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La extradición a Estados Unidos de Gilberto Rodríguez Orejuela
(“El Ajedrecista”), uno de los “capos” narcotraficantes con más
amplio historial delictivo y que junto a su hermano Miguel creó el
tenebroso “Cartel de Cali”, se encuentra ahora pendiente de la
decisión final del presidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez, tras la
autorización otorgada por la Corte Suprema de Justicia, el 2 de
noviembre de 2004.
El máximo tribunal de justicia en Colombia autorizó la
extradición del “jefe mafioso” atendiendo a la petición del
Tribunal del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), que lo acusó el
22 de enero de este año por “los delitos de concierto para importar
cocaína, concierto para poseer la misma sustancia con intención de
distribuirla y concierto para lavar activos”.
Aunque el “Cartel de Cali” se extinguió hacia finales del
siglo pasado tras las capturas de los dos hermanos que lo fundaron en
Cali, capital del departamento (Provincia) del Valle del Cauca, William,
uno de los hijos de Miguel, trató de revivirlo, pero fracasó en su
intento y actualmente se encuentra fugitivo de la justicia, también
solicitado en extradición por la justicia estadounidense, al igual que
su progenitor y su tío.
Fuentes del Palacio de Nariño, sede de la presidencia colombiana
en Bogotá, informaron el 3 de noviembre que “el Presidente está
dispuesto a firmar la extradición (de Gilberto) una vez se cumplan los
trámites de rigor”, tal como sucedió el pasado 10 de septiembre
cuando fueron enviados 14 narcotraficantes a Estados Unidos, y el 2 de
noviembre con la extradición de otros 13.
“El Ajedrecista” fue sometido a un nuevo juicio el pasado 16
de septiembre por el envío en 1990 de 150 toneladas de cocaína a Costa
Rica, para luego introducirlas a Estados Unidos, y aceptó ser
extraditado y enviado a ese país, “si así lo decide la Corte Suprema
de Justicia”.
Este “capo”, que había sido puesto en libertad el 7 de
noviembre de 2002, tras haber sido capturado por primera vez el 5 de
junio de 1995, luego de un polémico fallo de un juez de Tunja, fue
acusado de recibir dinero de los Rodríguez Orejuela para otorgarle la
libertad al aplicar un artículo de “Hábeas Corpus” que, incluso,
originó una amplia polémica entre el magistrado y el entonces ministro
de Justicia e Interior, Fernando Londoño Hoyos.
El 13 de marzo de 2003 Rodríguez Orejuela fue nuevamente
capturado para responder por otro proceso –tiene en su haber no menos
de 70- por narcotráfico y concierto para delinquir y por el cual se le
condenó a 24 años de cárcel.
No obstante, la manera como “hizo correr” el dinero entre
jueces y magistrados corruptos le permitieron obtener una considerable
rebaja de penas, porque a esos 24 años de prisión se le sumaron otros
21, pero finalmente, por “sospechosas reducciones”, sólo debía
permanecer en la cárcel durante 10 años y 6 meses.
Su hermano Miguel tiene también una orden de extradición
solicitada por la justicia estadounidense, que lo ha procesado por los
delitos de narcotráfico y lavado de activos. La respectiva solicitud se
encuentra en la Procuraduría General de la Nación para emitir
un concepto pedido por la Corte Suprema de Justicia que, en última
instancia, decidirá si pide al presidente Uribe Vélez autorizar el
envío de este otro “capo”.
Sobre su hijo William Rodríguez Abadía, que tiene orden de
captura desde el 19 de junio de 2002 por parte de la Fiscalía General,
pesa una solicitud de extradición por una Corte de Nueva York
bajo la acusación de “concierto para importar cocaína”.
Ambos hermanos, de acuerdo con lo publicado por la revista
colombiana “Semana” a finales de octubre, llegaron a un acuerdo con
las autoridades estadounidenses para ser condenados cada uno a 25 años
de prisión, mientras William Rodríguez recibiría un castigo de 10
años de cárcel.
Colombia, que está considerado como el “primer exportador
mundial de cocaína”, reformó la Carta Magna en 1997 y autorizó de
nuevo la extradición de nacionales por delitos contra la salud
pública, la exportación de estupefacientes y el lavado de dinero
negro, que había sido suspendida precisamente por presiones de los
carteles narcotraficantes que “compraron” a legisladores y miembros
del gobierno, presidido entonces por Ernesto Samper Pizano.
El 10 de septiembre pasado fueron enviados a Estados Unidos
catorce mafiosos, entre ellos el “capo” Carlos Alberto Lopesierra,
y el 2 de noviembre otros 14 miembros de una banda internacional de
narcotraficantes, entre quienes se encontraban Claudia Patricia Puello
Hernández, Juan Carlos Rodríguez Guevara, Carlos Peralta Carrasquilla
y Rafael Ignacio Lopera García. Todos han
sido reclamados por Cortes de Nueva York,
Florida, Tampa y Massachussets, informó el
departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la policía secreta
colombiana y se ofrecían recompensas económicas por sus capturas.
En “capilla” para ser también extraditado se encuentra
Gabriel Puerta Parra, uno de los 12 jefes narcotraficantes más buscados
por Estados Unidos y capturado el pasado 6 de octubre en una hacienda de
la población de La Vega, a 60 kilómetros de Bogotá. Al parecer, fue
uno de los “hombres claves” del “Cartel de Medellín”, fundado
por Pablo Escobar, que murió al enfrentarse en esa ciudad a las fuerzas
militares y de policía.
Una Corte del Distrito estadounidense de Columbia
solicitó al gobierno colombiano la extradición de Puerta Parra,
miembro del “Cartel del Norte del Valle”, por “concierto para
conducir y participar en un negocio a través de un patrón de actividad
de fraude organizado, concierto para distribuir una sustancia controlada
y por conspiración”.
Otro de los “mafiosos” con más historial delictivo en el
mundo del narcotráfico es Luis Hernando Gómez Bustamante, alias
“Rasguño”, detenido en julio pasado en el aeropuerto de La Habana,
capital de Cuba, país con el que, al parecer, mantenía negocios para
introducir a través de él, la cocaína del “Cartel del Norte del
Valle” a Estados Unidos. También está a la espera de ser
extraditado.
Estados Unidos había ofrecido por la captura de estos dos
mafiosos y de otros diez una recompensa de hasta 5 millones de dólares.
En la “lista” para ser capturados y extraditados se encuentran
también varios “narcoterroristas”, entre ellos Diego León Montoya
Sánchez (Don Diego), Wilber Alirio
Varela (Jabón), Miguel Angel Mejía Múnera
(El Loco), Juan Carlos Ramírez (Chupeta), Salomón Camacho Mora y
Carlos Alberto Rentería (Beto).
También están solicitados varios de los actuales
“negociadores” de un hipotético plan de paz con el gobierno de
Uribe Vélez, que pertenecen a la banda terrorista Autodefensas Unidas
de Colombia (Auc), entre ellos su número
uno Salvador Mancuso, Víctor Manuel Mejía Múnera
(El Mellizo o Pablo Arauca), Iván Roberto Duque Gaviria (Ernesto
Báez), el conocido solamente con el alias de “Hernán Hernández”,
Francisco Javier Zuluaga (Gordo lindo) y
Ramiro Vanoy Murillo (Cuco).
Una decisión tomada el 2 de noviembre por el presidente Uribe de
permitir el “tránsito libre” por todo el país y de no aplicarles
las órdenes de detención dictadas por la justicia a Mancuso,
“Ernesto Báez” y “Hernán Hernández”, que estaban confinados
en una zona de Santa Fe de Ralito de 368.790 kilómetros cuadrados que
el gobierno les otorgó como una especie de “república
Independiente”, ha originado amplio malestar dentro del pueblo
colombiano.
Numerosas voces, entre ellas las de la Justicia, que la
consideran una intromisión en su independencia y en la separación de
poderes que contemplan la Constitución y las leyes, se han hecho
sentir, pero según la oposición, “el presidente ha pasado
olímpicamente de ellas” porque se trata de “sus amigos, a quienes
ha apoyado desde la época en que integraban un grupo de
paramilitares” y porque “Uribe solo está preocupado por su
reelección”.
Ello constituye una muestra más de la forma como se quiere
implantar en Colombia el “egouribismo”,
a través de corrupción con la compra de miembros del Congreso, de
funcionarios y de diplomáticos, porque a Uribe “lo que más le
interesa es permanecer en el poder a costa de lo que sea”. |