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La justicia peruana volvió a ofrecer un “lamentable espectáculo”
por las divergencias y acusaciones de corrupción entre varios de sus
magistrados, lo que obligó el pasado 11 de noviembre de 2004, ante el
estupor general, a suspender el comienzo
del juicio contra el terrorista Abimael Guzmán,
fundador de la criminal banda “Sendero Luminoso”, de su amante Elena
Iparraguirre y de otros miembros de la
organización.
El lamentable espectáculo, registrado en la Base Naval del
Puerto de Callao, en Lima, se vio aumentado cuando a Dante Terrel,
presidente del Tribunal que juzgará a Guzmán y a sus compinches, se
le pidió su “voluntaria dimisión” porque en pasados años, en su
carácter de abogado, defendió ante los tribunales a numerosos
terroristas.
La petición a Terrel la hizo
directamente el Fiscal Superior, Edgar Chirinos, cuando se dirigió al
magistrado y le dijo: “Pido por decoro, por delicadeza, que deberá
abstenerse de seguir conociendo este proceso por la salud del mismo”,
pero el antiguo defensor de terroristas afirmó que “no me retiro de
este caso”.
Guzmán e Iparraguirre, junto con
Martha Huatay, Margie
Clavo, Víctor Zabala, Angélica Salas y
Oscar Alberto Ramírez (“Feliciano”), serán juzgados por numerosos
delitos y crímenes cometidos por Sendero Luminoso entre los años
1980-1990, durante los cuales, de acuerdo con las informaciones
oficiales, se registraron no menos de 69.000 muertos y pérdidas económicas
equivalentes a 25.000 dólares debido a los diversos atentados a
infraestructuras peruanas.
En el año 2003 el Tribunal Constitucional anuló todas las
sentencias dictadas contra los miembros de Sendero Luminoso por la
justicia militar durante el gobierno presidido por el hoy fugitivo ex
presidente Alberto Fujimori, quien se
encuentra viviendo en Japón, y ha dicho que regresará al país para
presentarse como candidato a las elecciones presidenciales de 2006.
Si el anuncio de su regreso es serio, en caso de llegar a
Lima, Fujimori será inmediatamente detenido
porque sobre él pesan varias órdenes de captura por 12
delitos, entre ellos cohecho, apropiación indebida, enriquecimiento ilícito,
peculado, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, crímenes
de lesa humanidad, tráfico de armas, violaciones a los derechos
humanos, colusión ilegal y otros.
Esa decisión del Tribunal Constitucional obligó a celebrar este
nuevo juicio, que debió comenzar el pasado 2 de noviembre y tuvo que
suspenderse, en la primera oportunidad, debido a la actitud indisciplinaria
de los reos que con Guzmán a la cabeza, insultaron a los magistrados y
lanzaron vivas a su agrupación terrorista y al partido comunista, y en
la segunda, por los problemas surgidos entre los magistrados juzgadores.
Un día después, desde Río de Janeiro, el presidente peruano,
Alejandro Toledo, anunció que pediría el cambio de jueces por haber
permitido ese “bochornoso y lamentable espectáculo” y dijo que
aunque los acusados tendrán “todas las garantías, no podrán
burlarse de la justicia ni del pueblo de Perú”.
El 11 de noviembre, cuando se iba a celebrar la nueva sesión,
Benjamín Manrique, vocal
del Tribunal solicitó inhibirse porque en años pasados juzgó a Guzmán
por el atentado con bomba que la banda terrorista cometió en la calle Tarata,
de Lima, y a Víctor Zavala, quien integraba la cédula “senderista”
denominada “Socorro Popular”. A su juicio esas actuaciones lo
inhabilitaban para juzgarlos nuevamente.
Dicha petición, inexplicable por su tardanza, porque este juez
ha debido exponer esas razones cuando fue llamado a integrar el
Tribunal, originó la suspensión momentánea del juicio y tras estudiar
la situación, el Fiscal Chirinos aceptó la abstención de Manrique y
pidió que el también vocal José de Vinatea
se abstenga por motivos similares.
Todas las solicitudes elevadas por Chirinos fueron respaldadas
por Guillermo Cábala, Procurador Antiterrorista, quien además cargó
con firmeza contra Terrel al decirle que
“usted señor (Terrel) que cuando fue
abogado defendió a terroristas, tiene un impedimento. En consecuencia
usted, por decoro, debe salir porque está en debate la salud del Poder
Judicial”.
Vinatea, que estaba a cargo
provisionalmente de la presidencia del juicio, lo suspendió después de
escuchar las ácidas críticas de los abogados Miguel Mullaga
y Andrés Calderón, defensores de los terroristas, quienes señalaron
que “el proceso no puede continuar en esas condiciones, pues es
lamentable el espectáculo y venimos a perder el tiempo”.
“Sendero Luminoso”, creado por Guzmán en los años 80 en una
zona perteneciente al oriental departamento de Ayacucho, llegó a reunir
a unos 15.000 miembros, pero la acción militar de las Fuerzas Armadas
peruanas determinó su paulatina desintegración, hasta que la osada
toma de la embajada de Japón, cuando se celebraba la fiesta nacional,
le otorgó el definitivo “certificado de defunción”.
Las fuerzas armadas peruanas, tras infructuosas negociaciones con
los terroristas, construyeron un túnel que les permitió llegar hasta
la sede diplomática y acabar con el secuestro masivo de diplomáticos e
invitados a la fiesta japonesa y capturar a los principales líderes de
la banda terrorista, registrándose un elevado saldo de muertos,
especialmente de miembros de esa banda asesina.
No deja de llamar la atención que Guzmán se encuentre detenido
en la misma prisión de la sede naval de Callao donde también reside y
está siendo juzgado el corrupto ex asesor presidencial de Fujimori,
Vladimiro Montesinos, que tiene abiertas 64 causas por sus numerosos
delitos, y ha sido condenado ya, tras ocho sentencias, a 42 años de cárcel.
Montesinos está acusado, entre otros delitos, de peculado,
corrupción, asociación ilícita para delinquir, usurpación de
funciones, tráfico de armas y tráfico de influencias.
El problema surgido dentro de la justicia peruana y las
acusaciones contra magistrados, entre ellos Dante Terrel,
pone de presente que a pesar de los esfuerzos realizados por el gobierno
que preside Alejandro Toledo, la “limpieza” de corruptos no ha sido
tan efectiva como las circunstancias lo necesitan en el poder judicial.
Es indispensable, por tanto, que aprovechando las anomalías
que se están registrando en el juicio contra los terroristas, no haya
la más mínima sospecha de parcialidad a favor o en contra de Guzmán y
los otros asesinos y se cambie a los magistrados que sean necesarios.
El ex líder de Sendero Luminoso había sido condenado a
cadena perpetua, pero al anular el Tribunal Constitucional el anterior
juicio, es necesario que en este aún sin iniciarse, proceda a
condenarle y dictar una sentencia que le impida volver a salir a la
calle. Guzmán es un elemento muy peligroso y radical y no ha mostrado
el más mínimo arrepentimiento. |