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Un brutal atentado con bomba cometido el 18
de noviembre de 2004 acabó con la vida del Fiscal venezolano Danilo
Anderson, cuando
conducía su vehículo automotor por un barrio de Caracas, y la cual
explotó, al parecer, activada desde un control remoto, posiblemente un
teléfono móvil, según los primeros resultados de la investigación.
El crimen del abogado especializado en
Derecho Ambiental, que contaba con 38 años y que investigaba el
frustrado golpe contra el presidente venezolano, Hugo Chávez, iniciado
el 11 de abril de 2002 y que fracasó 48 horas después, tras haber
asumido ese cargo el dirigente empresarial Pedro Carmona, ahora asilado
en Colombia, causó consternación no solo en su país sino en el mundo
y, de manera especial, en América Latina.
“Hay indignación en todo el
país”, afirmó el ministro de Justicia e Interior de Venezuela, Jesse
Chacón, mientras Chávez cancelaba su participación en la XIV Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que finalizó el
sábado 20 en San José de Costa Rica, pero confirmó la realización de
una gira por cinco países europeos, empezando por España, tras
declarar que “no nos van a imponer la agenda de la violencia” y de
señalar que “el autor o autores del atentado van a recibir su
merecido castigo”.
Chacón confirmo que el artefacto explosivo
había sido colocado debajo del asiento del conductor y que estalló en
el momento en que el vehículo se encontraba en marcha. “La bomba fue
detonada mediante un dispositivo inalámbrico”, según el ministro
De acuerdo con las informaciones oficiales,
el cuerpo de Anderson, como consecuencia de
la explosión que originó el incendio de la camioneta que conducía,
quedó totalmente carbonizado y para poder ser identificado las
autoridades tuvieron que hacerlo a través de las huellas digitales y de
la ficha dental.
El “superfiscal”,
como era conocido en Venezuela, a quien se acusaba de ser un “chavista”,
comenzó a actuar hace dos años tras el inicio del golpe contra
Chávez, pese a que su cargo únicamente le comprometía en delitos
contra el Medio Ambiente.
Según dicen en la propia Fiscalía
General de la República, Anderson por “motu
propio” empezó a investigar el hecho y por orden suya fueron
desalojados no menos de 100 opositores que habían “tomado” las
instalaciones de Venezolana de Televisión para justificar el golpe y
evitar que los seguidores de Chávez pudiesen utilizar ese canal
propiedad del Estado.
A partir del 12 de abril de 2002, Anderson
se hizo totalmente cargo de investigar todo lo relacionado con el golpe,
como el asedio a la embajada de Cuba en Caracas, la detención de
Enrique Carriles Radonski, que estuvo cien
días en la cárcel, la acusación contra el alcalde de la Capital,
Alfredo Peña, perteneciente a la oposición, y contra los directores de
la Policía Metropolitana y otros ocho agentes por haber ordenado los
disparos contra manifestantes “chavistas”.
También el “superfiscal”
tenía abierta una investigación contra “Súmate”, un organismo
opositor; por la muerte de tres soldados que presuntamente ocurrió por
culpa de los oficiales que el año pasado se rebelaron contra el
Gobierno y se apoderaron de una plaza en Caracas para expresar su
malestar por la continuación de Chávez en el poder, y la acusación
por rebelión y otros delitos contra el general Carlos Alfonso
Martínez, otro militar destacado en la oposición al ex coronel de
paracaidistas.
El vicepresidente venezolano, José Vicente
Rangel, a quien en su país se le considera
igual o más radical que el propio Chávez, no se le ocurrió una
“cosa mejor”, como dijeron miembros de la oposición, que salir a la
palestra cuando el país estaba conmocionado por la infame acción
terrorista para acusar al gobierno estadounidense, al que solicitó
“una firme condena del hecho”.
Según la tesis de Rangel,
el gobierno estadounidense es “culpable” por permitir la acción de
“ciertos grupos de oposición que viven en Florida”. A esta misma
tesis se unió, de inmediato, el ministro de Comunicación, Andrés Izarra
y ambos funcionarios acusaron también al actor venezolano Orlando Urdaneta
por las recientes declaraciones hechas en un programa de la televisión
norteamericana en las que expresó que “el conflicto venezolano se
resuelve con un magnicidio”.
Indudablemente fueron desafortunadas e
ilógicas esas declaraciones de Urdaneta,
pero en ningún caso se puede acusar al gobierno del para ellos y
Chávez “odiado” presidente norteamericano, George
Bush, por permitir que en una nación libre
vivan y se expresen libremente personas de distintos países. La
acusación parecía, según la oposición, partir del gobierno cubano de
Fidel Castro, que cuando pasa algo en su país o en el mundo,
únicamente culpa a Estados Unidos de estar detrás de la ocurrencia.
Las absurdas palabras del vicepresidente,
que no incitaban a la calma, quedaron demostrada en la realidad cuando
decenas de venezolanos “chavistas” que
se acercaron a la sede de la Fiscalía para velar el cadáver del
infortunado miembro de la justicia, lanzaban gritos acusando con ellos y
a través de pancartas a los medios de comunicación del país de “ser
los responsables del asesinato”.
Inmediatamente producido el atentado
terrorista, el gobierno dictó una serie de disposiciones calificadas
por Rangel de “alta seguridad”, aunque
por el momento no serán suspendidas las garantías constitucionales”,
pues se cree que con base a “medidas policiales” se podrá
garantizar la tranquilidad, por un lado, y la adecuada investigación,
por otro, para dar con el responsable o responsables del crimen.
En declaraciones a los periodistas, Rangel
precisó que “este hecho tiene una gravedad extraordinaria, no se
corresponde con la cultura política del país”, añadiendo que
constituye “un golpe artero contra el proceso de diálogo y
entendimiento” que, según él, quiere adelantar el gobierno tras
haber ganado Chávez, el pasado 15 de agosto, el referendo para
continuar en el poder hasta el fin de su mandato constitucional.
Nadie, desde luego, se atreve a hacer
ninguna clase de hipótesis en relación con este brutal atentado,
aunque en alguna ocasión en un centro comercial Anderson
fue increpado por su presunta inclinación “chavista”
y en muchas otras oportunidades se le acusó de seguir las
investigaciones “de acuerdo con las instrucciones recibidas
directamente de Chávez y su dictatorial gobierno” y de no ser un
“fiscal imparcial”. Por ello se le pidió en numerosas ocasiones su
renuncia “para demostrar que esas acusaciones en su contra no eran
ciertas”.
Chávez, durante el acto de velación del
cadáver de Anderson, en la sede de la
Fiscalía, lo calificó como “un soldado valeroso, un digno
representante del pueblo”, añadiendo que “nadie pudo comprarlo ni
chantajearlo” y que en Venezuela “habrá paz, pero paz con
justicia”.
La dolorosa y execrable desaparición del
Fiscal Anderson debe servir al gobierno
venezolano para estar alerta ante el posible nacimiento del terrorismo
en ese país y para señalarle a Chávez que no se puede seguir dando
apoyo hospitalario, moral y económico a dos de los tres sanguinarios
grupos violentos colombianos, porque esa actitud puede volverse en su
contra.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (Farc) y el Ejército de
Liberación Nacional (Eln), que en el
ejecutivo venezolano se les ha considerado siempre como dos “grupos
de patriotas” no son nada más que bandas terroristas, unas alimañas
de la peor clase que no deben seguir siendo respaldadas porque a los
mejor para pagarles todos sus favores, deciden trasladar su terrorismo a
Venezuela ante la fuerte presión que el gobierno colombiano está
ejerciendo sobre ellos.
Ninguna diferencia política o judicial puede dirimirse sobre la
base de la violencia y todo el mundo debe condenar enérgicamente, en
Venezuela y en el resto de
países, este atentado en donde perdió la vida, sanguinaria y
dolorosamente, un
miembro destacado de la justicia. Anderson
fue, infortunadamente, el primero, pero debe ser también el último
venezolano en ser víctima del terrorismo. |