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El presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, quiere convertir
a su país en una “segunda Cuba” y con la nueva reforma del código
penal intenta aumentar la “mordaza” y, una vez más, atentar contra
la libertad de expresión y de movimiento para “seguir ejerciendo sus
funciones con el sanguinario estilo de su admirado maestro Fidel
Castro”, afirmaron en Caracas el 7 de diciembre de 2004, portavoces y
miembros de los partidos de la oposición política y de organismos de
prensa y empresariales.
La aprobación de las reformas del código penal por parte de la
Asamblea Nacional, que está dominada por el “chavismo”, se une al
reciente ataque a la libertad de prensa, realizado el pasado 20 de
noviembre, cuando la misma corporación legislativa dio su visto bueno a
la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión.
Ambas iniciativas gubernamentales aprobadas por el Parlamento y
conocidas ya popularmente en el país como “las mordazas” otorga los
más amplios poderes al presidente Chávez, al estilo de los
personalistas que detenta desde hace más de 45 años el dictador Castro
en Cuba y que únicamente ha originado problemas a sus habitantes, en
atención a que la Isla está internacionalmente bloqueada de toda ayuda
de los países occidentales e. incluso, de Rusia, que antes fue su
aliado.
La reforma por la Asamblea Nacional de los 38 artículos del
Código Penal dejará a los venezolanos que no apoyen al mandatario
totalmente desprotegidos, máxime cuando el Tribunal Supremo de
Justicia, la Fiscalía y el Consejo Nacional Electoral, entre otros
organismos, están en manos de confesos “chavistas”, que en los
últimos meses han tenido participación especial en los acontecimientos
derivados de la crisis política que vive el país desde el 12 de abril
de 2002 y que aún sigue vigente a pesar del Referendo Revocatorio del
periodo presidencial, celebrado el pasado 15 de agosto.
El nuevo Código Penal permitirá a Chávez tener
“absolutamente maniatados” a los venezolanos que no le son adictos,
como ha ocurrido con los cubanos en la Isla, porque al más puro
“estilo castrista”, en el futuro no se podrán incluir caricaturas
de humor que, a juicio del mandatario, sean “difamatorias”, porque
su autor podrá ser condenado de uno a tres años de cárcel. El
gobierno, con el apoyo de los jueces y magistrados “chavistas” la
puede considerar como una prueba del delito de difamación o injuria y
condenar a quien la compuso y publicó a prisión.
“Quien comunicándose con varias personas reunidas o separadas,
hubiere imputado a algún individuo un hecho determinado capaz de
exponerlo al desprecio público o al odio público, será multado con
prisión de uno a tres años”, se dice en la reforma del artículo 444
del Código Penal.
Pero el asunto se extiende mucho más, porque el texto
reformatorio de dicho artículo prosigue: “En caso de que la
difamación se produzca en documentos públicos o con escritos, dibujos
divulgados o expuestos al público o con otros medios de publicidad
bastará como prueba del hecho punible y de la autoría, el ejemplar del
medio impreso, o copia de la radiodifusión o emisión televisiva de la
especie difamatoria”.
La “mordaza” va mucho más contra los venezolanos porque los
tradicionales “cacerolazos”, convertidos ya en una tradición en el
país podrán ser, igualmente, penalizados, y cada persona que participe
en ellos será arrestada, como mínimo, durante 30 días.
Según el artículo 37 del proyecto de reforma, alusivo al
artículo 508 del Código Penal, “todo el que, con gritos y
vociferaciones, con abuso de campanas u otros instrumentos, o
valiéndose de ejercicios o medios ruidosos, haya perturbado las
reuniones públicas, será penado con arresto hasta por un mes”.
Pero como el gobierno sabe que este fue un instrumento utilizado
continuamente y con mucho éxito por sus opositores en el más reciente
pasado, entonces lo quiere penalizar mucho más y en caso de
reincidencia la pena se duplicará, pero también se cuadruplicará
“si el hecho es cometido contra la persona del Vicepresidente de la
República, los magistrados del Tribunal Supremo”… o de los
ministros, gobernadores, diputados, algún miembro del Consejo
Electoral, el Defensor, el Fiscal, El Procurador o el Contralor”.
Como Chávez, según los empresarios periodísticos y
radiofónicos les prometió una “intensa persecución” tras ganar el
referendo, porque no se habían sumado a su campaña proselitista y
sectaria, que dejó varios opositores muertos, también la reforma del
artículo 446 relacionado con la injuria (“defensa al honor y la
reputación de un individuo”) afecta directamente a la prensa.
Los “chavistas” consideran, y así lo señala el texto
reformatorio, que “el delito también puede cometerse a través de los
medios de comunicación”. Actualmente el delito de injuria es
castigado con entre 15 días y tres meses de prisión, pero ahora pasa
de “uno a dos años”, pues se quiere llegar hasta el cierre de esos
medios porque simplemente el “gobierno dictatorial considere cualquier
comentario hecho dentro de la libertad de expresión como una
injuria”, dijeron legisladores oposicionistas.
Sin embargo, los continuos insultos y las numerosas ofensas que
Chávez lanza a través de los medios que le son adictos, y
especialmente las diatribas y amenazas que semanalmente hace en el
programa “Aló, Presidente”, no van a ser cuestionadas ni llegarán
a constituirse en delitos porque para ello están jueces como Iván
Rincón, presidente del Tribunal Supremo, o el Fiscal General, que se
encargarán de torpedear toda iniciativa contra el mandatario.
Si el delito llega a ser de índole electoral, entonces se
contará con “la eficaz colaboración” del presidente del Consejo
Nacional Electoral, Francisco Carrasquero, y de otros dos rectores del
mismo, todos confesos “chavistas” y
quienes ya recientemente dieron “muestras de su lealtad y sometimiento
incondicional a Chávez, manipulando todo lo relacionado con el
referendo de agosto y cometiendo un fraude que nadie ha querido
investigar por temor al dictador”, como dijo un antiguo miembro de la
Coordinadora Democrática (CD), que reunió a la oposición durante
muchos meses.
En relación con la Ley de Responsabilidad Social en Radio y
Televisión, a la que diversos países democráticos y las
organizaciones periodísticas del mundo han rechazado por considerarla
“violatoria de la libertad de prensa y de los derechos de opinión”
de los venezolanos, el gobierno dictatorial recibe en ella poderes para
que “se acallen las críticas de quienes no están de acuerdo con los
procedimientos del Ejecutivo”.
Esta “Ley mordaza”, como se le conoce popularmente,
permitirá a Chávez a realizar una “auténtica caza de brujas contra
la independencia de los periodistas” y “avasallar a toda la prensa
para que la libertad de expresión tenga una muerte lenta”, como lo
señaló en su oportunidad el diputado Alfonso Marquina, del partido
Acción Democrática (AD), porque lo que se desea intensamente es que en
Venezuela “no exista prensa libre sino una especie de diario al estilo
del servil Gramma”.
Para la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la situación en
Venezuela, antes y después del referendo, “está dando un giro
alarmante hacia la restricción e intimidación de la prensa” porque a
través de ella se amordazará a los medios de comunicación y le dará
al gobierno un “control fundamental sobre la programación y
permitirá la censura previa”.
Este organismo recordó, además, que “la intimidación contra
periodistas (independiente) va en aumento” no solo por parte del
gobierno sino del partido Quinta República y del Movimiento
Bolivariano. Este último, organizado como una especie de “brazo
armado” del “chavismo”, ha “realizado impunemente atentados,
asesinatos de ciudadanos y persecución a los opositores sin haber
recibido nunca ningún castigo porque el propio mandatario lo respalda y
protege”, según Acción Democrática.
Cuando un país pierde su confianza en la justicia, como ocurre
en Venezuela, es que las cosan “no andan bien”. Hay muchas
acusaciones de corrupción de jueces y magistrados y en todas ellas
están involucrados miembros del gobierno, especialmente Chávez, el
vicepresidente, José Vicente Rangel, a quien se conoce como “un
periodista renegado”, y el ministro de Justicia e Interior, Jesse
Chacón, como lo han denunciado continuamente Acción Democrática, el
Partido de la Democracia Cristiana y organismos de prensa.
La “sumisión que Chávez tiene hacia Fidel Castro” es una de
las principales causas, de acuerdo con la oposición, para que el ex
coronel golpista que preside los destinos de Venezuela, quiera convertir
a este país en una “sucursal castrista con los mismos métodos
sanguinarios y terroristas que por tantas décadas han estado vigentes
en Cuba”, y “haciendo cambiar a su arbitrio y capricho las
principales leyes que sustentan un legítimo Estado de Derecho”. |