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El gobierno de Venezuela y la mayoría oficialista que lo apoya
en la Asamblea Nacional acordaron definitivamente dar el “golpe de
gracia” a la libertad de prensa, al aprobar el 25 de noviembre de 2004
una polémica, innecesaria y mal denominada Ley de Responsabilidad
Social en Radio y Televisión, con lo cual el presidente, Hugo Chávez,
puede ejercer el poder dictatorial a su antojo.
La aprobación de esa Ley se produjo cuando el mandatario se
encuentra ausente de Venezuela, realizando una gira oficial
por cuatro países que empezó el 20 de noviembre pasado en
España, con gestos desagradables, incumplimientos de las citas
concertadas con los empresarios y lo que más sabe hacer cada vez que
habla: insultar al más digno estilo de su mentor y “padre
político”: Fidel Castro, a quienes han tenido responsabilidades de
gobierno en este país y a Estados Unidos, cuyo poderío le ha
originado, según psiquiatras venezolanos, un “expresivo delirio de
persecución”.
La mejor conocida como “Ley mordaza”, que empezó a
proyectarse en enero de 2003 y a la que numerosos gobiernos de países
democráticos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y los
periodistas y oposición venezolanos han expresado su rotundo rechazo,
pretende regular los medios audiovisuales pero en el fondo de lo que se
trata es de una “simple acción urdida” para que Chávez, según
empresarios y organizaciones de prensa, “pueda apoderarse del único
medio independiente que tiene el país”.
De acuerdo con la oposición venezolana, Chávez es un
“completo dictador” porque ha “concentrado en sí todos los
poderes y se ha convertido en un amo único”. Es el dueño absoluto
del poder legislativo, del poder judicial, cuya mayoría de miembros
solo actúa bajo sus órdenes y pretende también hacerse con las
riendas del conocido “cuarto poder”.
Ahora, al amparo de una ley que no ha sido “debidamente
estudiada y analizada sino que únicamente responde para complacer a un
gobierno ególatra”, se puede “avasallar a toda la prensa para que
la libertad de prensa tenga una muerte lenta”, como dijo el diputado
de la opositora Acción Democrática (AD) Alfonso Marquina,
tras la mayoría alcanzada en la Asamblea Nacional por los diputados “chavistas”
del Movimiento Quinta República.
Los poderes que la ley otorga al gobierno servirán, dicen las
organizaciones periodísticas, para que “se acallen las críticas de
quienes no están de acuerdo con los procedimientos del Ejecutivo” y
para que se realice “una auténtica caza de brujas” contra la
independencia de los periodistas.
Para los legisladores oficialistas que facilitaron la aprobación
de la “ley mordaza”, en cambio, va a traer “grandes beneficios”
porque se “impedirá que se difundan programas de sexo o
violencia en horarios infantiles” y se obligará a las empresas
privadas de radio y televisión a “dar cabida en sus programas a
productores independientes que no formen parte de la plantilla de
ellas”.
Los empresarios de radio y televisión ven con ello las
“posibilidades de infiltración” de personas adictas al gobierno de
Chávez, que tendrán la misión concreta de “boicotear y causar
perjuicios a nuestras compañías”.
Recientemente la SIP dijo que esa ley “pondría en absoluto
peligro a la libertad de prensa” y permitiría que el gobierno persiga
con “perfidia e insistencia” a los periodistas independientes que
“no se doblegan ante el poder y que tienen como principal misión
garantizar una información veraz y objetiva de los acontecimientos que
ocurran en Venezuela”.
En el marco de su 60 Asamblea General realizada en Antigua
(Guatemala), la SIP denunció el pasado 26 de octubre, que Chávez era
responsable de las persecuciones a la prensa porque quiere que esta
“se plegue a sus intereses particulares y partidistas antes que a los
de la opinión pública que debe conocer siempre la verdad”.
Para los organismos periodísticos y empresariales
venezolanos, “el gobierno ejercerá un control permanente de censura y
buscará sobre la base de disculpas fijar cuantiosas multas para tratar
de ahogar económicamente a las empresas”, máxime cuando a juicio de
aquellos, “será imposible recurrir a las sanciones dado que el poder
judicial está absolutamente corrompido y comprado por Chávez”.
La SIP, haciendo expresa referencia a la mencionada Ley señaló
en aquella oportunidad que “la situación en Venezuela está dando un
giro alarmante hacia la restricción e intimidación de la prensa”,
añadiendo que con ella “se amordazaría a los medios y le daría al
gobierno (presidido por Chávez) control fundamental sobre la
programación y, en efecto, permitiría la censura previa” y porque,
además “la intimidación física contra periodistas (independientes)
va en aumento”.
El gobierno defiende la presentación y aprobación de la ley
porque con ella se “busca proteger al público infantil y adolescente
de la transmisión de contenidos violentos o sexuales que afecten a su
formación, y de promover entre los medios electrónicos una ética y
fomentar la producción audiovisual independiente”, pero el presidente
del Instituto de Prensa y Sociedad (capítulo venezolano), Andrés
Cañizales, manifestó recientemente que “ha sido utilizada como
instrumento en la confrontación política”.
La ley tiene “defectos en sus mecanismos de sanción y
parámetros de evaluación, porque le concede todo el poder de decisión
para evaluar y multar a un Comité representado en su mayoría por el
Gobierno”, según dijo el sociólogo y periodista Tulio Hernández. Con
esa “mayoría” gubernamental, Chávez ha venido dominando la
justicia a través de sus máximos representantes, como está ocurriendo
en la Sala Constitucional y
en el propio Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cuyo presidente, Iván
Rincón, es un “chavista confeso”, al
igual que ocurre con Francisco Carrasquero y
otros dos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) a quienes los
opositores acusan de
“violar la ley para favorecer los intereses personales del
dictador”.
En declaraciones periodísticas, el presidente de la Cámara
Venezolana de Radiodifusión, Ciro García, expresó que la ley aprobada
“será de difícil aplicación” y a su juicio, “con
ella los diputados oficialistas se han puesto un nudo en la garganta,
pues están atentando contra su propia libertad de expresión”.
Un antiguo periodista, que ahora ejerce como vicepresidente de
Venezuela, José Vicente Rangel, “se
convirtió en un furibundo enemigo de la libertad de expresión porque
diarios, emisoras de radio y televisión, en su gran mayoría, hacían
respetar su independencia y su derecho a la libertad de prensa”,
dijeron organismos periodísticos e,
incluso, Reporteros sin Frontera (RSF), que desde París había pedido
al gobierno retirar la ley del Parlamento por “atentar contra la
libertad de prensa e intentar coartar a los empresarios y periodistas en
su misión de informar con la verdad”.
La gran mayoría de los venezolanos considera, de acuerdo con
sondeos publicados en el país, que la Ley se elaboró como “una
venganza” contra los medios informativos porque estos “han informado
con veracidad sobre el desgobierno de
Chávez” y han pedido que haya una “completa rectificación de las
formas y maneras como el presidente está manejando la situación
política, social y económica”, que a su juicio “ha sido lamentable
e incorrecta”.
Ojalá que Chávez y sus ministros piensen en los perjuicios que
se pueden originar en el propio país por querer controlar la
información, buscar evitar que se divulgue la verdad y silenciar a
quienes no están acuerdo con su manera de gobernar. Por el bien de
Venezuela, deben actuar con gran respeto porque el máximo derecho
que tienen los ciudadanos en el mundo es el de recibir toda la
información veraz y objetiva, porque un gobierno que silencia la prensa
es un gobierno en ruinas y absolutamente antidemocrático. |