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El gobierno dictatorial de Cuba está utilizando de manera
permanente la “tortura masiva” contra los 75 disidentes que se
encuentran recluidos en pocilgas denominadas allí cárceles, de acuerdo
con la denuncia formulada el pasado 2 de noviembre de 2004 por el líder
del Movimiento Cristiano de Liberación (MCL), Oswaldo Payá.
Teniendo en cuenta la “sistemática crueldad aplicada”, Payá
no solo expresó, en un comunicado, su “intensa preocupación” sino
que hizo un llamamiento a la “comunidad internacional para que se sume
a las peticiones de amnistía”, pues se teme que muchos de los
periodistas, escritores y dirigentes opositores que se encuentran
enfermos puedan llegar, incluso, a morir en las cárceles pues el
gobierno tampoco permite que sean tratados de sus dolencias.
Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos pidió al de Cuba
“cesar su represión y liberar a los prisioneros políticos”, según
declaró en Washington el portavoz del Departamento de Estado, Richard Boucher,
quien dijo que su país “condena los malos tratos del régimen cubano
contra los defensores de un cambio y de una reforma pacífica”.
El 6 de abril de 2003, la justicia cubana, totalmente sometida al
gobierno presidido por Fidel Castro, por lo que no puede proceder
“justa e independientemente”, condenó, en un “juicio” que duró
menos de un día, inicialmente a 33 de los 79 disidentes y
posteriormente a otros 46, entre quienes se hallan numerosos
periodistas, como el representante de Cuba en la Sociedad Interamericana
de Prensa (SIP), Raúl Rivero Castañeda, condenado a 27 años de prisión.
Payá dijo también en su comunicado
que “el daño físico y psíquico que sufren los prisioneros no debe
dejar en silencio e insensibles a los cubanos y a la comunidad
internacional”, porque a su juicio, “si es escandalosa la crueldad
de esta tortura masiva, más escandaloso es que no se alcen todas las
voces para denunciarla”.
Entre los dirigentes opositores se encuentran, igualmente,
miembros del MCL y del Proyecto Varela, quienes fueron detenidos
exclusivamente por disentir del régimen cubano y pedir reformas
constitucionales que permitan al país tener una amplia apertura política
en vez del régimen
dictatorial establecido por Fidel Castro desde 1959 cuando se convirtió
en Primer Ministro, para posteriormente hacerse denominar presidente en
unas ficticias elecciones, al triunfar el “golpe” contra el entonces
presidente constitucional Fulgencio Batista.
Rivero, junto con otras 78 personas, había sido detenido el 20
de marzo de 2003 bajo “la falsa acusación”
de “atentar contra la seguridad del Estado y colaborar con
Estados Unidos” y antes de haber transcurrido un mes la justicia
“castrista” los condenó a penas de cárcel de hasta 28 años. A
ninguno, desde luego, se le permitió contar con los servicios de
abogados.
El líder del MCL dijo en su comunicado que José Daniel Ferrer
García, también miembro de esa organización que paga una “condena
injusta de 25 años, y Juan Carlos Herrera, preso político, fueron bárbaramente
golpeados “por varios guardias del penal Kilo 8, en Camagüey, tras
soportar varios días de hostigamiento y humillación”.
Otro detenido, Luis Enrique Ferrer García, hermano de José
Daniel y líder provincial del MCL, condenado a 28 años, “es víctima
de hostigamiento de reos comunes”, promovido por la dirección de la cárcel
de Santa Clara y la complacencia de los vigilantes. Luis Enrique y su
compañero Oscar Elías Biscet, iniciaron
una huelga de hambre para protestar por su “injusta detención”.
Para abundar más en su denuncia, Payá
señaló que en la cárcel –es un decir porque son verdaderos antros y
pocilgas- de Combinado del Este, Regis Iglesias, también dirigente del
MCL y del Proyecto Varela que fue condenado a 18 años, junto con
“presos políticos son objeto de provocaciones, ofensas y
amenazas de muerte con objetos punzantes” por parte de otro reo, al
que las autoridades de la prisión no le impiden ese procedimiento
agresivo.
Pedro Pablo Alvarez, condenado a 25 años por el solo hecho de
pertenecer al Comité Ciudadano del Proyecto Varela, al igual que
Rivero, recluido en una prisión a 450 kilómetros de La Habana, sufren
serias enfermedades respiratorias “debido a las condiciones
inhumanas” de la prisión y no se les permite, por orden del gobierno
“castrista”, ser atendidos adecuadamente ni que médicos
independientes los visiten y receten las medicinas adecuadas para sus
tratamientos.
El pasado febrero la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), otorgó a Rivero el
“Premio Mundial de la Libertad de Prensa Guillermo Cano 2004,
que le fue entregado a su hijastro, el 4 de mayo pasado, durante un acto
celebrado en la sede de la entidad en París, por el Director, Koichiro
Matsuura.
La distinción no pudo ser recibida personalmente por Rivero
porque el gobierno cubano no le permitió trasladarse a París. El régimen
dictatorial, a través del ministro de Relaciones Exteriores, Felipe Pérez
Roque, protestó en un comunicado divulgado el 26 de marzo en La Habana
por “el otorgamiento de este (premio) a un ciudadano cubano que cumple
sanción penal por actividades vinculadas a la subversión del orden
constitucional y jurídico del sistema cubano”.
Esa gran mentira y la afirmación que el haberlo otorgado al
periodista, poeta y escritor “pone en entredicho la legitimidad del
Premio Libertad de Prensa”, fue refutado de inmediato por los
gobiernos democráticos del mundo y por la propia UNESCO, cuyo director
dijo que “a través de los años el señor Rivero ha pagado caro por
ese compromiso (de luchar por la libertad de su país) y el premio
celebra la lucha continua de profesionales de los medios de comunicación
por la libertad de expresión, un componente indispensable de la
democracia”.
En la petición que Estados Unidos hizo al gobierno cubano para
liberar a los presos políticos, el
portavoz Boucher, destacó que
“lamentablemente la represión continúa en Cuba” porque,
“incluso, “los prisioneros políticos seriamente enfermos que han
sido liberados son sometidos a un hostigamiento diario, han vuelto a ser
detenidos y padecieron largos interrogatorios”.
Para el funcionario estadounidense fue un error, y así lo lamentó
en nombre de su gobierno, la decisión “de expulsar en octubre a tres
integrantes de una comisión parlamentaria europea (dos holandeses y el
español Guillermo Moragas) porque planeaban reunirse con miembros de la
oposición”.
Por eso dijo que “solo una Cuba donde se respeten las
libertades fundamentales y donde florezca una sociedad civil
independiente, va a estar en condiciones de hacer una transición pacífica
hacia la democracia”.
También la Unión Europea (UE) decidió sancionar al régimen
cubano por su persecución a los opositores, la injusta detención de
las 79 personas y tomó una serie de medidas de presión, a la vez que
ha venido impulsando la libertad para los presos políticos y la
democratización del régimen. Cosa imposible, a juicio de los
opositores, mientras permanezca en el poder Fidel Castro, uno de los
dictadores más sanguinarios en la historia política de América Latina
y el Caribe, según la Comisión Independiente Cubana de Derechos
Humanos y Reconciliación Nacional (CICDHRN).
Como lo han denunciado Payá, que
recibió el Premio Sajárov otorgado por el
Parlamento Europeo por su trabajo “en defensa de los derechos
humanos”, Elizardo Sánchez, líder de la
CICDHRN, y otros dirigentes e intelectuales, al igual que la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP), toda la Isla “es una completa prisión”
por la persecución continua a quienes luchan por las reformas
constitucionales.
Pensar que Castro, a los 79 años, va a cambiar su forma de
gobernar y a dejar de ser un dictador no es más que una completa utopía,
pues lo que se hace necesario es la intensa y permanente acción de la
Comunidad Internacional para sofocar sus intentos de permanecer en el
poder o de cederlo a su muerte a su hermano Raúl, muy temible también
por su mente maquiavélica y sus posturas radicales.
Aquellos gobiernos que pretenden levantar las sanciones al régimen
dictatorial, que quieren poner “pañitos de aguas tibias” en sus
relaciones y que aplauden las arbitrariedades de Castro cuando se trata
de expulsiones de personas que no pertenecen a su propio partido, es el
peor de los errores. Pero claro, lo moderno es decirse demócrata, pero
apoyar las dictaduras como la de Castro. |