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Por fin uno de los más temibles “capos” de las mafias
colombianas, el narcotraficante Gilberto Rodríguez Orejuela (alias
“El Ajedrecista”), fue entregado el 3 de diciembre de 2004 a las
autoridades de Estados Unidos por el gobierno que preside Álvaro Uribe
Vélez, y se encuentra ya ingresado en el Centro de Detención Federal
de Miami, para empezar a responder ante la justicia de ese país a
partir del próximo día 6.
“El Ajedrecista”, que presidía junto con su hermano Miguel
el narcotraficante “Cartel de Cali”, tan poderoso como el “Cartel
de Medellín” que fundó el mafioso Pablo Escobar Gaviria, fue
entregado en el Aeropuerto Militar de Bogotá (Catam)
a alguaciles estadounidenses, tras la resolución de extradición
número 288, del dos de diciembre, firmada
por Uribe Vélez y el Ministro de Interior y Justicia, Sabas
Pretelt, y luego de haber recibido la
pertinente autorización por parte de la Corte Suprema de Justicia
(CSJ), el pasado 2 de noviembre.
Rodríguez Orejuela, de 63 años, que se desempeñaba como
mensajero en una farmacia, está acusado, junto con su hermano, que
también está detenido en una cárcel colombiana, de integrar la
“más grande mafia del tráfico de cocaína” durante las décadas de
los años 80 y 90 y de haber exportado no menos de 800 toneladas del
estupefaciente a Estados Unidos.
De ser un joven que llevaba a domicilio las medicinas para los
enfermos en su pueblo natal de Mariquita, en
el departamento del Tolima, Rodríguez se
convirtió, a los 40 años, en un poderoso “capo”, creando en Cali
numerosas empresas “tapaderas” para
desarrollar su ilícito negocio y pasó a ser considerado una de las
personas más ricas del mundo con un patrimonio que supera los 6.000
millones de dólares.
En el año 1984 Rodríguez fue detenido por primera vez en Madrid
bajo la acusación de tráfico de estupefacientes y tras varios meses en
la antigua cárcel de Carabanchel, el
gobierno español presidido entonces por Felipe González y cuyo
ministro de Justicia era Fernando Ledesma, lo extraditó a Colombia
desoyendo la petición que en este mismo sentido le habían
elevado las autoridades judiciales y el gobierno estadounidense.
En Colombia, su capacidad para sobornar jueces y autoridades
carcelarias, en una cadena delictiva de la que también hacían parte
abogados y periodistas corruptos, le permitió ser “absuelto” por un
magistrado al que “compró con dinero” y el cual alegó “falta de
pruebas”, tras un proceso de dos años, y al quedar en libertad pasó
a la clandestinidad para seguir manejando “el negocio familiar del
narcotráfico” desde un desconocido lugar.
El jefe mafioso viajó el viernes desde Bogotá a Miami en una
aeronave de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) tras haber
llegado 45 minutos antes procedente de la Cárcel “La Picota” y
después de permanecer en ella desde el 15 de noviembre de 2003, cuando
fue recapturado, ocho días después de haber sido liberado por un juez
de Tunja, “también sobornado”, según denunció entonces el
gobierno colombiano a través de su ministro de Justicia e Interior,
Fernando Londoño.
Por todos los delitos de los que la justicia colombiana le ha
encontrado culpable, “El Ajedrecista” ha permanecido en cárceles
del país un total de 7 años y 15 meses y ahora le espera en Estados
Unidos una condena que, según han dicho miembros de la justicia, no
será inferior a 30 años.
El amplio poder para corromper magistrados haciendo “correr
enormes cantidades de dinero” entre miembros de la justicia, le
permitió obtener “sustanciales rebajas de penas” pues en Colombia
recibió condenas por un total de 45 años y, finalmente, sólo debía
estar en prisión un total de 10 años y 6 meses. Esto significa que le
faltaban, antes de ser enviado a Estados Unidos, 3 años y 9 meses más
de permanencia en la cárcel.
El jefe mafioso, al que seguramente muy pronto acompañará su
hermano Miguel, solicitado, asimismo, por la justicia estadounidense,
será juzgado en tribunales de Miami y Nueva York
bajo la acusación de continuar dirigiendo operaciones de narcotráfico
desde la cárcel de Bogotá.
Su abogado Jorge Luis Gutiérrez, asiduo defensor de
narcotraficantes colombianos, anunció que “interpondrá una demanda
ante lo contencioso-administrativo no solamente por el caso sino porque
se está afectando al estado de derecho en Colombia” en declaraciones
a la Cadena Radical Colombiana (Caracol), mientras su hijo Jaime
Rodríguez afirmó en Cali que con la extradición se “había cometido
una injusticia” y que en “Estados Unidos continuará la defensa de
mi padre”. En este país lo defenderá José
Quiñón, otro abogado de numerosos y reconocidos mafiosos.
El gobierno colombiano, al autorizar la extradición, puso de
presente, al contrario de lo que opina Gutiérrez, que los delitos por
los que la justicia estadounidense le reclama “son diferentes a los
que sirvieron de base para condenarlo” en el país y que por tanto no
existen obstáculos para dar cumplimiento a la autorización otorgada
por la Corte Suprema que estudió íntegramente todos los argumentos
jurídicos, en pro y en contra, y determinó que la entrega del
“mafioso” era constitucional.
Coincidencialmente su extradición, un 3 de diciembre, coincidió
con la muerte, en ese mismo día, pero de 1992, del sanguinario
“capo” Pablo Escobar, quien fue abatido en Medellín durante un
enfrentamiento armado con miembros del ejército y la policía, después
de haber huido de la cárcel de Itagüi
–cercana a esa ciudad- al contar con la colaboración de varios
guardianes.
Escobar, contando con la complicidad del estamento carcelario,
había ordenado construir un túnel que le permitía abandonar la
prisión a diario para ordenar sus acciones delictivas consistentes no
solo en el envío de la cocaína hacia Estados Unidos y Europa sino del
asesinato de prestantes personalidades, entre ellas el candidato
presidencial por el partido Liberal, Juan Carlos Galán Sarmiento,
acribillado a balazos el 18 de agosto de 1994 y del director del diario
El Espectador, Guillermo Cano, ocurrido el 20 de diciembre de 1986.
Uno de sus “lugartenientes”, Fabio Ochoa Vásquez, miembro de
otro “clan familiar mafioso” de Medellín fue extraditado desde el
año 2002 y se encuentra recluido en una cárcel de máxima seguridad en
Estados Unidos, en espera de condena, al igual que Carlos Lehder,
uno de los primeros subalternos de Escobar, que fue sentenciado a cadena
perpetua hace varios años.
Entre el 10 de septiembre y el 2 de noviembre pasados fueron
extraditados otros 27 reconocidos narcotraficantes y Gabriel Puerta
Parra, uno de los 12 jefes más buscados por la justicia estadounidense
está pendiente de la decisión del gobierno de Uribe, luego de haber
sido capturado el pasado 6 de octubre en la población de La Vega,
cercana a Bogotá. Igualmente está pendiente la de Luis Hernando Gómez
Bustamante (alias Rasguño), detenido en La Habana y que a través de
Cuba introducía a Estados Unidos la cocaína del “Cartel del Norte
del Valle”.
No obstante la extradición de Rodríguez Orejuela, el presidente
Uribe se encuentra en la “mira internacional” porque también la
Corte Suprema autorizó otras entregas de narcoterroristas a las
autoridades estadounidenses, entre ellos las del dirigente de las
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc)
Ricardo Palmera Pineda (alias Simón Trinidad), que fue detenido en
Quito, y la del líder de las paramilitares Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc), Salvador Mancuso.
Recientemente el gobierno hizo saber que la extradición de Mancuso
“estaba congelada” porque las Auc
adelantan “presuntas” negociaciones de paz, de las que pocas
muestras de quererla han dado, y él encabeza la negociación por parte
de la banda terrorista
ultraderechista.
El gobierno colombiano, por este motivo, se encuentra entre la
“espada y la pared”, máxime cuando el de Estados Unidos le ha hecho
saber que no aceptará más incumplimientos en esta materia y le está
exigiendo la entrega de ambos terroristas. Aunque extradite a muchos
otros, dejará de cumplir sus compromisos internacionales si sigue
negándose a autorizar, como sí lo hizo con Rodríguez Orejuela, que
Simón Trinidad y Mancuso sean juzgados y
condenados por una justicia imparcial. |