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Acusado de graves delitos y de traición a la Patria, el
presidente ecuatoriano, Lucio Gutiérrez, se enfrentará, posiblemente,
a la posibilidad de ser juzgado políticamente en el Congreso de la
República y ser destituido de su cargo, al continuar un proceso en
contra de un mandatario que ha venido perdiendo apoyo popular y
credibilidad tras 22 meses de gobierno, según se conoció el 3 de
noviembre de 2004 en Quito.
Si bien Gutiérrez achaca todas las culpas al ex presidente
socialcristiano León Febres Cordero, quien gobernó Ecuador entre
1984-1998, a quien señala de ser el promotor del juicio político
“por haberle iniciado el cobro de deudas al grupo Febres Cordero”,
que según él, ascienden a 110 millones de dólares, lo cierto es que
el ex coronel golpista cada día es menos apreciado en su país.
Esa falta de aprecio y estima ya no solo
está encabezada por los dirigentes políticos sino que en ella
participan empresarios, sindicalistas, representantes de las comunidades
indígenas y por los propios votantes que recientemente le aplicaron una
severa derrota electoral.
Gutiérrez llegó al poder el 15 de enero de 2003
tras ganar las elecciones a Alvaro Noboa, y
lo hizo con amplio respaldo popular, está ahora acusado por un
grupo de 50 diputados de los delitos de peculado, cohecho, traición a
la Patria y apoyo al “Plan Colombia” que el gobierno de este país
desarrolla apoyado por Estados Unidos para combatir a los grupos
narcoterroristas y realizar programas socio-económicos en las más
pobres regiones colombianas.
Sus acusadores son diputados pertenecientes a los opositores
Partido Social Cristiano (PSC), Izquierda Democrática (IM), Unidad
Plurinacional Pachacutik (UPP) –indígena- y Movimiento Popular
Democrático (MPD).
Perteneciente al Partido Sociedad Patriótica (PSP), a duras
penas sobrevivió políticamente el pasado 18 de octubre al celebrarse
en Ecuador las elecciones provinciales y municipales, pues apenas rozó
el 5 por ciento reglamentario para seguir existiendo como agrupación,
lo que salvo que la iniciativa parlamentaria surta pleno efecto, le
permitirá gobernar hasta el 15 de enero de 2007.
Con su ya peculiar estilo altanero y populista, copiado
íntegramente al presidente venezolano, Hugo Chávez,
el ex coronel dijo que el Grupo Febres Cordero ha “cometido
acciones dolosas”, resaltando los créditos que recibió de diversas
instituciones del Estado y que “han refinanciado por numerosas
ocasiones y no han entregado garantías”.
“Eso es, matizó irónicamente, traición a la Patria, por
defender sus propios intereses mal habidos; se quiere desestabilizar al
país violando la Constitución. Esto es lo que no me perdonan y por eso
quieren llevarme a juicio político”.
Los diputados que han pedido la destitución de Gutiérrez y la
realización del respectivo juicio en el Congreso, señalaron que
cometió peculado porque intervino activamente en la reciente campaña
electoral a favor de candidatos de su partido PSP, “mediante la
utilización y abuso de recursos y bienes públicos, a través de la
disposición arbitraria de fondos y la distracción de sus actividades
ajenas a las que le competen”.
Ecuador es uno de los varios países latinoamericanos en donde la
Carta Magna y las leyes electorales tienen prohibida la participación
activa del presidente en campañas políticas pues debido al cargo que
ostenta debe ser “totalmente imparcial y ajeno al proceso” para no
entrar en incompatibilidades que la propia Ley judicial castiga. Por
ello no podía intervenir, como lo hizo, a favor de su partido político
y de los candidatos de esa agrupación.
El Congreso ecuatoriano está integrado por 100 diputados y el
PSP se encuentra en minoría, por lo que se cree que la Comisión
Especial que será designada la próxima semana para estudiar la
solicitud y que deberá pronunciarse, si la acepta o no, en un término
no mayor a cinco días, lo hará favorablemente.
Según las leyes constitucionales y de funcionamiento del órgano
legislativo, para continuar el largo proceso contra el mandatario, si lo
aprueba esa Comisión Especial, integrada por representantes del PSC,
ID, UPP, y el Partido Roldosista Ecuatoriano (PRE), aliado del
Presidente, deberá producirse en el Pleno del Congreso una votación a
favor de la medida de 51 diputados, es decir la mitad más uno, y para
destituirle se requieren 67 votos.
La denuncia contra el presidente indica también que ha
involucrado a su país en el Plan Patriota que se desarrolla en Colombia
al permitir “la fumigación fronteriza con glifosato y de no evitar el
hundimiento de barcos de bandera ecuatoriana en el mar territorial por
la armada estadounidense”, lo que significa a juicio de sus acusados
una “traición a la Patria”.
Una de las medidas más impopulares tomadas por Gutiérrez y que
contribuyeron a resquebrajar mucho más su carisma político fue la
“doble conducta” que adoptó el pasado 5 de julio al negar un
aumento para los mayores de 65 años y, en cambio, ampliar su propio
sueldo a 8.000 dólares mensuales, con incrementos que le permitan
llegar hasta los 9.080 hasta el fin de su mandato.
El incremento de las pensiones para la “tercera edad” había
sido autorizado por el Congreso ecuatoriano fijando un salario mensual
equivalente a 135,6 dólares, pero el mandatario vetó la decisión
parlamentaria alegando que “no había señalado las formas de
financiar el aumento”.
En Ecuador el promedio de la pensión alcanza sólo a 50 dólares
mensuales y hay millares de ancianos que malviven porque sólo reciben
entre 3 y 10 dólares cada 30 días. Por eso, la espectacular subida del
sueldo presidencial fue considerada como un “verdadero escándalo” y
esa “opulencia salarial”, entre otras muchas, le originó los bajos
porcentajes de apoyo en las pasadas elecciones.
Las agrupaciones indígenas son, junto con los partidos
políticos de oposición, quienes de forma más enérgica censuran
a Gutiérrez y a su gobierno, y se han encargado de realizar dos
grandes manifestaciones
públicas, una, los días 16 y 17 de febrero y, otra, a partir del 6 de
junio durante la celebración en Quito de la XXXIV Asamblea General de
la Organización de Estados Americanos (OEA).
En un país de 12,2 millones de habitantes, la población
indígena constituye una fuerza poderosa, equivalente al 35 por ciento,
que alcanza a 4.270.000 personas congregadas en la UPP, “Ecuarunari”
y la Confederación Nacional de Indígenas de Ecuador (CONAIE) y cuyos
dirigentes han coincidido, desde finales del año pasado, que el actual
mandatario “ya no nos ofrece ninguna garantía ni seguridad”.
La próxima semana será decisiva dentro de la política
ecuatoriana y se sabrá la decisión del Congreso respecto a iniciar el
juicio contra el Jefe del Estado, aunque en algunos medios se considera
que la acusación no “tiene muchas posibilidades de prosperar”.
No obstante, la situación quedará mucho más deteriorada que en
la actualidad en este país, rico en la producción de petróleo y
banano, y la política podrá polarizarse en actitudes extremas por
parte de una u otra opción, máxime cuando el presidente anunció que
“luchará a muerte para defender mi cargo y mi reputación”. |