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El corrupto ex presidente argentino Carlos Saúl Menem,
quien se encuentra huido de la justicia e inexplicablemente amparado por
el gobierno chileno que preside Ricardo Lagos, será nuevamente juzgado
por uno de los peores delitos que cometió durante su último gobierno,
el de contrabando de armas a Ecuador y Croacia, cuando ambos países
estaban comprometidos en sendos conflictos bélicos.
Presionada por el gobierno de Lagos, la justicia chilena se ha
negado a atender las razones jurídicas argentinas y negó la
extradición de Menem a través de la Corte
Suprema, a pesar que sobre este existen dos órdenes internacionales de
captura. El corrupto ex presidente vive en Santiago de Chile junto a su
nueva esposa Cecilia Bolocco, muy conocida
por haber sido elegida en un concurso de Miss Universo y de un hijo de
ambos nacido el año pasado.
Menem a través de sus abogados Oscar
Salvi y Luis Plaglietti,
que no gozan de buena reputación en su propio país, ha alegado ser un
“perseguido político” del gobierno que dirige el también miembro
del Partido Justicialista, Néstor Kichner,
aunque en este sentido Lagos ha señalado que “no observa ningún tipo
de persecución política”, pero por otra parte ha echado una
“mano” para defender a
toda costa a quien es considerado un “auténtico delincuente” por la
propia justicia y la mayoría de los argentinos.
La Cámara en lo Penal Económico de Argentina en una decisión
que ha sido muy aplaudida en este país, revocó el 21 de octubre de
2004 el absurdo sobreseimiento por el delito de “contrabando de
armas” que había favorecido al ex mandatario y con ello abrió la
posibilidad para que vuelva a ser procesado y enviado a la cárcel, como
ya lo estuvo, aunque sólo permaneciendo en su domicilio, entre los
meses de julio y septiembre
de 2001.
El juez Julio Speroni, tachado de
“leal menemista”, en un auto dictado en
el año 2002, rechazó la inhibición de prisión y por eso el corrupto
ex presidente pudo gozar de “completa libertad”, a pesar de las
abundantes pruebas existentes para condenarlo. En cambio procesó como
“supuesto miembro de una asociación ilícita” al ex coronel del
ejército Diego Palleros, a quien acusó de
“haberse encargado del contrabando”, para buscar de esa manera no
perjudicar a “su jefe”.
Menem gobernó Argentina entre los
años 1989-1999 y dejó una estela de corrupción, despilfarro y
arbitrariedades por las que está siendo juzgado y ante su clara
evidencia que le enviarán a la cárcel por la abundancia de pruebas, se
encuentra huyendo y ha desoído las continuas citaciones de los jueces
Jorge Urso y Norberto Oyarbide
para que responda en interrogatorios que deben celebrarse en Buenos
Aires.
El fallo revocatorio del sobreseimiento a Menem
también involucra al ex ministro de Economía Domingo Cavallo
y a Carlos Sánchez, ex viceministro de Economía, que deberán
responder por el ocultamiento de, al menos, 43 millones de dólares que
fueron cobrados por la ilegal venta de 6.500 toneladas de armamento a
Ecuador y Croacia y los cuales, al parecer, se ingresaron en cuentas
corrientes de bancos suizos y de otros “paraísos fiscales”.
La Organización de Naciones Unidas (ONU) había prohibido por
esa época la venta de armas a los dos países porque Ecuador estaba
involucrado en una guerra contra Perú que tuvo un feliz final y
permitió a los dos países firmar un Tratado de Paz y de definición de
fronteras en la región amazónica, y Croacia participaba en la cruel
lucha étnica que surgió en Yugoslavia entre serbios, croatas y
musulmanes.
Entre los años 1991 y 1995 se produjo esa venta ilegal de armas
con evidente violación de los embargos dispuestos por la ONU y se da la
coincidencia que mientras fuerzas argentinas se encontraban participando
en labores de pacificación en los Balcanes, Argentina se convirtió en
garante del Tratado de Paz peruano-ecuatoriano.
Por esa época no se conocía la abierta e ilegal
participación de Menem y sus colaboradores
en contra de uno de los firmantes del documento –Perú-, que puso fin
a una larga y bélica disputa de las dos naciones andinas.
Además del contrabando de armas, del que Menem
y otros ex funcionarios se han beneficiado económicamente, también el
ex presidente está acusado de otro delito de corrupción, pues el
pasado 24 de abril el abogado Ricardo Monner
Sans lo denunció porque durante su gobierno los ministros y otros altos
empleados adscritos al “menemismo”
cobraban ocultamente sobresueldos equivalentes a 50.000 dólares
mensuales.
Esas cantidades, muy elevadas para un país pobre como Argentina
y que no pueden aspirar a ganar en toda su vida laboral el 88,7 por
ciento de la población, se les pagaba a los ex ministros y ex
funcionarios a través de las oficinas de jefatura del gabinete
presidencial y para que no fueran descubiertos por la Hacienda y la
Administración de Impuestos no se les hacía firmar recibos.
Tal actuación ilícita está consagrada como delito relacionado
con la “malversación de caudales públicos” y de “fraude a la
administración pública”, a la vez que quienes los recibieron
cometieron el de “evasión fiscal y provisional”, por lo cual Menen
puede ser sancionado con una pena no inferior a cinco años de prisión.
Precisamente otra funcionaria corrupta, la ex secretaria de
Recursos Naturales y Medio Ambiente María Julia Alzogaray, la “mano
derecha” de Menem, fue condenada el 22 de
mayo de 2004 a tres años de prisión y a una inhabilitación de seis
años para ocupar cargos públicos por “enriquecimiento ilícito”.
Alzogaray reconoció el cobro de ese “dinero negro” durante
el juicio oral, cuando señaló ante el Tribunal que la juzgó: “Yo
recibí fondos no declarados en cumplimiento de una ley secreta aprobada
por el Congreso y por esos sobresueldos se justifica el aumento de mi
patrimonio”. Otro juzgado argentino está investigando esos pagos
ilegales a ex ministros y ex funcionarios.
Fue tanta la cantidad de delitos cometidos por Menem
durante sus dos periodos de gobierno y por los cuales se encuentra
frente a la justicia de su país en “situación de rebeldía” por no
haberse presentado a declarar ante los jueces Urso
y Oyarbide, que también está inmerso en el
pago ilegal de sobreprecios en la construcción de dos cárceles.
La investigación ha permitido conocer que para esas obras
se pagaron “sobreprecios por más de 34 millones de dólares”, y
que, lógicamente, el corrupto ex mandatario fue uno de los
beneficiados, con una elevada cantidad, y cuya “ruta de dinero” ya
la ha encontrado la justicia argentina.
En Argentina se ha aplaudido la decisión tomada por la Cámara
en lo Penal Económico y la justicia espera tener pronto ante ella al
fugado ex mandatario para que responda por los cargos de corrupción de
los que está acusado y cuyas investigaciones han probado que todos
ellos son cierto. Los argentinos quieren ver entre rejas a quien asumió
la Jefatura del Estado para enriquecerse ilícitamente y también, como
han pedido a la justicia, desean que esté fuera de ella al juez Julio Speroni,
porque no confían en él.
Argentina es otro país que, como ocurre infortunadamente
en América Latina y el Caribe, cuenta con auténticos delincuentes que
han llegado hasta la misma Presidencia. Por eso quiere que Menem
reciba, por fin, el merecido castigo que su corrupta conducta e
inmoralidad merecen. |