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PERU-COLOMBIA:
CORRUPCION, LASTRE LATINOAMERICANO
La corrupción es un verdadero “lastre” para América Latina y es
necesario combatirla a fondo, señalaron los presidentes de Perú,
Alejandro Toledo, y Colombia, Alvaro Uribe Vélez, durante la visita
oficial que este último mandatario realizó a Lima los días 21 y 22 de
octubre de 2004.
Los mandatarios tienen completa razón en el calificativo que le otorgan
a la corrupción pero, infortunadamente, ambos han sido acusados de
promoverla o de permitirla en sus respectivos países, con lo cual sus
argumentos y opiniones sobre el tema quedan en entredicho, según
observadores suramericanos.
En los últimos años se han destapado numerosos casos de corrupción
que afectan directamente a los presidentes o ex mandatarios de varios
países latinoamericanos, entre los que se encuentran, Carlos Menem
(Argentina), Luiz Inácio Da Silva (Lula – Brasil), Miguel Angel
Rodríguez y Rafael Angel Calderón (Costa Rica), Arnoldo Alemán
(Nicaragua), Mireya de Moscoso (Panamá), Alberto Fujimori (Perú),
Lucio Gutiérrez (Ecuador), Hugo Chávez (Venezuela), Carlos Salinas de
Gortari (México), Alfonso Portillo Cabrera (Guatemala) y Alán García
(Perú).
Toledo está acusado en Perú de haber permitido la corrupción, que
prometió desterrar al sustituir al huido delincuente Alberto Fujimori,
a varios de sus más inmediatos colaboradores y amigos personales como
el ex vicepresidente y ex ministro de Comercio Exterior Raúl Díez
Canseco, el ex director del Consejo Nacional de Inteligencia (CNI)
César Almeyda, y el general Oscar Villanueva, quien se suicidó al
descubrirse que era el “cajero” del “ladrón de guante blanco”
Vladimiro “Rasputín” Montesinos.
También la propia esposa de Toledo ha sido acusada de realizar, a su
amparo, actos de corrupción, disponiendo de fondos económicos de
entidades públicas. Por todo ello, Toledo actualmente tiene menos de un
7 por ciento de aceptación entre sus compatriotas.
Uribe Vélez, por su parte, que ganó las elecciones del 26 de mayo de
2002 bajo la juramentada promesa de acabar con la corrupción, ha sido
objeto en los últimos meses de diversas acusaciones, que su gobierno no
ha podido desmentir, por ejecutar una campaña de “compra-votos” a
miembros del Congreso Nacional –Senadores y Representantes a la
Cámara- para que le aprueben el proyecto reformatorio de la Carta Magna
para su
reelección inmediata a partir del 7 de agosto de 2006.
Según las acusaciones, el mandatario ha nombrado en cargos
diplomáticos y públicos a familiares directos de los legisladores o
les ha otorgado a estos, a través del Congreso, auxilios económicos
especiales para que puedan decir en sus provincias que son dineros para
inversiones sociales y de obras públicas en ellas.
El senador José Helí Rojas, que lo acusaba recientemente en un
programa en directo de la Cadena Radial Colombiana (Caracol), fue
interrumpido por Uribe para insultarle, pero este no pudo desmentir las
acusaciones sobre la designación de familiares de congresistas en
cargos
diplomáticos, relegando a quienes han estudiado la carrera diplomática
en Colombia para satisfacer así su vanidad personal y su deseo de
implantar el “egouribismo”, pero a costa del tesoro público y de
hacer de la corrupción, desafortunadamente, una bandera.
La Organización independiente “Transparencia Internacional” (TI),
durante su informe correspondiente a 2004 sobre el “Indice de
Percepción de la Corrupción (IPC) señaló que Colombia ocupaba el
puesto 60 a nivel mundial con una calificación de 3,8, y Perú el 67
con 3,5.
La calificación iba desde el 0 –país sin corrupción- hasta el 10
(nación más corrupta), lo que significa que Colombia y Perú, que han
abogado en Lima por eliminar ese “lastre tan perjudicial”, no
“pasaron el examen” y obtuvieron unas notas que les hace aparecer
entre los que más apoyan esas prácticas delictivas.
Uribe, que en un discurso pidió en la capital peruana “erradicar la
corrupción”, porque si “no la erradicamos, no vamos a tener
posibilidades de construir la confianza de nuestros pueblos en las
instituciones que nos dirigen”, también solicitó colaboración para
“derrotar el terrorismo”, que en Perú está prácticamente
erradicado, lo que no ocurre en Colombia, en donde los tres grupos
terroristas siguen actuando, aunque uno de ellos esté comprometido en
una “irreal” negociación de paz.
En Perú las bandas terroristas Sendero Luminoso y Movimiento
Revolucionario Túpac Amaru, han quedado eliminadas en la práctica
porque el gobierno anterior las combatió con decisión y firmeza, sin
inocuos diálogos y dando captura a sus principales jefes y miembros,
con los
cuales ambas quedaron desarticuladas.
No ocurre lo mismo en Colombia, en donde continúan actuando las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), el Ejército Nacional de
Liberación (Eln) y las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), un grupo
que nació con referencia de paramilitar para combatir a los dos
primeros y que terminó siendo también una agrupación narcoterrorista.
Actualmente, y desde el pasado primero de julio, el gobierno de Uribe
adelanta con las Auc unas negociaciones para la búsqueda de la paz,
pero el grupo paramilitar y terrorista, tras obtener una amplia zona de
368,790 kilómetros cuadrados en Santa Fe de Ralito (norte del
país), cedida por el Ejecutivo, no ha dado los más mínimos y
adecuados pasos que permitan creer, salvo a unos inocentes mandatario y
al Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, que van a dejar
su “jugoso y aterrador negocio narcoterrorista”.
“Hay que enfrentar los desafíos que amenazan nuestras libertades y
nuestra independencia”, afirmó Uribe cuando recibió la
condecoración “Orden el Sol de Perú” en el grado de Gran Cruz,
otorgada por el gobierno de Toledo “por el empeño y liderazgo” que
ejerce en su país y
por el dinamismo que “desarrolla en beneficio de las relaciones
peruano-colombianas”.
La extensión de la corrupción a la gran mayoría de los países
latinoamericanos y del Caribe, calificada por la Organización de
Estados Americanos (OEA), como un “auténtico cáncer”, determinó
que el pasado 8 de junio, al finalizar su XXXIV Asamblea General en
Quito, aprobase la intensificación de la lucha contra ese peligroso
método.
“El fenómeno mundial de la corrupción es un obstáculo crítico para
el desarrollo social”, señaló el documento aprobado por la OEA, la
que también acordó la aprobación de medidas efectivas y concretas
para “la prevención y combate contra todas las formas de corrupción,
soborno y prácticas ilícitas conexas con las transacciones
comerciales”.
El organismo decidió que los 34 gobiernos miembros extraditen a los
funcionarios del sector público y privado a quienes se les compruebe su
participación en actos corruptos para evitar que este fenómeno
delictivo siga extendiéndose hacia otros estamentos de las sociedades
civiles, judiciales y militares.
Los presidentes de países latinoamericanos y caribeños tienen que
demostrar con hechos y no recurriendo a palabras que se las lleva el
viento o quedan consignadas en letra muerta de documentos, que afrontan
con decisión, valentía y sin el menor ánimo de sospecha, la lucha
contra la corrupción.
Solo así, manifestaciones como las que hicieron Toledo y Uribe en Lima
pueden tener la necesaria credibilidad. Pero mientras ambos estén
“bajo lupa” porque sus actuaciones en ese campo no han sido
satisfactorias durante sus mandatos, no es posible creer que en Perú y
Colombia se esté combatiendo con la eficacia debida ese lastre que
significa la corrupción.
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