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El cada vez más vacilante e inseguro proceso de paz con el grupo
terrorista Autodefensas Unidas de Colombia (Auc)
puede “contribuir a la impunidad de graves crímenes” a juicio de la
Comisión Internacional de Juristas (CIJ), que pidió el 18 de octubre
de 2004 a la Unión Europea (UE) tener cuidado en su apoyo a un plan que
podría “perpetuar la impunidad”.
La petición fue hecha a la UE aprovechando la reunión del
Consejo de Ministros de la Comunidad sobre América Latina que, al
parecer, va a tratar sobre el tema de la negociación colombiana con los
terroristas de las Auc.
Tanto en Colombia como fuera de este país suramericano crecen
cada vez más las voces contrarias a que el gobierno que preside Álvaro
Uribe Vélez continúe, en aras de una discutida negociación, otorgando
mayores facilidades a terroristas que han cometido crímenes espantosos,
que han traficado con drogas y que están solicitados en extradición
por la justicia y el gobierno estadounidenses.
El gobierno colombiano y el grupo terrorista comenzó el pasado
primero de julio el nuevo proceso encaminado a lograr la
desmovilización de los casi 18.000 miembros de las Auc
para reinsertarlos a la vida civil, pero las negociaciones no han
avanzado positivamente y, antes por el contrario, la banda armada ha
cometido nuevos crímenes en diversas regiones, lo que ha causado la
protesta del gobierno de Estados Unidos y la Organización de Naciones
Unidas (ONU) porque existe un compromiso previo de alto el fuego.
Las Auc han contado con el
beneplácito del gobierno para tener una “república independiente”
de 368,790 kilómetros cuadrados en Santa Fe de Ralito, departamento de
Córdoba, que se ha denominado “zona de ubicación” y sus
principales jefes y negociadores son, además de terroristas,
reconocidos narcotraficantes, que inexplicablemente Uribe no ha ordenado
extraditar, a pesar de existir peticiones de Estados Unidos en tal
sentido desde hace varios meses. Desde ese lugar siguen ordenando actos
delictivos y nuevos crímenes y atentados.
La CIJ, en su comunicado, señala que “la oferta lanzada por el
gobierno colombiano tanto a los grupos paramilitares (Auc)
como a los rebeldes (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –Farc)
y Ejército de Liberación Nacional –Eln-),
supone que a cambio de su
desmovilización pueden ser perdonados por, incluso, graves violaciones
de los derechos humanos, tales como crímenes contra la humanidad y
crímenes de guerra”.
Esta Organización No Gubernamental (ONG) discrepó de la
política que viene aplicando el gobierno de Uribe y a través de su
Secretario General, Nicholas Hower,
señaló que “la legislación internacional establece claramente que
no puede haber amnistía ni perdón para tan graves crímenes contra los
derechos humanos”.
En las negociaciones en las que por parte del gobierno participa
personalmente el Alto Comisionado para la Paz, Luis Carlos Restrepo, se
está dando un “trato preferente” a los terroristas, a los que, al
parecer, el propio funcionario les prometió que Uribe iba a mantener
“su facultad discrecional en materia de extradición”, lo que los
“negociadores” de la banda armada y asesina consideraron “un gran
triunfo para su causa”.
Aunque el gobierno, a través de un comunicado, matizó las
afirmaciones del Alto Comisionado, indicando que “no negocia la
extradición”, otro párrafo del mismo evidenció la contradicción,
al indicar que quienes “quieran evitarla, deben demostrar a la
Comunidad Internacional su buena fe y su propósito de enmienda”, y
para disfrazar esa ambigua postura autorizó el pasado 28 de septiembre
extraditar a Juan Carlos Sierra.
Este “narcoterrorista” venía formando parte de la Comisión
Negociadora de las Auc para la paz y el
gobierno de Uribe resolvió también “desconocerlo como interlocutor
válido” para dicho proceso, aunque no se sabe si, como se ordenó a
las Fuerzas Armadas, ya fue capturado y enviado a Estados Unidos.
De esa “cúpula” negociadora, que goza de plena libertad y
todas las facultades para moverse por la “zona de ubicación” sin
ser molestada, también forman parte, entre otros, Salvatore
Mancuso, José Vicente Castaño –los dos
máximos jefes-, Víctor Manuel Mejía Múnera
(“El Mellizo”), Francisco Javier Zuluaga
Lindo (“Gordo Lindo” o
“comandante Gabriel Galindo”) y Ramiro Vanoy
Murillo (“Cuco”), también solicitados en extradición por Estados
Unidos.
Además de “zona de ubicación”, Santa Fe de Ralito se ha
convertido en “región de impunidad” porque a juicio de Estados
Unidos, la ONU e, incluso el CIJ, el gobierno colombiano no ha debido
aceptar como “negociadores” a tan reconocidos “narcoterroristas”
que, además, están procesado por un delito contra la salud pública al
ser los autores de la introducción de toneladas de cocaína a
territorio estadounidense.
El CIJ y su Secretario General hicieron una urgente petición a
la UE para que no se comprometa
con ninguna ayuda
financiera con el gobierno colombiano antes de asegurarse que
“cualquier proceso de negociación con los grupos armados
(terroristas) aporta la verdad, la justicia y la reparación, y no la
impunidad”.
Igualmente Hower declaró que
“debería ser impensable para la Unión Europea aprobar una
cooperación con el gobierno colombiano que perpetuara la impunidad”,
como sospecha el CIJ que sucederá para favorecer a las Auc,
una banda que fue creada por ganaderos y hacendados en 1987 para que los
defendiera de los atentados y asesinatos de las Farc
y el Eln y que terminó convirtiéndose en
otra agrupación “narcoterrorista”, al igual que a quienes
pretendía combatir.
El 27 de agosto pasado, el Encuentro Internacional Voces
por la Vida, que se realizó en Bogotá, al abordar el tema relacionado
con la negociación entre el gobierno colombiano y los terroristas
paramilitares que lideran Salvatore Mancuso
y José Vicente Castaño, consideró que existe un “evidente
peligro” para que los autores de grandes crímenes sean favorecidos
por el presidente Uribe y “no paguen adecuadamente por todos los
delitos cometidos”.
“La situación de Colombia es una herida abierta en la
región”, fue una de las conclusiones de ese Encuentro que también
consideró como “muy preocupante” la formalización de “un
neoliberalismo armado que con apariencia democrática impone un Estado
que arrasa conquistas sociales y las garantías individuales”.
De esta reunión, en donde participaron el brasileño Gustavo
Codas, el británico David Raby, el
canadiense Jim Hudgson,
el italiano Giusto Catania y el uruguayo
Armando Cuervo, entre otros, surgió
una clara advertencia acerca de la real posibilidad que se abra
mayormente en Colombia una “crisis de derechos humanos por la
realización de esa política de seguridad democrática” que está
imponiendo el gobierno.
El hecho que surjan nuevos organismos, que se suman a otros
gobiernos y entidades, que reclaman un cambio de actitud para
evitar que la impunidad continúe reinando en Colombia, demuestra que
Uribe y su gobierno continúan equivocándose, aunque no quieran
admitirlo, y que el proceso de paz con los terroristas de las Auc
“no está bien encaminado”.
Tanto Uribe como el vicepresidente, Francisco Santos, el Alto
Comisionado y los principales ministros, cada vez que surge alguna voz
discrepante con el proceso la tachan de “enemiga de Colombia”, al
igual que le sucede a millones de colombianos que piden el “merecido
castigo” para un grupo terrorista que con sus asesinatos,
narcotráfico, secuestros y atentados contra infraestructuras ha
contribuido para que este país suramericano sea considerado uno de los
más violentos del mundo.
A pesar que Uribe ha sido en varias ocasiones vinculado por un
“posible apoyo” a la banda paramilitar, incluso por parte de la ONU,
desde que ejercía el cargo de Gobernador del departamento de Antioquia,
sus actuaciones como presidente colombiano no parecen estar acordes con
un desmentido a esa colaboración porque, por el contrario, le está
favoreciendo al persistir con visible tozudez a un inexistente proceso
de paz y a incumplir compromisos internacionales.
Con esa actitud, Uribe y su gobierno están contribuyendo a
elevar a la máxima potencia la impunidad en Colombia, a crear un amplio
malestar dentro de la Comunidad internacional respecto al país
suramericano y a incumplir la propia Constitución que autoriza la
extradición de sus nacionales cuando han sido sometidos y condenados
por decisiones judiciales en el extranjero.
Calificar como un “enemigo de Colombia” a todo el que
discrepa del gobierno y de su forma de actuar en este campo es una
muestra de la inseguridad con la que Uribe, Santos y su gabinete se
desenvuelven en su función gubernamental. Con ello se está
favoreciendo impunemente a las bandas terroristas y la paz sigue muy
alejada del país, porque la realidad es otra. |