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La larga lista de crímenes y delitos que
se cometieron a lo largo de su extenso mandato (1973-1990) va a pasarle
una cara factura al anciano ex general chileno Augusto Pinochet
Ugarte, porque casi en el mismo momento en que sufría un accidente
cerebro vascular, la Corte de Apelaciones de Santiago (CAS)
ratificó la orden de arresto y la continuación del proceso en
su contra.
El 11 de septiembre de 1973 accedió al
poder cuando era Comandante del Ejército y participó activamente en un
golpe de Estado contra el presidente constitucional Salvador Allende,
quien se suicidó en el Palacio de la Moneda, cuya sede fue bombardeada
y semidestruida tras intensas acciones de la Fuerza Aérea y del
Ejército de Tierra.
Pinochet
ingresó el 18 de diciembre de 2004 en el Hospital Militar de la capital
chilena y dos días después la CAS, a través de una resolución
aprobada por unanimidad de los magistrados que integran la Cuarta Sala,
rechazó un recurso de amparo (habeas corpus) que los abogados del
dictador habían presentado tras la decisión, del pasado 13 de
diciembre, del juez Juan Guzmán Tapia, que dispuso su arresto
domiciliario, el embargo de sus bienes y le sometió a un proceso por la
tenebrosa “Operación Cóndor”, realizada por las principales
dictaduras suramericanas en la década de los años 70.
Se le acusa de ser el autor de 10 crímenes
dentro de esa macabra operación y de haber coordinado a todos los
regímenes dictatoriales participantes en ella con el único objetivo de
asesinar a los opositores sin someterlos a juicio y sin el más mínimo
respeto a los derechos humanos y a la libertad de opinión de quienes no
compartían los métodos de gobierno.
Esa tenebrosa operación secreta fue
ordenada conjuntamente por los entonces presidentes de Argentina,
Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay y tenía como única misión
la de eliminar a sus opositores, bien asesinándolos, secuestrándolos,
torturándolos o haciéndolos desaparecer. Actualmente centenares de
personas se encuentran desaparecidas, especialmente en Argentina y
Chile.
La orden de arresto del magistrado Guzmán
fue paralizada el 14 de diciembre después de la petición del “habeas
corpus” elevada por los abogados de Pinochet
ante el Tribunal de Apelaciones, alegando que sufre “una demencia
moderada” por lo que dos años atrás la Corte Suprema había anulado
la celebración de un primer juicio al aceptar el dictamen médico.
El presidente de la Cuarta Sala de la CSJ,
Juan Escobar, al dar a conocer el veredicto unánime de los magistrados,
afirmó a la prensa que “solamente les puedo manifestar que con la
unanimidad de los integrantes, el recurso de amparo ha sido
rechazado”, por lo que el arresto domiciliario y el proceso deberán
cumplirse en los términos en que los ordenó el juez Guzmán.
De 89 años de edad, Pinochet
sufrió un desmayo cuando se encontraba desayunando y de inmediato fue
trasladado al Hospital Militar, cuyo director, Lionel
Gómez Serey, emitió un comunicado
señalando que su ingreso se originó “tras sufrir un nuevo accidente
cerebro vascular con pérdida de conciencia, déficit neurológico y
alteración de su motricidad”, y en otro informe médico se indicó
que había “evolucionado con signos vitales estables y recuperación
parcial y consciente”.
Aunque superó la crisis cerebro vascular,
los médicos que le atienden no descartan que el ex general procesado
“pueda quedar con secuelas psico
orgánicas”, por lo que será sometido a una amplia vigilancia médica
para evitar posteriores y peligrosas recaídas en su precaria salud.
En el caso de la “Operación Cóndor”,
el ex dictador chileno perdió el fuero especial del que gozaba como ex
presidente y que le permitía mantener completa inmunidad ante la
justicia, por lo que ahora no existen impedimentos para procesarle.
Abogados de Derechos Humanos en Chile
pusieron en duda la gravedad de la enfermedad que afectó a Pinochet,
y en una declaración escrita manifestaron que es “una nueva maniobra
para impresionar a los jueces y evitar que su arresto y procesamiento se
lleven adelante”. Abogados y familiares del ex presidente señalaron,
por su parte, que debido “a su precario estado de salud está
incapacitado para afrontar un proceso”.
En Argentina también se le sigue juicio
por el asesinato de su ex compañero de armas y de la junta militar
general Carlos Prats, la que inicialmente se estableció para gobernar
Chile tras el golpe de Estado, y quien murió víctima de un atentado en
Buenos Aires junto con su esposa.
“Tal como ocurre con muchos otros reos,
el proceso de Pinochet seguirá aunque su
salud esté debilitada”, declaró a la prensa Hugo Gutiérrez, uno de
los abogados querellantes de la Operación Cóndor y
quien le ha acusado de “estar dando un espectáculo porque en los
últimos años no ha tenido ninguno de estos desmayos o vahídos”.
Para Gutiérrez todo ello “refleja la
calidad moral del sujeto, que para evitar la acción de la justicia
acude a cualquier tupo de simulación”, mientras otros dos de sus
colegas, también abogados acusadores en la Operación Cóndor, dijeron
en una declaración, que la hospitalización del ex general “es una
maniobra vieja y antigua”, por lo que solicitaron que el juicio no
tenga más aplazamientos y que sea iniciado en el “menor tiempo
posible”.
Otro de los dictadores participantes en la
Operación Cóndor, el ex general Jorge Rafael Videla,
de 79 años, que gobernó su país entre 1976 y 1981 tras haber dirigido
un golpe de Estado contra la entonces presidenta de Argentina, María
Estela Martínez viuda de Perón, se encuentra también gravemente
enfermo y recientemente tuvo una crisis cardiovascular en su casa, donde
guarda prisión domiciliaria.
Videla está
considerado, al igual que Pinochet, como
“un asesino en serie” y ha sido calificado por historiadores
internacionales como “el más peligroso y sanguinario militar que haya
nacido jamás en Argentina”.
Ambos generales, a pesar de las
conocidas por muchos años divergencias argentino-chilenas, fueron los
artífices de la Operación Cóndor y de haber gobernado sus respectivos
países con “manos de hierro” y acudiendo a los más “sanguinarios
métodos para consolidar sus dictaduras y violar continuamente los
derechos humanos de sus respectivos compatriotas”.
La decisión de la justicia chilena se
encamina hacia una única meta: hacer cumplir al máximo, dentro del
estado de derecho, la ley y no otorgar privilegios de ninguna clase a
quienes en el pasado fueron poderosos pero abusaron de sus privilegios,
e implantar, como en el caso de Pinochet, un
régimen tenebroso en donde el abuso era la norma del día y no se
respetaba la vida a quienes disentían de su forma de gobernar.
Ni siquiera su elevada edad va a impedir que Pinochet
sea procesado y reciba el justo castigo que sus crímenes y abusos del
poder merecen. Ya ni quienes en el más reciente pasado le apoyaban,
tras conocer los escabrosos detalles de la Operación Cóndor y los
jugosos beneficios económicos obtenidos durante el tiempo en que
gobernó a Chile están con él. A toda persona le llega, para bien o
para mal, su hora. Y parece ser que la del ex general está a la vuelta
de la esquina. |