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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió el
22 de diciembre de 2004 al gobierno colombiano que evite la impunidad
durante la desmovilización de los integrantes de la banda terrorista
Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y le
urgió para que establezca un marco jurídico que “garantice verdad,
justicia y reparación”.
Esta Comisión, que pertenece a la Organización de Estados
Americanos (OEA), mostró su enorme preocupación porque los numerosos
delitos cometidos por los miembros de la banda asesina, de ideología de
extrema derecha, se queden sin el correspondiente castigo, dada la
benevolencia que el presidente colombiano, Alvaro
Uribe Vélez, está demostrando en un intento para conseguir que esta
organización, tercera en Colombia por el número de personas
vinculadas, se desmovilice completamente.
La OEA ha tenido un papel importante en las negociaciones entre
el gobierno y la banda criminal, actuando como supervisora de la
desmovilización a través del argentino Sergio Caramagna,
y la CIDH, desde
Washington, enfatizó que se está observando la ausencia de una
“claridad jurídica” en ese proceso.
Para este órgano de la OEA esa falta de “claridad jurídica”
puede generar “responsabilidad internacional del Estado colombiano si
hay falta de investigación, juzgamiento y sanción a los responsables
de crímenes de guerra, lesa humanidad y violaciones a los derechos
humanos”.
La banda terrorista, que estuvo dirigida hasta el pasado 16 de
abril por Carlos Castaño, quien en esa fecha desapareció
misteriosamente, tenía hasta el 10 de diciembre como jefe a Salvatore
Mancuso, quien entregó su arma junto con
otros 1.424 miembros, para vincularse próximamente y ya dentro de la
vida civil, a organizar un partido político.
El informe de la CIDH, que fue entregado al Gobierno colombiano,
la Secretaría General y el Consejo Permanente de la OEA, señala que
persiste la falta de definición de beneficios procesales de los
desmovilizados y “consecuentemente las garantías de verdad, justicia
y reparación para las víctimas del conflicto”. Estas últimas no han
sido tenidas en cuenta para nada y lo que se pretende es evitar que el
gobierno colombiano, por buscar apuntarse “un triunfo político”,
haga “la vista gorda” y premie a los asesinos con la completa
impunidad.
En lo que respecta a la reparación del daño causado a las
víctimas de actos de violencia y desplazamiento, que incluye el dominio
de tierras, “no parece estar siendo abordado con los grados de
participación que amerita”, manifiesta el informe, el cual tampoco
tiene una opinión favorable a lo que ocurre en la denominada “zona de
ubicación” de Santa Fe de Ralito, en el departamento (provincia)
norteña de Córdoba, que Uribe cedió a la banda terrorista.
Esa “república independiente” dentro de la misma Colombia es
una zona de 368.790 kilómetros cuadrados que Uribe entregó a la
agrupación paramilitar y terrorista para adelantar en ella las
negociaciones de desmovilización y de paz, y para la CIDH, tal zona
“no establece garantías de seguridad para la población civil que
allí habita y que más allá de la presencia de miembros de la Misión
de la OEA se ven privados de la presencia de la Fuerza Pública, y de
las autoridades judiciales y de control por obra de sus términos”.
También la CIDH expresa su convicción sobre que “aún ni se
detectan esfuerzos destinados a establecer la verdad de lo sucedido y
los grados de involucramiento oficial con el
paramilitarismo”, por lo que corresponde
al gobierno demostrarlos de manera contundente.
Precisamente el presidente Uribe Vélez quiere favorecer
personalmente a Mancuso y por esta
circunstancia “congeló” su
envío a Estados Unidos, cuyo gobierno y justicia han solicitado su
extradición para juzgarle por tráfico de drogas. Además, los
numerosos crímenes que ordenó y los que cometió, los secuestros y
delitos similares en los que participó a lo largo de 18 años van a
quedar en la impunidad por la propia decisión del Jefe del Estado,
quien,”inexplicablemente, está violando la ley y pasando por encima
del poder judicial”, como afirman dirigentes políticos de la
oposición.
La adopción de un marco legal debe “ser coherente y que
establezca condiciones claras para la desmovilización de grupos armados
al margen de la ley, en consonancia con las obligaciones internacionales
del Estado” que, además, debiera prever la situación de quienes ya
se “han plegado a procesos de desmovilización individual y colectiva
de modo de clarificar su situación”, expresa el informe.
La preocupación de la CIDH también ha sido reflejada por la
Unión Europea (UE) que en noviembre pasado solicitó al gobierno de
Uribe la creación de un “marco jurídico” para el proceso de
negociación con las Auc como requisito
indispensable para continuar apoyándolo financieramente, ante el temor
que esa banda de asesinos y
narcotraficantes sea beneficiada con “una impunidad de hecho”.
El gobierno colombiano, dijeron fuentes del Palacio de Nariño
–sede de la Presidencia- no ha respondido aún al informe de la CIDH
que, igualmente, advierte en éste sobre la necesidad de hacer un
cuidadoso seguimiento de las condiciones “bajo las cuales los miembros
de grupos armados al margen de la ley se plieguen al proceso de
desmovilización a fin de evitar que este se torne en un conducto hacia
la impunidad”.
Además de las Auc, en Colombia
actúan otras dos bandas terroristas: las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), la más
antigua de América Latina, que empezó como grupo guerrillero después
del 8 de abril de 1948 cuando se asesinó en Bogotá al jefe del Partido
Liberal Jorge Eliécer Gaitán y que cuenta
con 30.000 miembros, y el Ejército de Liberación Nacional (Eln)
que tiene 20.000.
La desmilitarización a “cuentagotas” de las Auc,
que el gobierno colombiano ha venido publicitando rimbombantemente a
través de todos los medios informativos nacionales e internacionales y
de sus embajadas en el mundo, no ha servido para que dejen de cometerse
“los actos de violencia e intimidación contra la población civil”,
dice el informe de la CIDH.
A pesar de la desmilitarización de 874 integrantes del
denominado “Bloque Cacique Nutibara”, en
noviembre de 2003, y que fueron los primeros en entregar sus armas,
sigue persistiendo “el dominio paramilitar en ciertas comunas
(barrios) de Medellín y los actos de violencia, hostigamiento e
intimidación contra quienes no expresen apoyo al proyecto de estos
grupos”.
A ese organismo de la OEA le preocupa, igualmente, que los
miembros de los frentes paramilitares involucrados en el proceso de
desmovilización han sido “repetidamente señalados como responsables
de graves violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional
humanitario”, por lo que deben merecer el castigo que ordenan las
leyes.
El informe también lanza una acusación directa al Gobierno de
Uribe cuando señala que en algunos casos la Comisión y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos han
“establecido la responsabilidad del Estado, toda vez que estas graves
violaciones a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos fueran perpetradas con la
aquiescencia de agentes estatales”.
Aunque Uribe ha insistido reiteradamente en solicitar un “total
respaldo” de la comunidad internacional a este proceso, las dudas
surgidas y reflejadas en las posiciones de la OEA, la UE y muchos
gobiernos, ponen de presente que “algo está mal hecho” y que no
habrá ese apoyo deseado mientras persistan sobre la posible impunidad
para los terroristas que entreguen sus armas porque el presidente
seguirá ordenando suspender las órdenes de captura y las extradiciones
autorizadas por la justicia para todos ellos. Es posible que, incluso, el propio gobierno estadounidense se siente burlado por el colombiano y que por esa causa deje de considerarlo un “amigo leal”, lo que puede incidir negativamente para que le siga prestando la necesaria e indispensable cooperación económica. Todo ello conduce a una única conclusión: Uribe está jugando, peligrosamente, con fuego y puede resultar quemado. |