|
|
|
|
|
En el mismo avión que lo trasladó desde Washington hasta el
aeropuerto “Juan Santamaría”, de San José, el 16 de octubre de
2004, fue detenido y esposado el ex presidente de Costa Rica y efímero
Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA)
Miguel Angel Rodríguez, para responder por delitos de corrupción a
través del cobro de comisiones a empresas de Francia y España.
Rodríguez, que únicamente duró un mes al frente de la
Secretaría General de la OEA, fue trasladado bajo especiales medidas de
seguridad y en un vehículo que es conocido popularmente en ese país
como “perrera” a la sede de la Fiscalía General de la República,
en donde tiene abierta varias investigaciones, para ser interrogado por
cuatro fiscales especiales bajo la supervisión de Francisco Dall`Anesse,
quien declaró, cuando se descubrió la trama corrupta, que existen
“importantes elementos” en la previa investigación para
procesar y condenar al ex mandatario.
El Fiscal General dijo que Rodríguez será interrogado por
fiscales de delitos económicos para responder por las acusaciones de
corrupción, cohecho y enriquecimiento ilícito, y que será tratado
como cualquier sospechoso de haber violado la ley.
El cargo de presidente de Costa Rica fue ocupado por Rodríguez
entre los años 1998-2002, y el de Secretario General de la OEA lo
había asumido el pasado 15 de septiembre y 17 días después presentó
su dimisión, aunque la hizo efectiva a partir del 15 de octubre.
Los hechos delictivos se remontan al año 2001, cuando recibió
un soborno de la compañía francesa Alcatel de 1.4 millones de
dólares, mientras José Antonio Lobo, ex director del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) y su principal cómplice en el
delito, obtuvo otro millón de dólares.
Alcatel es una multinacional de Francia especializada en
telecomunicaciones y, muy especialmente, en ganar licitaciones sobre la
base de sobornar y corromper con dineros a funcionarios y políticos,
obtuvo en 2001 un contrato para suministrar 400.000 líneas de
telefonía celular al ICE por un total de 149 millones de dólares.
Al parecer otros funcionarios y políticos costarricenses
también fueron sobornados por Alcatel, y de acuerdo con las últimas
investigaciones realizadas por los fiscales, la multinacional pagó 9,4
millones de dólares, al lograr que el contrato de la licitación le
fuese adjudicado, finalmente, por 240 millones de dólares.
El propio ex gerente de Alcatel en Costa Rica Edgar Valverde, que
se encuentra desde el 14 de octubre en “arresto preventivo”,
confirmó a las autoridades judiciales que esa empresa había pagado al
ex presidente Rodríguez y a directores del ICE un total de 4,4 millones
de dólares y el resto a varios políticos, cuyas identidades ya están
en poder de la Fiscalía General.
Al parecer, según han podido comprobar las autoridades
judiciales, Rodríguez recibió la cantidad de 100.000 dólares de parte
de la empresa española Inabensa Abengoa, que está realizando obras
para la electrificación subterránea de la capital costarricense por un
montante de 52 millones de dólares.
Las acusaciones para el corrupto ex mandatario se acumulan en la
Fiscalía, porque se ha conocido que el gobierno de Taiwán hizo pagos
por 400.000 dólares y algunas empresas del mismo país asiático por un
millón, para sobornar a personas vinculadas con el ejecutivo
costarricense en la época en que gobernaba Rodríguez.
Rodríguez, quien ha negado todos los cargos y se declara
“inocente” de los delitos por los que se le acusan, había declarado
previamente, que su “compinche” Lobo le había hecho un préstamo de
140.000 dólares para realizar la campaña hacia la Secretaría General
de la OEA, pero el ex director del ICE manifestó a las autoridades que
el ex presidente le había llamado por teléfono el pasado 17 de
septiembre para que simulara un préstamo y así poder justificar el
dinero mal habido, a lo que Lobo se negó porque está colaborando con
la justicia para obtener una rebaja de su pena.
Este será el segundo presidente centroamericano en responder por
cargos de corrupción y otros delitos contemplados en los códigos,
porque ya el 7 de diciembre de 2003 fue condenado a 20 años de prisión
el ex mandatario de Nicaragua Arnoldo Alemán por lavado de dinero,
fraude, peculado y asociación ilícita para delinquir y otros delitos.
Alemán, de 57 años en el momento de su condena, gobernó
Nicaragua entre los años 1997-2002 y se pudo comprobar que transfirió
10 millones de dólares pertenecientes a 15 organismos oficiales a sus
cuentas personales en bancos de Panamá, por lo que se le condenó por
“malversación de caudales públicos”. También se le penó por
delito electoral.
Su corrupción no sólo se manifestó cuando ejercía el cargo de
presidente de Nicaragua, porque ya siendo alcalde de Managua, fue
acusado de haber aumentado su patrimonio personal en 250 millones de
dólares. Alemán, debido a especiales razones de salud, purga su pena
en su propia residencia campestre del municipio El Crucero y, además,
quedó políticamente inhabilitado por los 20 años que recibió de
condena.
A estos dos bochornosos casos debe unirse el del mexicano Gustavo
Ponce, que fue secretario de finanzas del gobierno de México Capital, y
se encuentra acusado del “lavado” de 3 millones de dólares.
El delito de Ponce se descubrió a través de un vídeo que lo
mostraba apostando con fondos obtenidos ilegalmente en los casinos de
Las Vegas, y que al parecer filmaron las autoridades estadounidenses,
que le estaban investigando por el lavado de dinero; el alcalde de
México, Andrés Manuel López Obrador le destituyó, pero el corrupto
funcionario huyó, aunque fue capturado a comienzos de octubre en la
ciudad de Tepoztlán y se le trasladó a una cárcel de alta seguridad.
Varias televisiones mexicanas dieron a conocer, en marzo pasado,
el vídeo que mostraba a Ponce apostando en los casinos de la ciudad
estadounidense y entonces huyó. Se considera que por el delito de
“lavado de dinero” al transferirlo al exterior, el ex funcionario
podrá ser condenado a una pena de entre 5 y 15 años de prisión.
En América Latina, por desgracia, la corrupción de políticos y
funcionarios públicos está muy extendida y de eso se valen las
multinacionales para obtener ventajosos contratos, eso sí mediante el
pago de sobornos y de prácticas incorrectas.
Es indudable que la clase política y un amplio espectro de
funcionarios latinoamericanos ya no solo viven bajo sospecha sino que
está comprobada la facilidad con la que se dejan sobornar. Por eso es
tan urgente que las leyes penales se modernicen en todos sus países y
se adapten a esta anómala situación porque ahora se llega a los cargos
públicos para “enriquecerse rápidamente y no para servir a los
ciudadanos”. Estos tres casos se han descubierto, pero faltan, sin
duda, muchísimos por “destapar”. |