ACTUALIDAD INTERNACIONAL Y LATINOAMERICANA                  Guillermo Tribín Piedrahita 



ARGENTINA: MENEM DEJA DE SER PROFUGO DE LA JUSTICIA  

    En una jugada que todavía no se sabe si es de carácter político o simplemente para buscar “engañar completamente” a la justicia, el ex presidente argentino Carlos Saúl Menem regresó a su país el 22 de diciembre de 2004 tras 13 meses de ausencia en Santiago de Chile, para responder por diversos cargos, entre ellos, los de corrupción, administración fraudulenta y ocultamiento de dinero.  

    Menem regresó desde la capital chilena hasta La Rioja, de donde es oriundo, acompañado por su nueva esposa Cecilia Bolocco y del pequeño hijo de la pareja Máximo Saúl, y el 27 de diciembre se presentó en Buenos Aires ante los jueces federales Jorge Urso y Norberto Oyarbide, con quienes se comprometió a “no evadir más a la justicia argentina”.  

    El ex mandatario volvió a su país luego que ambos magistrados levantaron las órdenes internacionales de captura dictadas contra él y de dejar en suspenso la “situación de rebeldía”, y ante ellos firmó “las actas de compromiso” que le obligan a cumplir con las disposiciones emanadas de sus respectivos juzgados, pues en caso contrario, al violar su promesa le podrán revocar el “beneficio de libertad”, del que ahora goza.  

    La justicia le comunicó que no podrá salir del país sin el previo permiso de los jueces que le investigan “y si incumple este requisito de inmediato se ejecutarán los bienes que amigos del ex presidente pusieron como garantía de la fianza por tres millones de pesos (un millón de dólares) fijada para eximirle de prisión”, declaró Oyarbide a los periodistas. Se supo, por otras fuentes, que su hermano Eduardo Menem, ex presidente del Senado argentino, fue una de las personas que puso a disposición de la justicia bienes raíces para completar la fianza exigida.  

    Todas las personas que le sirvieron de fiadores y cubrieron la fianza deberán también refrendar las “actas de compromiso” firmadas por Menem ante los dos magistrados, por lo que prácticamente la justicia se asegura que el ex presidente no intentará una nueva fuga ni evitará responder por los numerosos delitos que cometió durante su larga presidencia, en la que la corrupción, los malos manejos, la compra de jueces y el enriquecimiento ilícito suyo y de diversos colaboradores, fueron la nota predominante durante los diez años de mandato.  

     Ambos jueces suspendieron la orden de captura internacional tras el pago de esa millonaria fianza, para que Menem pudiera regresar a Argentina y presentarse ante ellos con el objeto de responder en varios juicios por los delitos de los que está acusado, precisó también el juez Oyarbide.  

    Este magistrado le investiga  por haber ocultado dinero en bancos suizos y otros lugares, que fue obtenido ilegalmente mediante la venta de armas a Ecuador y Croacia, que estaban involucrados en sendas guerras; Ecuador contra Perú, iniciada en 1980 por delimitaciones fronterizas, y Croacia contra serbios y musulmanes por razones étnicas.  

    Las ventas a los dos países involucrados en los conflictos bélicos ascendieron a 6.500 toneladas de armamento por valor de 43 millones de dólares, muchos de los cuales fueron ingresados en Suiza y en “paraísos fiscales” cuya ruta también investiga la justicia argentina.  

    La Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1995 había dictado dos resoluciones prohibiendo a todos sus países miembros la venta de cualquier clase de armamento a esos dos países, pero Menem y un grupo de sus colaboradores, por el afán de obtener dinero ilícitamente, violaron el embargo y las prohibiciones del organismo multinacional.  

    Por este delito, entre julio y septiembre de 2001, el ex presidente permaneció bajo arresto domiciliario, pero el juez Julio Speroni, para pagarle favores personales y políticos, le levantó la condena provisional, aunque la Cámara en lo Penal Económico de Argentina revocó la medida del “magistrado parcial” el 24 de octubre de 2004.  

    Urso, entre otros delitos, lo investiga por su presunta responsabilidad en el pago de sobreprecios en la construcción de dos cárceles durante su gobierno, lo que equivale judicialmente, a los cargos de administración fraudulenta y mal desempeño de funcionario público.  

    De momento no se conoce la fecha en que el ex mandatario, que gobernó Argentina entre 1989-1999, tendrá que responder en uno o varios juicios por sus delitos, aunque fuentes judiciales precisaron en Buenos Aires que lo más probable es que ello ocurra entre los meses de febrero o marzo de 2005.  

    El juez Oyarbide precisó que en su investigación buscará determinar la existencia de cuentas bancarias en el exterior “de personas o empresas que podrían ser testaferros de Menem” y la “pertenencia de un edificio en La Rioja”.  

    Recientemente desde Suiza se respondió a un requerimiento judicial que no “hay constancia” de cuentas depositadas a nombre de Menem, pero desde Buenos Aires aquel juez precisó que seguiría investigando porque está seguro que el dinero ganado ilegalmente por la venta de armas fue a parar a un establecimiento bancario de ese país europeo. Además, la propia Cámara de Diputados señaló el 24 de abril pasado que “se buscará encontrar la ruta del dinero del contrabando de armas a Ecuador y Croacia”.  

    De acuerdo con las informaciones judiciales, en esta venta ilegal de armas también se encuentran procesados el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el ex viceministro de la misma cartera Carlos Sánchez  

    En la investigación que Urso adelanta por la construcción de dos cárceles, se ha comprobado que fueron pagados “sobreprecios por más de 34 millones de dólares”, de los cuales varios millones fueron a parar a las cuentas del ex presidente, que desde Chile fracasó en su intento, a través del abogado Luis Paglietti de recusar a los dos magistrados.  

    Paglietti  y su colega Oscar Salvi son los abogados defensores de Menem y también fracasaron en su campaña por lograr que el gobierno chileno le otorgara el carácter de asilado por persecución política, aunque evitaron que fuera extraditado, tal como lo pidieron Oyarbide y Urso.  

    La corrupción que predominó durante el régimen de Menem  llevó a la cárcel a partir del pasado 22 de mayo a la ex Secretaria de Recursos Naturales y Medio Ambiente María Julia Alzogaray, una aristócrata argentina que fue su “mano derecha”, a la que se condenó a tres años de prisión por “enriquecimiento ilícito”, y quien fue inhabilitada, además, durante seis años para desempeñar cargos públicos.  

    Aunque al volver al país Menem anunció su intención de “regresar a la política” para combatir a su antiguo aliado,  miembro del Partido Justicialista (Peronista) y actual Presidente argentino, Néstor Kirchner, no parece posible que pueda evitar ser condenado por los varios delitos de los que está acusado y que le inhabilitarán para desempeñar cargos públicos. Además, ya sus compatriotas fueron testigos de su inmoralidad y de haber encabezado uno de los gobiernos más corruptos en ese país, por lo que parece imposible que pueda recibir su respaldo en las urnas.  

    De todas formas, lo importante es que ya está en su país y que no podrá salir de él de forma voluntaria porque si lo hace dejará en evidencia la veracidad de las acusaciones. Al menos, por una sola vez, ha tenido el valor de presentarse ante la justicia que lo reclama por diversos delitos. Tarde o temprano tenía que pagar por sus atropellos y por la desaparición de muchos millones de dólares. Ojalá la justicia argentina siga actuando independientemente y no le permita “salirse con las suyas”, como ocurrió cuando tenía “a muchos jueces comprados”.

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