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Un trabajo bien planificado para acabar con sus “enemigos políticos”
le permitirá al presidente de Ecuador, Lucio Gutiérrez, evitar un
“juicio en el Congreso” porque cuatro diputados de la oposición
realizaron una insospechada espantada y evitaron, con su deserción, que
hubiese la mayoría constitucional para formar una Comisión Especial
que lo enjuiciara.
Mientras esa deserción ocurrió el 9 de noviembre de 2004, un día
antes el ministro de Gobierno, Raúl Baca, originó una crisis en el
gobierno al presentar su dimisión, asegurando que con ella “pretendo
dejar en total libertad al mandatario para que forme su grupo de
colaboradores”.
Baca aclaró que “no mantengo ninguna discrepancia con el
presidente”, desmintiendo así rumores en este sentido, pero fue explícito
al señalar que “la gestión gubernamental no puede reciclarse cada
vez que se afrontan dificultades” y que “no podemos, a cada paso,
intentar hacer de nuestro sistema democrático un borrón y cuenta
nueva, pues eso nos conduciría a repetir el caos perpetuamente”.
Para el ministro renunciante, la actual situación que se vive es
difícil porque “Ecuador afronta un ambiente político que no
contribuye a mantener la estabilidad y la paz en la nación”. Los
movimientos indígenas, además, se han sumado a las diversas
reivindicaciones salariales y han llevado a cabo dos huelgas que han
dejado maltrecha la posición del presidente y de su gobierno.
Gutiérrez aceptó la dimisión del Ministro y en su reemplazo
nombró a Jaime Dámerval, para quien el
resultado de la votación en el Congreso “constituyó un rotundo
fracaso para sus auspiciadores”, porque no
podrá “realizarse un juicio político injusto contra el Presidente de
la República”.
La renuncia se produjo en el momento en que el mandatario estaba
pendiente de la aprobación por el Congreso de un juicio político, bajo
la acusación, según los diputados de la oposición de malversación de
fondos públicos, cohechos y varios delitos contra la seguridad del
Estado, entre ellos el de “traición a la Patria”.
Sin embargo, la oposición conformada por los Partidos Social
Cristiano (PSC, de derecha y con 25 diputados), Izquierda Democrática
(ID, socialdemócrata, con 15), Unidad Plurinacional Pachacutik
(UPP, indígena, con 11) y el Movimiento Popular Democrático (MPD),
izquierda con 3), que sumaban 54 de los 100 miembros del Parlamento, no
pudo acabar satisfactoriamente con su propósito de enjuiciar al Jefe de
Estado.
El 9 de noviembre, durante una sesión considerada como
“decisiva para acordar la creación de la Comisión”, cuatro
diputados “arrojaron la toalla” y por eso en la votación, en la que
otros dos faltaron, únicamente los opositores registraron 48 votos,
cuando legalmente se requieren 51, es decir la mitad más uno de los 100
que integran el Congreso.
La Comisión, si hubiese sido creada, tendría que analizar
la viabilidad del enjuiciamiento del Jefe de Estado y presentar una
propuesta documentada para que el Congreso en pleno hubiese decidido, en
última instancia, acusar oficialmente a Gutiérrez; para
condenarle y destituirle de su cargo la oposición necesitaba un total
de 67 votos, lo que parecía imposible de alcanzar porque el mandatario
cuenta con el apoyo de los diputados pertenecientes a su propia
colectividad política, el Partido Sociedad Patriótica (PSP) y el
Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE),
fundado por el ya fallecido ex presidente Jaime Roldós.
El diputado del PSC Alfonso Harb no
aceptó un fracaso político de la oposición y declaró a los
periodistas que “aspiramos a que prevalezca la conciencia sobre el
billete y que en la próxima, más de 50 diputados estructuremos la
Comisión y luego el juicio político contra el mandatario”.
Al referirse al predominio de la “conciencia sobre el
billete”, Harb dejó en el aire la
sospecha que los diputados desertores fueron comprados con dinero por
parte de Gutiérrez o de su gobierno, tras una “minuciosa operación
corrupta”.
Esta práctica, muy extendida en América Latina y en casi
todos los Parlamentos del mundo, ha tenido recientes ejemplos en Perú,
por la compra de diputados que realizó Vladimiro Montesinos, el
corrupto asesor del huido ex presidente Alberto Fujimori,
y la que se ha efectuado este mismo año en Colombia para que se
aprobase la inmediata reelección del actual mandatario, Alvaro
Uribe Vélez.
Políticos opositores declararon que Gutiérrez ha “realizado
una soterrada labor para romper la unidad de quienes iban a juzgarle en
el Congreso” y que si un jefe de cualquier ministerio a empresa le
dice a un subalterno que ha hecho un “buen trabajo”, en este caso es
el propio mandatario el que se dice así mismo “buen trabajo”,
porque con base a triquiñuelas y a actos
deshonestos pudo impedir la conformación de la Comisión, “pero esto
no le va a durar por mucho tiempo”.
La situación política y socio-económica del país sigue
estando en una “etapa crucial” y se aprecia un ambiente de
“agitación” en diversos sectores, como los de educadores y
trabajadores oficiales de diferentes Ministerios, que reclaman la
homologación salarial, a la que se opone el gobierno.
El propio ministro de Economía, Mauricio Yépez, descartó que
se pueda hacer de inmediato la homologación salarial, que sólo será
aprobada por el gobierno después de aplicar una “estrategia para
diminuir el tamaño del Estado”, lo que según el presidente de la
Federación de Servidores Públicos (FSP), Héctor Terán, “va a
implicar el despido de miles de trabajadores”.
Terán dijo que los trabajadores de los ministerios de
Agricultura, Comercio Exterior, Ambiente, Gobierno y Educación exigen
la aplicación de la Ley de Homologación Salarial que sirva para
equiparar los salarios de todos los funcionarios públicos o de lo
contrario las protestas aumentarán con el bloqueo de carreteras y
huelgas de hambre.
También la Unión Nacional de Educadores (UNE) empezó el 8 de
noviembre paros de dos horas en todos los colegios estatales como
“solidaridad con la Federación de Servidores Públicos”, y su
presidente, Ernesto Castillo, declaró que si el gobierno de Gutiérrez “no
resuelve las demandas de los empleados de los ministerios, las protestas
aumentarán en intensidad”.
Por otra parte, la Federación de Estudiantes acusó a Gutiérrez
de ser “un traidor y un incapaz” y se sumó a los movimientos de
protesta para exigir que se rebajen las tarifas de transportes para los
educandos en un 50 por ciento, tal como lo prometió el gobierno, y que
en caso contrario, también va a exigir, con sus protestas, la destitución
del mandatario.
Aunque el gobierno pidió a la población que se tranquilice y
prometió ejecutar con urgencia medidas eficaces dedicadas a favorecer
los sectores sociales más afectados con la situación económica y
laboral, la pérdida de credibilidad del presidente no hace vislumbrar
una solución pronta y satisfactoria y, antes por el contrario, se
considera que otros sectores del país se unirán a las protestas y a
las manifestaciones en contra de Gutiérrez, que está viviendo la peor
de las situaciones desde que asumió el poder el 15 de enero de 2003. |