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El grupo “ABRAVEN”, conformado por Argentina, Brasil y
Venezuela, al igual que Cuba, realizan una peligrosa política de
intimidación y restricciones con el objeto de establecer indignas
censuras de prensa y coartar la libertad de expresión, a través de
leyes que han sido propuestas a la consideración de los respectivos
parlamentos o de detenciones arbitrarias de periodistas.
Así lo denunció el 26 de octubre de 2004 la Sociedad
Interamericana de Prensa (SIP) al término de su 60 Asamblea General
realizada en la ciudad guatemalteca
de Antigua y concluida tras cuatro días de deliberaciones, durante las
cuales condenó también el injusto encarcelamiento de 32 periodistas y
otros dirigentes políticos y opositores por parte del gobierno cubano.
Uno de los más destacados periodistas y poetas cubanos detenidos
es Raúl Rivero, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de
Prensa de la SIP, que está condenado a 25 años de prisión y a pesar
de hallarse enfermo, el gobierno de Castro impide que se le preste
adecuada atención médica y no permite la visita de médicos ni el uso
de medicinas para que pueda recuperarse satisfactoriamente.
Rivero, otros 31 periodistas y 46 dirigentes políticos y
opositores al régimen dictatorial de Castro se encuentran detenidos en
verdaderas pocilgas por el solo hecho de no compartir la política
gubernamental pues en Cuba disentir es sinónimo de cárcel. Para tratar
de “limpiar su sucia y negativa imagen”, en las últimas semanas se
ha liberado a dos de los 78 condenados.
La SIP criticó, asimismo, la acción del gobierno de Estados
Unidos por “restringir el ingreso de reporteros a ese territorio y por
pretender obligar a los periodistas a que revelen la fuente que les
proporciona información”, y también expresó su preocupación por la
impunidad que existe ante el asesinato, en el último semestre, de nueve
periodistas latinoamericanos, en hechos ocurridos en Brasil, Colombia
(país en donde también fue asesinado un vendedor de prensa por el
grupo terroristas de las Autodefensas Unidas de Colombia –Auc),
México, Paraguay, República Dominicana y Venezuela.
Los presidentes Néstor Kirchner (Argentina), Luiz Inacio da
Silva, “Lula”, (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela) y Fidel Castro
(Cuba), son los responsables de las persecuciones a la prensa porque
quieren que esta “se plegue a sus intereses particulares y partidistas
antes que a los de la opinión pública que debe conocer siempre la
verdad”, dijo uno de los directivos de la SIP.
A juicio de este organismo, “la situación en Venezuela está
dando un giro alarmante hacia la restricción e intimidación de la
prensa”, porque “se está poniendo una llamada Ley de
Responsabilidad Social de la Radio y la Televisión que amordazaría a
los medios y le daría al gobierno (de Chávez) control fundamental
sobre la programación y, en efecto, permitiría la censura previa” y
porque, además, la “intimidación física contra contra periodistas
va en aumento”.
El Congreso venezolano, dominado por legisladores “chavistas”
está debatiendo en su fase final el proyecto que el mandatario
puso en “circulación” en enero de 2003 bajo el pretexto de buscar
“proteger al público infantil y adolescente de la transmisión de
contenidos violentos o sexuales que afecten su formación, y de promover
entre los medios electrónicos una ética y fomentar la producción
audiovisual independiente”.
Esos argumentos, según la dirigencia periodística venezolana
constituye sólo un pretexto porque Chávez ya los amenazó después del
frustrado “golpe de opinión” del 11 de abril de 2002, cuando el
mandatario, asesorado por su vicepresidente, José Vicente Rangel, un
antiguo periodista, se convirtió en un “furibundo enemigo” de la
libertad de expresión porque diarios, emisoras de radio y televisión,
en su gran mayoría, hacían respetar su independencia y su derecho a la
libertad de expresión “y no les rendían pleitesía a esas dos
personas ni al gobierno”.
Esa ley tiene, según los opositores a la misma, encabezados por
el sociólogo y periodista Tulio Hernández, “defectos en sus
mecanismos de sanción y parámetros de evaluación, porque le concede
todo el poder de decisión, para evaluar y multar, a un Comité
representado en su mayoría por el Gobierno”.
Para el presidente del Instituto de Prensa y Sociedad
–capítulo venezolano-, Andrés Cañizales, “el proyecto de esta ley
ha sido utilizado como instrumento en la confrontación política”. Su
argumentación se basa en la forma reiterada como “voceros del
Gobierno y el presidente Chávez han asentado que esta ley podría ser
el resguardo para sancionar e, incluso, cerrar medios de
comunicación”.
Otro organismo periodístico, el de “Reporteros sin Frontera”
(RSF), con sede en París, en mensaje dirigido al ministro venezolano de
Comunicación, Andrés Izarra, abundó en
las críticas al proyecto de ley, pues a su juicio, “el principal
problema es su margen de interpretación”.
También RSF señala que el proyecto gubernamental “prohibe
la difusión, entre las 5 y 23 horas (locales), de imágenes cuya
definición podría de hecho corresponder a las de un informativo
televisado”; Izarra respondió que “la
ley no busca coartar la libertad de expresión e información sino
promover una ética de los medios en el tratamiento periodístico”,
afirmación que ni la SIP ni RSF se creen.
La lucha contra la libertad de prensa durante los últimos
seis meses, señaló la SIP en sus conclusiones, “sufrió serios
reveses en muchos países del Hemisferio, mayormente a manos de
criminales que vienen operando con impunidad así como por regímenes
represivos en Cuba y Venezuela y funcionarios de gobierno que procuran
legislaciones restrictivas”.
En Argentina y Brasil la situación es similar a la de Venezuela
y según describió la SIP, la política hacia los medios de
comunicación promovida por el presidente Kichner,
es de “una total sordera oficial”, mientras el presidente
“Lula”, en Brasil, otorgó su respaldo personal a medidas que pueden
restringir la libertad de prensa.
La creación de un Consejo Federal de Periodismo (CFP) “con
potestad para castigar a periodistas que violen sus principios, le
daría al gobierno brasileño mayor autoridad sobre los medios de
comunicación”, expresó la organización interamericana que acordó
el envío de misiones especiales a ambos países suramericanos para
analizar las restricciones a la prensa.
El objetivo de ambas misiones es el de reunirse con miembros del
Senado en Argentina y Brasil para expresarles la amplia preocupación de
la SIP “por las leyes que pretenden impulsar, porque ellas restringen
la libertad de prensa”.
La 60 Asamblea General de la SIP pudo constatar, por el informe
directo de decenas de periodistas, que la libertad de prensa es
considerada por presidentes dictadores y por otros gobernantes que se
dicen demócratas, un “peligro potencial” para sus intereses
personales porque a través de ella se descubren numerosas anomalías y
atropellos y se señalan los casos de corrupción que en América
Latina, infortunadamente, van en constante aumento y que muchos de ellos
respaldan. Destaca comprobar que cuatro regímenes que se identifican con la izquierda como son los de Argentina, Brasil, Cuba y Venezuela estén sumergidos en una “inexplicable batalla”, a veces subterránea, contra los medios de comunicación que no son complacientes con los delitos ni con la forma dictatorial como gobiernan y que no se inclinan, como quieren sus presidentes, a sus “nauseabundas exigencias”. Eso es bueno para la libertad de prensa, aunque hay otras “ovejas negras” que en esos países viven permanentemente sumergidos dentro del estiércol. |