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Salvatore Mancuso,
uno de los más sanguinarios narcoterroristas colombianos, que dirigió
personalmente decenas de matanzas, secuestros y que está ampliamente
involucrado en el tráfico de drogas y actual “comandante” de la
banda paramilitar y de extrema derecha Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),
encabezó la desmovilización de 1.425 de sus miembros en acto celebrado
el 10 de diciembre de 2004 en la población de Tibú.
No obstante que la ceremonia de desmovilización ha sido
considerada por el gobierno colombiano presidido por Alvaro
Uribe Vélez, como “un triunfo” para buscar acabar con la violencia
y el terror que desde hace más de 50 años afronta esa nación, se dijo
en círculos políticos, jurídicos y especialmente militares, que Mancuso
“con su desarme lo que persigue en el fondo es evitar la extradición
a Estados Unidos”.
Al hacer entrega de su arma, una pistola marca Glott,
de nueve milímetros y fabricación alemana al Alto Comisionado de Paz,
Luis Carlos Restrepo, el terrorista “pidió perdón” a todas las
personas y países a los que su acción haya “causado dolor”,
durante una intervención cercana a los 40 minutos.
La desmovilización, supervisada por el representante de la
Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramagna,
autoridades civiles, militares y eclesiásticas y con la presencia
inesperada de Stewart Tuttle,
subdirector de Asuntos Políticos de la embajada de Estados Unidos en
Colombia, ha sido la más amplia desde que gobierno y las Auc
iniciaron, el pasado primero de julio, un proceso de paz encaminado a
integrar a los paramilitares en la vida civil del país.
“Con el alma anegada de humildad pido perdón al pueblo de
Colombia, pido perdón a las naciones del mundo, entre ellas, Estados
Unidos, si por acción u omisión las pude ofender. Ruego el perdón de
cada madre y de aquellos cuyo dolor causamos”, afirmó Mancuso,
mientras el Comisionado Restrepo elogiaba su gesto y expresaba la
complacencia del gobierno.
También Mancuso pidió disculpas a
“mis hijos y a mi esposa por no acompañarlos en los momentos más
difíciles” y expresó su deseo porque la “paz se alcance
definitivamente en Colombia”, a la vez que proclamó que “el hombre
que les habla sepultó al comandante victorioso de ayer. Ahora nace el
amigo y el compatriota. Fui convencido por la creencia cristiana”.
“Este paso será definitivo para que todos aquellos que crean
todavía que con una arma en la mano pueden ayudar a construir el futuro
de la nación, entiendan que el camino de la violencia está cerrado”,
indicó Restrepo, quien calificó el día como “histórico” por
tratarse de la mayor movilización que “ha ocurrido en el país y
ahora los habitantes del Catatumbo
(departamento al que pertenece Tibú y
que estaba dominado por las Auc y colindante
con Venezuela) tienen la obligación de encontrar su seguridad en las
fuerzas del Estado”. Los
1.425 miembros de la banda Auc entregaron al
gobierno un amplio arsenal compuesto por 60 ametralladoras M60, 905
fusiles, 15 revólveres, 37 pistolas, 32 proveedores, 19 subametralladoras,
603 granadas, 21 morteros y 21 lanzagranadas que, al parecer, será
destruido próximamente.
Mientras el representante de Estados Unidos asistió al acto y no
se pronunció públicamente sobre el mismo como tampoco se refirió a la
solicitud de extradición de Mancuso y otros
jefes de esa banda terrorista que la justicia y el gobierno de su país
han hecho al colombiano, el representante de la OEA expresó su
“satisfacción personal y la del Organismo porque se ha dado un paso
muy importante para buscar acabar con la violencia, lo que hace pensar
que sí es posible alcanzar la paz en Colombia”.
El acto de desmovilización se alargó porque también
intervinieron el Gobernador del Departamento de Norte de Santander, Luis
Miguel Morelli, el Obispo de Tibú,
monseñor Camilo Castrillón y el alcalde de
Tibú, Bernardo Betancur,
además de otros dos jefes de la banda Iván Roberto Duque (alias
“Ernesto Báez”), quien aseguró que “nos veremos más adelante en
los campos de Colombia, pero sembrando convivencia y paz” y “Camilo Catatumbo”,
un antiguo capitán del ejército.
Mancuso viajó posteriormente a la
denominada “zona de ubicación” de 368,790 kilómetros cuadrados en
Santa Fe de Ralito, en el departamento de Córdoba, al norte del país,
y que el presidente Uribe Vélez entregó a las Auc
para realizar en ella las negociaciones de paz. Esa zona ha sido
calificada por la propia opinión pública colombiana como una
“república independiente”, ya que a ella no pueden ingresar las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En esa zona, Mancuso esperará
“tranquilamente” que el Congreso colombiano apruebe el marco
jurídico que le permita a él y a todos los desmovilizados de las Auc
el retorno a la vida civil bajo unas especiales garantías y, sobre
todo, a que se impida al gobierno autorizar su extradición que, según
el propio mandatario, se encuentra “congelada” a pesar de la
opinión favorable que emitió la Corte Suprema de Justicia para ser
enviado a Estados Unidos en donde se le juzgará por tráfico de drogas.
Con esta nueva desmovilización, se calcula que de la banda de
las Auc, conformada por unos 15.000
miembros, lo ha hecho ya el 20 por ciento y según Restrepo, “es un
buen porcentaje que está fuera de la guerra” y que el gobierno espera
se incremente antes de finalizar el presente año porque los
“bloques” Calima y Pacífico, operativos en el Departamento del
Valle del Cauca, anunciaron la entrega de sus armas para mediados de
este mes.
En el curso de la próxima semana el Congreso Nacional empezará
a tramitar el conocido “Proyecto de Consenso Político” en el
que se incluirán las “herramientas jurídicas” para la
desmovilización de “grupos armados ilegales” que entren en diálogo
de paz con el gobierno.
El ejecutivo que preside Uribe, a pesar que internacionalmente
las Auc, las Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia (Farc) y el Ejército de
Liberación Nacional (Eln) son consideradas
organizaciones terroristas, sigue denominándolas con el eufemístico
nombre de “grupos armados ilegales” o de “grupos guerrilleros”.
Según declaró la representante a la Cámara Gina Parody,
el Proyecto de Consenso Político “combinará los tres elementos de
verdad, justicia adecuada y reparación a las víctimas” para evitar
una amnistía disfrazada y que les permita eludir responsabilidades a
quienes entreguen sus armas y se integren a la vida civil.
Aparentemente ese Proyecto incluirá sustanciales rebajas y
beneficios a los desmovilizados involucrados en casos
de sangre y tráfico de drogas porque está enmarcado dentro de un
proceso de paz y no de la captura directa de los responsables. De todas
maneras se cree que autorizará penas de prisión entre 4 y 10 años.
Al desmovilizarse Mancuso (“una
acción positiva para él porque pondrá entre la espada y la pared al
gobierno de Uribe frente al de Estados Unidos”, según un alto militar
colombiano) es posible que al Jefe del Estado “le tiemble la mano”
para firmar la orden de extradición y que el “comandante” de la
banda terrorista pueda quedarse en el país, crear –como dijo- un
partido político y entrar en la lucha electoral en el más inmediato
futuro.
La población colombiana, según diversas encuestas, está
dividida sobre el tema, aunque una mayoría -58 por 42 por ciento-
expresa que “Mancuso tiene que pagar por
todas las atrocidades cometidas y debe ser extraditado”.
Además, si Uribe incumple su compromiso ante Estados Unidos
perderá con el gobierno presidido por George
Bush unos márgenes de confianza que ahora
le son favorables ante la propia opinión pública colombiana y si
entrega al solicitado narcoterrorista entonces puede ocurrir que el
resto de miembros de las Auc que no ha
entregado sus armas, resuelva no seguir en las negociaciones de paz. La
jugada parece, por ello, que le salió perfecta a Mancuso
y que la “patata caliente” está en el tejado del gobierno. |