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El gobierno de Brasil recibió presumiblemente la autorización
de la Organización Internacional de Energía Atómica (OIEA) para
activar su planta enriquecedora de uranio situada en Resende, localidad
cercana a Río de Janeiro, anunció el 24 de noviembre de 2004 el
ministro brasileño de Ciencia y Tecnología, Eduardo Campos, aunque la
entidad perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
anunció desde Viena que “aún quedaban por resolver algunas
discrepancias”.
La contradicción entre el gobierno brasileño y la OIEA quedó
en evidencia cuando un comunicado de los ministros Campos y Celso Amorim,
de Relaciones Exteriores, dio el hecho por seguro, mientras el portavoz
del organismo encargado de fiscalizar las instalaciones atómicas, Mark
Gwozdecky, expresó que “faltan flecos”
para que esa autorización se produzca definitivamente.
“Hemos logrado un acuerdo de manera que nuestra planta de
Resende (60 kilómetros al oeste de Río de Janeiro) pueda comenzar a
operar. Eso significa que podemos iniciar las pruebas inmediatamente”,
indicó el comunicado de los dos ministros brasileños, mientras Gwozdecky
expresó que “La OIEA está aún en proceso de concluir nuestra
evaluación para posibles acuerdos de salvaguardia en la planta de
Resende”.
Las discrepancias entre Brasil y la OIEA habían quedado patentes
el pasado 10 de abril cuando el gobierno que preside Luiz
Inácio da Silva (“Lula”) se negó a
aceptar visitas de los inspectores del organismo fiscalizador que
habían pedido autorización para revisar las centrifugadoras de las
fábricas de uranio alegando que “tiene que defender sus secretos
industriales” y que no estaba ejecutando programas de fabricación de
armas nucleares. Durante el año 2003, la OIEA realizó no menos de 50
visitas de inspección a las instalaciones brasileñas.
A pesar que en febrero y marzo pasados el gobierno presidido por
“Lula” se negó a autorizar las
visitas de dos misiones de la OIEA que pretendían inspeccionar la
centrifugadora de Resende, sí las autorizó al resto de las
instalaciones “para verificar si el material tratado se conjugaba con
su uso para fines pacíficos”.
Aunque no permitió una visión completa de las áreas de
centrifugación por parte de los inspectores de la OIEA, sí les
permitió tener un “acceso visual parcial a ellas”, por lo que el
gobierno brasileño consideró que las divergencias habían quedado
superadas y se había alcanzado un “final feliz”.
Brasil posee una de las mayores reservas mundiales de uranio y su
programa de explotación, anunció
el gobierno en aquella época, estaba previsto para realizarse con un
“grado de enriquecimiento inferior al cinco por ciento para el
funcionamiento de sus centrales energéticas de Angra I y II y,
eventualmente, de Angra III”.
El enriquecimiento inferior al 5 por ciento impide por su
insuficiencia construir armas atómicas y por eso Brasil no se propone
realizar programas en tal sentido; respecto a las excedencias de uranio,
el gobierno desea exportarlas a los países que garanticen que “no la
usarán para construir armas con fines belicistas”.
“Brasil no pretende tener la bomba atómica y únicamente busca
proteger su capacidad de desarrollo industrial, por lo que no constituye
ninguna amenaza para nadie”, reiteró el canciller Amorim,
para quien su país tiene la necesidad de “desarrollar una tecnología
importante para obtener energía barata e independencia en ese
sector”.
Según declaró Campos el 24 de noviembre, la “etapa
experimental puede durar de seis a ocho meses” y la producción que
resulte será dirigida a las plantas nucleares en actual funcionamiento
de Angra I y Angra II, que generan un total del 4,3 por ciento de la
energía eléctrica que consume el país”.
Para este ministro, en declaraciones a la prensa, el sólo hecho
de “haber recibido la autorización de la OIEA representa una etapa
más superada en el programa nuclear brasileño y representa una
economía de divisas al país”. Al mismo tiempo Campos expresó que su
gobierno puede informar oficialmente que no va a desarrollar un programa
nuclear, porque “Brasil es un país cuya Constitución contempla el
carácter pacífico de su plan nuclear”.
El gobierno iniciará inmediatamente las primeras pruebas en
Resende en el primer módulo de un total de cuatro que comprende el
proyecto completo hasta el año 2010, señaló Campos. Este primer
módulo, según el plan aportará no menos del 15 por ciento del uranio
requerido para todas las plantas.
Una vez cumplido el programa con los cuatro módulos previstos,
Brasil contará con un 60
por ciento de autosuficiencia de uranio enriquecido para las plantas
Angra I y II, anunció el presidente de la Comisión Nacional de
Energía Nuclear (CNEN), Odair Goncálves.
El ahorro económico también “será sustancioso” para
Brasil, porque según Campos, con la capacidad de enriquecimiento de los
cuatro módulos, “se dejarán de pagar no menos de 12 millones de
dólares, cada 14 meses, para enriquecer su uranio en Canadá y en la
firma Urenco para alimentar a Angra I y II. Urenco
es un consorcio europeo integrado por Alemania, Holanda y Gran Bretaña.
Campos dijo que desde el año 2000 “cuando comenzaron los
trabajos, la infraestructura del primer módulo de Resende costó 37
millones de dólares, equivalentes a 100 millones de reales, la moneda
local. Cada uno de los módulos requiere de una licencia de la OIEA, por
lo que al terminar este primero, el gobierno brasileño deberá negociar
los siguientes, en la medida en que se efectúen los trabajos, señaló
Campos.
También explicó que su país inició su programación nuclear
en la década de 1970 gracias a un acuerdo firmado con Alemania que le
cedió tecnología.
“El desarrollo de técnicas propias de centrifugación que
permiten elevar la calidad del uranio costó al país millones de
dólares, por lo que tiene que preservar obligatoriamente esa
tecnología”, señalaron las autoridades del CNEN y del ministerio de
Ciencia y Tecnología que, asimismo, dieron a conocer que Brasil cuenta
actualmente con 2.368 instalaciones que manejan material nuclear
–desde plantas hasta laboratorios médicos- sometidos a reglas de la
OIEA”.
El 6 de noviembre de 2003, en el transcurso de la XVIII
Conferencia General de Proscripción de Armas Nucleares en América
Latina y el Caribe (OPANAL), celebrada en La Habana, se declaró a la
región una “zona libre de armamentos”, por lo que Brasil está
considerado un país que no produce “armamento nuclear”.
“Ninguno de nuestros Estados miembros tiene armas nucleares y
todos han renunciado a tenerlas, de modo que ahora lo que debemos hacer
es asegurarnos que la zona no corra el riesgo de una amenaza nuclear por
parte de quienes las detentan”, dijo el chileno Edmundo Vargas
Carreño, Secretario General de la Organización Latinoamericana de
Energía (OLADE).
Lo importante es que el gobierno brasileño produzca el uranio
enriquecido para satisfacer sus propias necesidades y que sea lo
debidamente cuidadoso y estricto para evitar que los sobrantes vayan a
parar a países antidemocráticos o a organizaciones terroristas porque
ello sí originaría verdaderos peligros.
En el mundo ya se conocen los países y las bandas criminales que
viven del terror y por ello es fácil evitarlo, pero se necesita, desde
luego, el máximo de pulcritud y ningún asomo de corrupción para que
un país que no tiene ambiciones nucleares pueda ser luego acusado de
propiciarlas. En este sentido, Brasil debe tomar las máximas
precauciones. Ninguna de estas sobrará. |