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El Congreso de Bolivia, con el voto de 126 senadores y diputados,
de un total de 157 que conforman el Congreso Bicameral, aprobó el 13 de
octubre de 2004 iniciar un juicio político-judicial al ex presidente
Gonzalo Sánchez de Lozada, quien reside
actualmente en Estados Unidos, junto con 15 de sus ex ministros.
Sánchez de Lozada, quien se vio
obligado a dimitir de su cargo el 17 de octubre de 2003 en comunicación
dirigida al Congreso tras soportar una revuelta popular comandada por
dos dirigentes indígenas radicales y amigos de la violencia, tendrá
que comparecer ante la Corte Suprema de Justicia junto con sus ex
ministros para responder por “genocidio y peculado”.
La aprobación dada por el Congreso Bicameral para la iniciación
del juicio, que contó también con el voto negativo de 13 legisladores
y la abstención de otro, se definió tras dos tensas y prolongadas
reuniones.
En la primera sesión, la votación no alcanzó a registrar el mínimo
de 105 votos a favor –dos tercios de los legisladores- porque únicamente
se pedía la comparecencia de Sánchez de Lozada
y de los ex ministros de Defensa Carlos Sánchez Barzaín
y de Interior Yerko Kukoc.
El resultado fue de 103 votos para respaldar el juicio a los tres ex
funcionarios.
El Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), partido
político al que pertenece el ex presidente, se mostró partidario del
juicio siempre y cuando comparecieran los 15 ministros, muchos de ellos
que militan en otras agrupaciones que se aliaron con Sánchez de Lozada
para que este pudiera gobernar, como el Movimiento Independiente
Revolucionario (MIR) y el Movimiento al Socialismo (MAS).
Esa propuesta fue considerada negativamente por los partidos
promotores del juicio, varios de cuyos líderes afirmaron ante la prensa
que la moción del MNR buscaba “invializar
políticamente el proceso”, pero tras diversas negociaciones, el 13 de
octubre se alcanzó el acuerdo por el cual serán juzgados también los
15 miembros del gabinete que presidía Sánchez de Lozada.
El actual presidente boliviano, Carlos Mesa, que ejercía con Sánchez
de Lozada el cargo de vicepresidente, sin
embargo, no tendrá que comparecer en el juicio, a pesar que fue también
responsable del gobierno que tuvo una duración de 14 meses y que debía,
constitucionalmente, finalizar en el año 2007.
A pesar de la renuncia y salida del país del ex presidente, la
situación en Bolivia sigue siendo muy “difícil y enredada”, y los
factores que determinaron la actitud de Sánchez de Lozada
continúan vigentes y no han podido ser solucionados por Mesa.
La situación que vivía el país andino el año pasado era de
extrema gravedad, después que el 16 de septiembre de 2003, el radical
secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Unica
de Trabajadores Campesinos de Bolivia, Felipe Quispe
(alias Mallku), organizó una revuelta
popular en la que murieron 74 personas –en su mayoría indígenas- y
otras 100 resultaron heridas, originándose pérdidas que alcanzaron a
1.500 millones de dólares.
Claro que cuando el asunto adquirió extrema gravedad y los
enfrentamientos con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se
hicieron más intensos en varias partes del país, el organizador de la
revuelta pasó a la clandestinidad. Quispe,
como por arte de magia, desapareció dejando a los indígenas, casi
completamente analfabetos, metidos en un problema que a muchos les costó
la vida.
A ese “agresivo e irreflexivo movimiento”, como lo calificó
el gobierno por esa época, se unió otro de los más negativos y
violentos dirigentes, el “cocalero” Evo Morales, elegido legislador
por el Movimiento al Socialismo (MAS), y el más firme opositor para que
Sánchez de Lozada acabara con la producción
de la hoja de coca, la principal materia prima para elaborar la asesina
droga de la cocaína.
Cuando dimitió, Sánchez de Lozada
expresó que “al poner mi renuncia ante el Congreso lo hago con la
misma convicción de que la aceptación de la misma no corresponde, ya
que no se puede retirar a un presidente elegido democráticamente por
mecanismo de presión y de violencia que están al margen de la ley”.
El entonces vicepresidente Mesa, que como lo dijeron el
mandatario y el ministro Kukoc, “traicionó
nuestra confianza y se alió con los enemigos de la democracia y de un
gobierno legítimamente constituido”, está viviendo actualmente
presiones similares de los que creyó eran sus aliados el 17 de octubre
del año pasado cuando juró su cargo ante el Congreso.
Los enfrentamientos entre los dirigentes radicales, que llevaron
hasta la muerte a decenas de indígenas y campesinos, tuvieron su origen
en el odio feroz que sienten hacia Chile, país con el cual el gobierno
de Sánchez de Lozada estaba negociando para
transportar gas natural por uno de sus puertos con el objeto de venderlo
a México y Estados Unidos.
Bolivia, en coalición con Perú, se ha enfrentado militarmente
contra Chile en dos ocasiones, en los años 1836 y 1879, y en ambas
estos dos países han caído derrotados. En la última contienda
tuvieron que entregar una amplia parte de sus territorios, especialmente
Bolivia, que se quedó sin una salida al mar, al perder su litoral en el
Océano Pacífico.
Actualmente Bolivia y Chile no mantienen relaciones diplomáticas
y el primer país está sufriendo una amplia crisis económica, que en
parte podría paliar si vendiese gas natural a varios países. Según
informaciones oficiales, cuenta con la segunda reserva de ese producto
en Suramérica con 54,9 trillones de pies cúbicos, superado únicamente
por Venezuela que posee 147 trillones de pies cúbicos.
Tampoco Mesa ha podido negociar la venta de ese producto porque Quispe
y Morales la mantienen amenazado con organizar nuevas “revueltas
populares”, a pesar que el pasado 18 de julio los bolivianos, a través
de un referendo, le dieron un mayoritario y amplísimo apoyo para que su
gobierno pueda buscar las mejores soluciones, incluidas las ventas a
través de un puerto chileno, porque se debe “exportar el gas en
condiciones favorables para el país”. Igualmente recibió la
autorización de los votantes para modificar la Ley de Hidrocarburos.
Sin embargo, hasta ahora el gobierno de Mesa no ha podido
solucionar totalmente este y otros graves problemas que afectan a su país,
que cuenta con el 64,4 por ciento de su población en la pobreza y otro
22,6 por ciento en la miseria, y ya se han realizado varias protestas
con los consiguientes disturbios.
Aunque Mesa suscribió el 4 de agosto pasado un convenio con Perú
para exportar el gas a través del puerto peruano de Ilo,
todavía no se ha alcanzado la gran solución a las urgentes necesidades
económicas y sociales que Bolivia requiere y, además, el gobierno
chileno se mostró contrariado porque las exportaciones no se hagan a
través de su puerto de Atacama. El juicio a que serán sometido Sánchez de Lozada y sus 15 ministros, que en el fondo tiene únicamente un carácter estrictamente político para satisfacer viejas ambiciones y venganzas personales, amenaza con desestabilizar mucho más a un país que, como Bolivia, vive permanentemente en la encrucijada política y que aún no está convencido, a pesar de la aprobación en el Congreso, que la Corte Suprema de Justicia lo pueda realizar y que el ex presidente acepte voluntariamente regresar para participar en él. |