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Contando con la complicidad de 52 diputados de los 100 que
conforman el Congreso Unicameral, el presidente ecuatoriano, Lucio
Gutiérrez, dio un avieso golpe a la justicia de su país, destituyendo
a 27 magistrados de la Corte Suprema (CSJ), en una decisión que ha
servido para enervar mucho más los ánimos de sus compatriotas y para
despertar una reacción desfavorable hacia lo que la oposición ha
calificado de “estar jugando con fuego”.
El pasado 9 de diciembre de 2004 el Congreso aprobó la
disposición transitoria 25 de la Constitución que permite, por una
sola vez, al poder Legislativo sustituir a los magistrados, los que
deberán ser elegidos en el futuro mediante un sistema de cooptación en
el seno de la propia CSJ.
Mientras el gobierno y el grupo legislativo que tomó la
decisión la calificaron como “la primera batalla que Gutiérrez ganó
a la oposición”, en los sectores políticos, empresariales, medios de
comunicación y de la influyente Iglesia fue rechazada y por eso se les
pidió “reconsiderarla” para evitar mayores males a un país que
desde hace muchos meses se debate dentro de una crisis política, social
y económica que, incluso, hizo creer que Gutiérrez sería destituido.
“El cuadro que se ha generado puede terminar en la anarquía o
en la dictadura”, afirmó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE)
en un comunicado oficial, en el cual solicitaron al Congreso y al
Gobierno “reconsiderar su proceder”, mientras la Cámara de Comercio
de Quito, a través de su presidente, Blasco Peñaherrera, dijo en carta
dirigida al influyente diario “El Comercio”, que “todos los
sectores productivos de Ecuador coinciden con que ha llegado el momento
de hacer frente a ciertos abusos del poder” y que es hora que el
pueblo diga “basta a la continuación de estos hechos que están
llevando al desastre a la República”.
Los magistrados destituidos, tras ser desalojados de la CSJ se
mantienen en sesión permanente en la sede del Colegio de Abogados de
Quito, y su presidente, Hugo Quintana, señaló que “me propongo
continuar en mi puesto hasta que sea legalmente remplazado”,
añadiendo que “la decisión inconstitucional adoptada por el Congreso
puede propagar el caos en Ecuador”, al igual que los sostienen Febres
Cordero, otros dirigentes políticos, el Colegio de Abogados y diversas
instituciones.
La CSJ está compuesta por 31 magistrados vitalicios y según el
gobierno y los 52 diputados que se prestaron a la “maniobra
política”, a los 27 destituidos se les considera simpatizantes del
Partido Social Cristiano (PSC) liderado por el ex presidente León Febres
Cordero, y el principal de la oposición.
Pero, indudablemente en donde reside la mayor gravedad de la
medida, es que fue tomada siguiendo los consejos de Abdalá
Bucaram, uno de los peores y más corruptos
gobernantes que ha tenido Ecuador, a quien se destituyó de su cargo en
febrero de 1997 tras sólo seis meses de gestión y se encuentra asilado
en Panamá, y a que fue tomada a espaldas de la mayoría de los
ecuatorianos.
Bucaram, a quien se conoce en su
país como “el loco”, afirmó haberse reunido en Panamá con
Gutiérrez el pasado primero de septiembre y de haber influido en la
decisión del ex coronel golpista, que gobierna Ecuador desde el 15 de
enero de 2003, para propinar “el golpe” a la justicia, según lo
declaró a la Cadena Radial Colombiana (Caracol).
La reunión del 9 de diciembre fue convocada por el propio
Gutiérrez, a pesar de la separación de Poderes que existe en Ecuador,
una vez que se aseguró la mayoría simple mediante “la compra de
conciencias” de diputados de la izquierda y del sector indígena,
según denunció la oposición.
Muchos de los diputados que apoyaron a Gutiérrez en esta aviesa
acción, hace un mes habían expresado su compromiso de “destituir al
presidente Gutiérrez por presunta malversación de recursos
públicos”. A raíz de este acontecimiento, el mandatario “engrasó
una maquinaria de corrupción para pagar con dineros y otorgar
beneficios” a quienes aprobaran la disposición transitoria y poder,
así, destituir a los magistrados, para evitar también posibles juicios
penales.
Además, otro de los propósitos de la medida es la de facilitar
el regreso de Bucaram al país, a pesar de
estar procesado por la justicia de cargos relacionados con la
corrupción y malversación de fondos públicos. Se busca, así, que los
nuevos magistrados, adeptos al poder, le “borren” todos los procesos
y cargos.
“Lo que se quiere con la reforma de la CSJ es facilitar
jurídicamente, entre otros objetivos, el regreso de Bucaram
y evitar que sea procesado y encarcelado”, expresó Febres
Cordero quien recordó, además, que Bucaram
como presidente del Partido Roldosista de
Ecuador (PRE), “ha venido apoyando sistemáticamente a Gutiérrez y su
gobierno”.
La “maraña” que
ha formado Gutiérrez para acabar con sus “enemigos políticos”
y evitar ”ser enjuiciado”, empezó a dar sus frutos el pasado
9 de noviembre cuando logró que cuatro diputados de la oposición
desertaran para que el Congreso no pudiese aprobar el inicio del juicio
que conllevaría, muy posiblemente, a su destitución. De esta forma
organizó una nueva mayoría que ahora denomina “institucional” y
que incluye a numerosos diputados que antes eran, incluso, “enemigos
políticos suyos”.
El ex coronel golpista iba a ser procesado por malversación de
fondos públicos, cohecho y varios delitos contra la seguridad del
Estado, entre ellos el de “traición a la Patria”, pero en aquella
fecha debilitó a la oposición dejándola con 48 diputados, y para
poder aprobar su enjuiciamiento, se necesitaban 51 votos.
Gutiérrez ha prometido realizar en 2005 “una profunda
reorganización política” que incluirá al gobierno y al parlamento y
dentro de la oposición se cree que en el nuevo gabinete ministerial
nombrará a varios de los diputados tránsfugas para “premiarles su
traición a sus antiguos partidos”.
Igualmente el mandatario dijo que la designación de los 31
nuevos magistrados de la CSJ, que pertenecerán o simpatizarán con los
grupos que ahora le apoyan, va a “proporcionar calma al país y le
permitirá respirar con tranquilidad”, lo que no comparte el
vicepresidente del Congreso, Ramiro Rivera, del Partido Democracia
Popular (PDP), de centro-izquierda, quien declaró a la televisión que
“Gutiérrez está jugando con fuego al haber logrado esta victoria
aplicando una controvertida disposición transitoria, pues en el futuro
no podrá quejarse si se hace con él algo parecido”.
Con el correr de los días, Ecuador ha visto surgir a un
“desafiante Gutiérrez” pidiendo al pueblo “estar en pie de
lucha” (al estilo de su íntimo amigo, el presidente venezolano, Hugo
Chávez, también ex coronel –del cuerpo de paracaídas-, populista y
golpista) para “un cambio positivo, para que esta lucha a muerte en
contra de la oligarquía corrupta que mantuvo secuestrados a organismos
del Estado y, nuevamente con piel de oveja, cuando todos sabemos que son
lobos feroces, puedan desinformar a la opinión pública”.
Los magistrados destituidos, según declaró a la prensa Teodoro
Coello, uno de los afectados, “nos proponemos denunciar ante todos los
organismos internacionales legales la agresión ocurrida en el país”,
ya que todos los jueces de la CSJ son vitalicios, como lo acordó y
definió la Asamblea Constituyente de 1997. También afirmó que “para
cambiarlos vía Congreso, hace falta la reforma de la Constitución, lo
cual no hicieron los diputados”, que aprobaron la medida el 9 de
noviembre.
Para nadie es un secreto en Ecuador que Gutiérrez, que continúa
dando “palos de ciego” en el ejercicio de su mandato, se ha metido
en un “berenjenal” y que los tránsfugas han demostrado tener muy
poca conciencia y el mayor irrespeto para quienes le votaron.
Hay que recordar, asimismo, que en el reciente informe del
organismo Transparencia Internacional, Ecuador encabeza la “lista
negra”, entre 64 países, con los partidos políticos más corruptos
del mundo, con una nota escalofriante de 4,9 sobre 5. Esto viene a
demostrar que Gutiérrez y su gobierno no tuvieron “grandes
dificultades” para utilizar la corrupción y comprar las conciencias
de los legisladores que traicionaron a sus partidos.
Pero esa acción puede ser perjudicial para el país, porque
podrá entrar en el más completo caos y la ambición de Gutiérrez para
hacerse con la rienda de todas las instituciones y organismos tiene
ahora “semáforo verde” para apoderarse de la Contraloría, la
Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación y la
Procuraduría, entre otras, con lo cual la corrupción propiciada por el
mandatario será casi la segura y futura “carta de identidad” de
Ecuador. Y este país, rico en petróleo y en buena gente, no se merece
tan caótica suerte. |