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El cumplimiento de la Constitución Nacional, restaurada mediante
una reforma de la Carta Magna en 1997 para autorizar la extradición de
colombianos solicitados desde el exterior para responder por sus
delitos, está supeditado, inexplicablemente, al capricho del Jefe del
Estado, Álvaro Uribe Vélez, que por razones políticas o de
conveniencia personal, decide la entrega o no de delincuentes o
terroristas.
De una forma extraña, Uribe se ha abstenido en los últimos
días de dar cumplimiento a las extradiciones autorizadas por la Corte
Suprema de Justicia (CSJ) de dos de los más sanguinarios
narcoterroristas, solicitados por la justicia y el gobierno de Estados
Unidos, supeditando razones de mero capricho personal al ineludible
deber que tiene, como presidente colombiano, de no incumplir la Carta
Magna ni la Ley.
Tras la escandalosa decisión tomada el pasado 17 de diciembre de
condicionar la extradición del narcoterrorista Salvatore Mancuso,
jefe de la banda Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), el mandatario
dispuso un día después no autorizar tampoco la de Juvenal Ricardo
Palmera Pineda (alias “Simón Trinidad”), uno de los más
sanguinarios miembros de la criminal organización Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc), supeditándola a que esta banda deje
en libertad a las 63 personas que mantiene secuestradas desde hace
muchos meses.
A Uribe se le acusa de mantener “un trato privilegiado” hacia
Mancuso, porque desde que fue gobernador de Antioquia apoyó las
acciones de las Auc y como son amigos desde hace muchos años, ahora
como presidente colombiano “no le apetece cumplir la ley y quiere
favorecer a su amigo personal”, según la oposicionista agrupación
política Polo Democrático, que lidera el ex terrorista Antonio Navarro
Wolf, ex jefe del Movimiento 19 de Abril (M19), que pactó la paz
durante el gobierno del presidente Belisario Betancur
(1982-1986) y sus miembros se integraron a la vida civil.
El mandatario condicionó la extradición de Mancuso, a través
de la resolución 303 expedida por el ministerio de Interior y Justicia,
a que “abandone las actividades ilícitas, cumpla con los
requerimientos del proceso de paz y contribuya a la desmovilización de
los miembros de las autodefensas”, nombre con el que el gobierno
define a la banda criminal, a pesar que está calificada
internacionalmente como lo que auténticamente es, una banda de
narcoterroristas.
El criminal que comanda las Auc y al que también se acusa de
haber ordenado, el 16 de abril pasado, el asesinato de quien era el
máximo líder de la banda, el narcoterrorista Carlos Castaño, tiene
pendiente varios juicios por tráfico de drogas, y el 10 de diciembre
encabezó una ceremonia de desarme de 1.425 miembros de la banda, en
acto celebrado en la población de Tibú. Se dijo en Colombia que había
entregado personalmente su arma para evitar ser extraditado,
amparándose en un supuesto interés por “alcanzar la paz” con el
presidente Uribe.
La Corte Distrital del Estados Unidos para el Distrito de
Columbia, lo ha acusado de varios delitos de narcotráfico, pero el
gobierno de Uribe, a través de la resolución 303, quiere
“ampararlo” porque además de no cumplir con la autorización
de la máxima instancia judicial colombiana, señala que “en caso de
ser procedente la extradición y la entrega de Salvatore Mancuso a
Estados Unidos, no podrá ser juzgado ni condenado por hechos anteriores
diversos del que motivó la solicitud de la justicia de ese país”.
La Carta Magna, desde luego, no señala en el artículo
pertinente a la extradición que la entrega autorizada de una persona a
la justicia de un país que le reclama legalmente se debe suspender
“para pagar anteriores favores”
como en el caso de Mancuso a Uribe, según dijeron miembros de la
oposición al mandatario, incluso del partido a que siempre perteneció,
el Liberal.
Pero si el escándalo estalló con esa decisión para favorecer a
Mancuso, la no extradición de “Simón Trinidad” lo elevó a su
máxima potencia, porque según Uribe, el ultimátum que dio a las Farc
para no enviarlo a Estados Unidos si antes del 30 de diciembre próximo
libera a los 63 secuestrados –entre civiles y militares, de los cuales
59 son colombianos, 3 estadounidenses y un alemán-, se basa en la
posibilidad de explorar “una liberación de los plagiados”.
Los tres estadounidenses –Marc Gonsalves, Thomas Howe y Keuth
Stansell- fueron secuestrados el 13 de febrero de 2003
al accidentarse el avión en que viajaban por la zona suroeste
colombiana del Departamento del Caquetá, cuando realizaban labores de
espionaje, y en donde fue asesinado un colombiano que les acompañaba.
“El gobierno tenía dos opciones: ordenar la extradición o
buscar la posibilidad de una liberación de los secuestrados”, afirmó
Uribe para defender su polémica decisión personal, la que hizo
patentar a través de la resolución 305, del pasado 17 de diciembre y
también firmada por uno de sus más obsecuentes y fieles
“escuderos”, el ministro de Justicia e Interior, Sabas Pretelt.
Según Uribe, el 21 de diciembre vencerá el plazo para la
extradición, y “por el bien de Colombia, el gobierno una vez más dio
un paso y escogió esta última opción para explorar la posibilidad que
liberen a los secuestrados”, lo que “no ocurrirá”, según dijeron
el abogado defensor de “Simón Trinidad”, Oscar Emilio Silva, y el
gobernador del Departamento (Provincia) del Valle del Cauca, Angelino
Garzón.
Silva, al anunciar la apelación de la resolución 305 dijo que
“no es posible que el gobierno revuelva lo jurídico con lo
político” y que se amenace a las Farc con extraditarlo si la
organización no libera a los 63 secuestrados.
Un argumento similar hizo Angelino Garzón, gobernador del
Departamento del Valle, quien se mostró en desacuerdo con
la decisión presidencial, al señalar que “Uribe está
mezclando política con un asunto humanitario”, porque con ello
“solo se generan tensiones y dolor entre los familiares de las
personas plagiadas”.
“Extradición y acuerdo humanitario son dinámicas diferentes.
El gobierno debería realizar esfuerzos mayores para encontrar espacios
de concertación, lograr la liberación de los secuestrados y estimular
escenarios de paz, tal como lo está haciendo con las Auc”, expresó
Garzón, que también pertenece al Partido Liberal, en el que militó
Uribe y del cual se ha retirado por su deseo de ser reelegido por otros
cuatro años al concluir su periodo constitucional el 7 de agosto de
2006.
“Simón Trinidad”, uno de los más radicales y sanguinarios
miembros del “Secretariado de las Farc” está acusado en Colombia de
secuestro, extorsión, homicidio agravado y terrorismo, además de haber
sido ya condenado por rebelión, tentativa de secuestro y lesiones
personales. Su capacidad para asesinar y cometer delitos atroces quedó
patentada, una vez más, cuando ordenó matar a su familiar la ex
ministra Consuelo Araúnonoguera, casi al final del periodo presidencial
de Andrés Pastrana Arango, en 2002.
Como ex comandante del denominado Bloque Caribe de las Farc,
“Simón Trinidad” desarrolló una sangrienta labor durante la cual
decenas de colombianos de bien murieron o fueron secuestrados y aún
siguen en poder de la banda terrorista, entre ellos la ex candidata
presidencial Ingrid Betancourt Pulecio.
Desde que fue capturado en Quito, el pasado 2 de enero, permanece
detenido en la prisión de máxima seguridad de Cómbita,
en el departamento de Boyacá.
Debido a las presiones de las bandas narcoterroristas, que
compraron a decenas de miembros del Congreso colombiano, la extradición
fue abolida de la Constitución en 1991 y el tratado que Estados Unidos
y Colombia firmaron en 1979 y denominado de “asistencia legal” dejó
de tener plena validez, pero desde 1997 volvió a ser legal al
reformarse nuevamente la Carta Magna.
El pasado 5 de junio el gobierno estadounidense, atendiendo una
petición de la Corte del Distrito de Columbia para juzgarle por
narcotráfico y por delitos de toma de rehenes –los tres
norteamericanos secuestrados desde febrero de 2003- solicitó al
colombiano su extradición.
El 2 de diciembre, el gobierno colombiano indultó a 23
terroristas de las Farc que no estaban condenados por delitos atroces,
también con el objetivo, según afirmó Uribe, de facilitar la entrega
de los secuestrados. La banda criminal no le hizo el menor caso al
Presidente y dijo que no liberaría a los secuestrados. Tampoco lo hará
para salvar a “Simón Trinidad” de la extradición, según el
abogado de este narcoterrorista.
Ni en la propia Colombia ni mucho menos en Estados Unidos se
entiende estas personales decisiones de Uribe, máxime cuando desde que
asumió el poder -7 de agosto de 2002- han sido extraditados a ese país
240 colombianos y precisamente el pasado día 18 fueron entregados en
Bogotá a agentes federales norteamericanos otros 8 delincuentes
acusados de “concierto para poseer, importar y distribuir cocaína y
heroína y de lavado de dinero, producto del tráfico de
estupefacientes”.
La oposición política colombiana se viene preguntando, desde
que se conocieron los detalles para no extraditar a Mancuso
y “Simón Trinidad” si es que el actual gobierno tiene “algún
pacto secreto” con ellos o teme por la amenaza del narcoterrorista de
las Farc, quien ha dicho que si es enviado a
Estados Unidos, durante su proceso judicial “cantaría” para hacerle
una especie de “juicio político” al presidente Uribe, por lo que,
inevitablemente, surge una pregunta: ¿Uribe se dejará ganar la partida
por los dos narcoterroristas?. |