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Uno de los países que aparecía en América Latina como ejemplo
de democracia y honestidad, Costa Rica, está destapando en cadena los
actos corruptos de sus más recientes Jefes de Estado, y a la
inmoralidad de Miguel Angel Rodríguez (1998-2002) que se encuentra en
“arresto domiciliario” se unió Rafael Angel Calderón Fournier
(1990-1994) detenido en una cárcel de la Fiscalía el 21 de octubre de
2004.
Los dos han sido acusados por la justicia costarricense, con
“pruebas contundentes”, de haber participado directamente en casos
de corrupción y de recibir sobornos mientras ejercían sus cargos. Es
la evidencia del desmoronamiento moral en que ha caído una parte de la
clase política costarricense y directivos de empresas nacionales e
internacionales.
Calderón fue encarcelado por el denominado “caso Finlandia”
acusado de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho propio y
asociación ilícita y su detención obedeció a la petición de la
Fiscalía de Delitos Económicos (FDE) por haber recibido no menos de
450.000 dólares, que le fueron ingresados en una cuenta de un banco en
Panamá.
El “escándalo Finlandia” se relaciona, según la FDE, con un
préstamo de 39,9 millones de dólares que el gobierno finlandés
otorgó para comprar equipos médicos a la Caja Costarricense del Seguro
Social (CCSS) y durante la cual se pagaron comisiones superiores a los
ocho millones de dólares que tuvieron como destinatarios al entonces
presidente Calderón Fournier, otros funcionarios y políticos y a
empresarios locales.
Calderón fue interrogado el miércoles 21 durante una audiencia
celebrada en la Fiscalía de Delitos Económicos tras haber sido acusado
por su amigo Eliseo Vargas, ex presidente de la CCSS, de haber recibido
el soborno. De inmediato se dictó la orden de detención porque sus
aclaraciones no fueron satisfactorias.
Vargas, quien se encuentra en prisión y está calificado por la
FDE de ser el “cerebro” de la “sucia
operación de soborno”, denunció, además del ex presidente
Calderón, al presidente ejecutivo de la Corporación Fischel, Walter
Rieche, entidad que fue intermediaria entre Finlandia y la CCSS para la
adquisición de los equipos médicos; a Gerardo Bolaños, ex directivo
del Seguro Social y ex diputado perteneciente al mismo partido político
que el ex mandatario, y al abogado Randal Vargas. Todos se encuentran
detenidos.
Como ya lo hizo Rodríguez, que se vio obligado a renunciar al
cargo de Secretario General de la Organización de Estados Americanos
(OEA), tras 17 días de gestión, Calderón se declaró “inocente”,
y ante la FDE afirmó que “no he cometido ningún delito. En caso de
juicio, confío en que sea justo”. También su abogado Gonzalo
Castellón dijo que “es inocente”, como siempre lo hacen todos los
abogados que defienden a delincuentes, así sean como estos, de
“cuello blanco”.
De 55 años, Calderón admitió haber “recibido 450.000
dólares”, indicando que “provinieron de un asunto de mi vida
privada, por actividades lícitas”. La FDE, por el contrario, sostiene
que “formaron parte de actividades ilícitas, pues correspondieron a
un soborno”. El ex presidente, de todas formas, depositó esa cantidad
de dólares en una cuenta de la Fiscalía, para tratar de “aminorar la
acusación”, según dijeron portavoces de la justicia costarricense.
Rodríguez y Calderón, comprometidos en casos de corrupción,
también se identificaron en algo: antes de ingresar en la prisión de
la Fiscalía, sufrieron “desmayos” y problemas médicos. El primero,
alta hipertensión –el 16 de octubre-, y el segundo, un
sangrado digestivo, de los cuales lograron recuperarse.
Al ex presidente Rodríguez se le acumulan varios delitos y está
acusado por el Fiscal General, Francisco Dall`Anesse, de corrupción,
cohecho y enriquecimiento ilícito, por haber aceptado sobornos de las
multinacionales francesa Alcatel (1.4 millones de dólares), española
Inabensa Abengoa (100.000 dólares), del gobierno de Taiwán y de
empresas privadas del mismo país que pagaron 1.4 millones de dólares,
para repartir entre varias personas.
Honduras, otro país centroamericano, en donde la corrupta
multinacional francesa Alcatel tiene también contratos de telefonía
móvil, adelantará a través de la Fiscalía General y por orden
directa del Jefe del Estado, Ricardo Maduro, una investigación amplia
para saber si ha sobornado a funcionarios.
Maduro ordenó el pasado 16 de octubre que la justicia hondureña
revise todos los contratos firmados por Alcatel para prestar servicios
de telefonía, tras comprobarse los sobornos que realizó en Costa Rica
y sospechar que también en su país puede haber gente que se haya
beneficiado con la acción corrupta de la empresa gala.
La Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), por su
parte, está segura que la “mano corrupta” de Alcatel no llegó
hasta ella en los contratos firmados e, incluso, pagó un aviso en un
diario de Tegucigalpa para señalar que “lo que sucedió en Costa Rica
fue evitado con tiempo por la actual administración de Hondutel y por
decisión del Presidente de la República”, no obstante lo cual Maduro
ordenó continuar el proceso investigativo.
“Nos parece que es absolutamente necesario seguir adelante con
las investigaciones en el caso de Honduras de las empresas que han hecho
ventas al Estado, como en el caso de Alcatel”, declaró el presidente
al diario “El Nuevo Herald”, y a la vez anunció haberse reunido con
el Fiscal General, Ovidio Navarro, para solicitarle que la justicia
emprendiese de inmediato la investigación correspondiente.
El Jefe del Estado hondureño, durante una conferencia de prensa
celebrada el 18 de octubre dijo que Honduras “es el único país de
Centroamérica en el que las compras de todas las licitaciones en
materia de telecomunicaciones las hace el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)”.
El gobierno hondureño también encargó hace varios meses a la
empresa estadounidense Price Waterhouse de vigilar todas las operaciones
financieras con el objeto “garantizar la transparencia de las
contrataciones del Estado”, y el mandatario señaló que le pedirá
ahora que “haga un reporte, que será publico”, sobre la posibilidad
de sobornos por parte de Alcatel, multinacional que, por fortuna, ha
quedado “bajo sospecha” en América Central, con lo que disminuye su
influencia corrupta en esta región.
Fue rotundo el mandatario cuando describió la manera sucia como
se realizan esos actos de corruptela y declaró a los periodistas que
“cuando las contrataciones son hechas a través del Estado, siempre
intervienen la amistad, el compadrazgo, la influencia política, etc.
Entonces a mí me parece que para todos los hondureños, para todos los
gobiernos, para todos los partidos políticos y
para la imagen de Honduras es conveniente que las contrataciones sigan
en el PNUD”.
Los gobiernos de América Latina, muchos de los cuales están
señalados como principales sospechosos de aceptar sobornos, deben
seguir el ejemplo del Ejecutivo de Honduras y ordenar, como lo hizo el
presidente Ricardo Maduro, las correspondientes investigaciones para
conocer si Alcatel y multinacionales de Estados Unidos, Alemania,
España, Francia, Canadá, Japón, Rusia, China y Holanda, entre otras,
han estado involucradas en delitos similares.
Generalmente, las multinacionales dedicadas a las comunicaciones,
obras públicas, armamento y maquinaria, son las que utilizan
inmoralmente las tácticas del soborno y de la corrupción para
garantizarse suculentos contratos y en América Latina compran, con
facilidad, no solo a presidentes, ministros y otros funcionarios sino a
empresarios, aunque generalmente sus anzuelos están dirigidos a cazar
personas vinculadas con el sector público, en donde encuentran un
terreno propicio para sus fechorías. Y eso es lo que debe evitarse y
castigarse severamente. |