrita, el fiscal Pérez señala que “casi la
mitad del Congreso colombiano fue
sobornado durante la discusión del artículo 35 de la Constitución,
que reactivó la extradición, pero con condicionamientos”. El
coordinador de fiscales Ruddy sostiene que
“la justicia estadounidense no estaría obligada a cumplir esa
norma”.
Según Pérez, “este intento unilateral del gobierno de
Colombia para cambiar los términos de la orden de extradición no es
vinculante en Estados Unidos, porque irónicamente el artículo 35 de la
Constitución constituye un acto patente en las conspiraciones
acusadoras, en este caso porque representan el producto del soborno
exitoso al entonces presidente de Colombia y al Congreso por parte del
Cartel cocaínero de Cali”.
“Rechazo de manera categórica y absoluta la acusación
presentada”, afirmó Samper en una declaración escrita divulgada el
17 de marzo en Bogotá, en la que también indicó que “estos
señalamientos constituyen una afrenta contra el Estado de Derecho de
Colombia, por lo que aspiro a que el gobierno actúe con energía para
que este impasse no ponga en peligro la aplicación de la norma hacia el
futuro”.
Según el abogado Salazar, un habitual defensor de
narcotraficantes, la cifra que el Cartel de Cali entregó alcanzó a 15
millones de dólares porque, afirmó, “me consta y soy testigo directo
que hubo sobornos porque así lo traté con mi cliente Elmer
Herrera Buitrago. Me consta que eran parlamentarios, casi todos de la
bancada (el partido Liberal) de Samper. Lo puedo asegurar bajo juramento
ante cualquier juez del mundo”.
Además de señalar que no cree que el fiscal Pérez esté
“tratando de hacer una jugada”, Salazar señaló: “reitero que la
cifra pagada no fue de 5 millones de dólares sino de 15, que en su
mayoría fueron puestos por Herrera y Miguel Rodríguez”.
Recientemente un fiscal de Miami también mantuvo la misma tesis
en referencia a Gilberto Rodríguez Orejuela
(alias “El Ajedrecista”), que fue extraditado por el gobierno
colombiano el 3 de diciembre de 2004 y quien está acusado de
“integrar la más grande mafia del tráfico de cocaína”. En febrero
pasado su hermano Miguel fue enviado a Estados Unidos.
Como hasta Colombia han llegado rumores procedentes de Estados
Unidos en el sentido que los hermanos Rodríguez Orejuela
“cantarán” para colaborar con la justicia de ese país y lograr una
sustancial rebaja de penas, Samper declaró a los periodistas que
“no me interesan ni preocupan que los hermanos entreguen a la
justicia estadounidense informes sobre presuntos vínculos conmigo” y
con políticos colombianos y el financiamiento que, presuntamente, le
otorgaron durante años porque para el ex presidente “ello no es
cierto”.
El presidente Uribe Vélez, por su parte, dijo que tiene que
esperar a conocer las pruebas que le entregue el gobierno de Estados
Unidos, pero señaló que en este caso llevarán la voz del gobierno la
ministra de Relaciones Exteriores, Carolina Barco, y el embajador
colombiano en Estados Unidos, Luis Alberto Moreno.
Este diplomático afirmó en Washington que “la obligación que
tiene el fiscal Pérez es que si tiene la prueba del supuesto soborno
del desarticulado Cartel de Cali, la debe presentar al gobierno
colombiano a la brevedad posible”, al tiempo que reconoció que esas
afirmaciones “ponen en riesgo el tratado de extradición entre los dos
países, porque la justicia estadounidense no tiene competencia para ver
delitos cometidos por colombianos antes de 1997”.
El asunto, de todas maneras, tiene una extrema gravedad y puede
originar que en Colombia se abra una nueva investigación, independiente
y justa, para determinar si Samper, a quien Estados Unidos no le permite
ingresar a ese país porque le niega el visado, ha sido el directo
responsable y si las pruebas que el fiscal Pérez dice poseer son
ciertas.
Todos en Colombia saben que en el juicio que le realizó el
Congreso no hubo la más mínima garantía de seriedad ni de solvencia
moral, porque la amplia mayoría que el partido Liberal tenía en el
órgano legislativo, le garantizaba –como así sucedió- la inmediata
absolución sin ninguna investigación y, porque además, el 85 por
ciento de quienes se constituyeron en “jueces” estaban totalmente
sobornados. Nadie duda que los narcotraficantes han sido principales corruptores de políticos, jueces, militares, empresarios y periodistas colombianos porque la “mafia”, para amargura y desdicha de ese país y de la mayoría de sus habitantes, ha penetrado lamentablemente en todos los estamentos. Por eso sería muy bueno que la justicia estadounidense pudiera descubrir toda la trama y que los propios Rodríguez Orejuela “tiren de la manta” para dejar a “cara descubierta” a quienes se han dejado sobornar y han sacado réditos de esa ilícita actividad. |