|
|
|
|
|
La egolatría que domina al presidente colombiano, Álvaro Uribe
Vélez, con el respaldo de varios de sus obsecuentes funcionarios y
legisladores, sigue sembrando de “peligrosas minas” el camino hacia
sus rivales políticos, a quienes desea eliminar de la legítima
aspiración de presentarse como candidatos a las elecciones
presidenciales de 2006.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes, dominada
por “uribistas”, algunos disidentes
liberales y del grupo conservador, a los cuales el gobierno ha
“comprado” con auxilios económicos especiales o el nombramiento de
familiares en cargos diplomáticos, resolvió el 13 de octubre de 2004
eliminar del proyecto de reelección presidencial la presentación de
candidatos que ostenten el cargo de Gobernadores departamentales o de
Alcalde de Bogotá, salvo que renuncien previamente a ellos.
De esta forma, permiten a Uribe ejercer como presidente y
“engrasar su maquinaria electoral” sin ningún problema, y en cambio
a sus posibles rivales, entre quienes se encuentra Luis Garzón, alcalde
izquierdista de Bogotá, se les impide seguir en sus cargos.
La incompatibilidad, a juicio de los congresistas leales al
“egouribismo”, que ha patentado el
ególatra presidente a base de triquiñuelas, sólo tiene que afectar a
quienes se atrevan a discutirle a Uribe en las urnas su peligrosa
tendencia a “continuar mandando a como de lugar”.
El Senado, en su sesión plenaria, había suprimido en el sexto
debate, de los ocho que requiere la reforma constitucional, esa
inhabilidad, pero los “ponentes”
del proyecto en la Cámara de Representantes, William Vélez, Roberto
Camacho, José Luis Flórez, Jorge Caballero
y Eduardo Enríquez, la
volvieron a implantar con “un descarado propósito de favorecer al
presidente y siguiendo órdenes directas de Uribe”, según denunciaron
congresistas de la oposición.
Uribe, que hace dos años fue el candidato por el “Movimiento
Primero Colombia”, ganó las elecciones presidenciales el 26 de mayo
de 2002, para un periodo de cuatro años, con un total de 5.829.958
votos, el 53,04 por ciento, superando al aspirante del Partido Liberal,
Horacio Serpa Uribe, que contabilizó 3.486.384 sufragios, equivalentes
al 31,72 por ciento.
Esa amplia victoria evitó la realización de una segunda vuelta,
al haber obtenido Uribe más de la mitad más uno de los votos
requeridos, y el 7 de agosto de ese año asumió el poder, en reemplazo
del conservador Andrés Pastrana Arango, -que ostenta la marca de votos
a favor, pues en mayo de 1998 obtuvo 6.114.752-. El candidato triunfante
Álvaro Uribe encabezó una disidencia al Partido Liberal, del que
había sido Congresista y Gobernador de Antioquia, además de ocupar
otros cargos públicos bajo la bandera de ese movimiento político.
Los ponentes de la implantación de la inhabilitación dijeron
que habían adoptado tal actitud sobre la base del inciso 8 del
artículo 179 de la Carta Magna que indica que “nadie podrá ser
elegido para más de una Corporación o cargo público, ni para una
Corporación y un cargo, si los respectivos periodos coinciden en el
tiempo, así sea parcialmente”.
Ese criterio, tan ajustado a la Constitución, sería totalmente
válido si también se aplicase también a Uribe. Pero el mandatario
queda con “manos libres”, para desde su cargo, “promover otras
medidas que le favorezcan, seguir comprando conciencias y facilitar un
copioso fraude en las elecciones de mayo de 2006”, como denunciaron
miembros del Partido Liberal y del Polo Democrático, el grupo que
lidera Garzón, y quien hace dos años obtuvo 679.201 votos, mientras la
actual embajadora en España, Noemí Sanín
de Rubio, quedó cuarta con 639.585.
Para el representante “uribista”
William Vélez, uno de los ponentes y “leal incondicional” por
razones económicas y de parentesco, la medida, calificada como
“arbitraria”, incluso por medios de comunicación, solo
busca “impedir que los cargos de elección sirvan como trampolín para
que puedan aspirar a otros cargos. Estamos siendo coherentes con lo que
se ha dicho en anteriores debates”.
¿Y es que acaso, Uribe Vélez no es un cargo de elección?, se
pregunta la oposición. Que se sepa, cuando ganó las elecciones en
2002, no promovía los actos corruptos de los que ha sido ahora acusado
para lograr la reforma de la Constitución en su propio beneficio
personal.
Otro de los “beneficiados” con las “propinas” de Uribe,
el representante conservador Roberto Camacho, afirmó que “si no se
introdujo la reelección inmediata de alcaldes y gobernadores para sus
propios cargos –en los cinco primeros debates-, ¿cómo puede
entenderse que ahora puedan ser candidatos a la Presidencia de la
República?”. Peregrina y pobre defensa del acto de imposición,
porque el primero en estar inhabilitado es Uribe.
Aunque también se presentó el 14 de octubre una ponencia
negativa respaldada por el conservador Telésforo
Pedraza y los liberales Yaneth Restrepo y
Carlos Arturo Piedrahita para que el proyecto fuese archivado, la
mayoría corrupta de la Comisión de la Cámara de Representantes la
rechazó.
El deseo de “limpiar de rivales” el camino hacia la
presidencia es tan evidente, que el representante liberal Jorge Homero
Giraldo declaró a la prensa que “todo el que el presidente Uribe
considere que es enemigo de él en la reelección, va a buscar la forma
de sacarlo, bien sea a través de un acto constitucional o si no como
trató de hacer con Antonio Navarro y el escándalo con el M-19”.
Hace tres semanas, Uribe realizó críticas al único proceso de
paz que ha sido exitoso en Colombia: la entrega de armas y la
incorporación a la vida civil del Movimiento 19 de Abril (M-19) en los
años 80-90, señalando que había traficado con drogas y acusando a su
líder, el actual senador Antonio Navarro –que también fue ministro
de Salud-, de ser uno de los beneficiados con esa acción delictiva.
Navarro, es ahora uno de los aspirantes a la presidencia y
por eso, es un “enemigo” para Uribe, al que hay que “minarle el
camino”, según sus instrucciones a legisladores, funcionarios
y fuerzas de seguridad del Estado. En caso de no presentarse, Navarro
dará su apoyo político a Luis Garzón.
Pero en Colombia la gente se pregunta: ¿Por qué Uribe se
muestra tan preocupado con el M-19 y en cambio a sus `amigos` del grupo
terrorista Autodefensas Unidas de Colombia (Auc),
que están hasta el cuello comprometidos con actos criminales y el
tráfico de drogas y muchos de sus dirigentes han sido solicitados en
extradición por la justicia y el gobierno estadounidenses, los defiende
y nos los entrega?
El pasado 8 de octubre una encuesta de opinión encargada
por el influyente diario liberal “El Tiempo” a la firma Gallup
demostró que la popularidad de Uribe sigue descendiendo y del 77 por
ciento que tenía en agosto, al cumplir su segundo año de gobierno,
bajó al 67 en septiembre. La pérdida en 30 días de respaldo público
en proporción de diez puntos se debe, principalmente, al incumplimiento
de sus promesas electorales y a su empecinamiento por ser reelegido.
Además de no haber acabado con los tres grupos terroristas que
operan en el país y no detener a ninguno de sus jefes, pues el único
que está en la cárcel, Ricardo Palmera Pineda (alias Simón Trinidad),
de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc),
fue capturado por la policía de Ecuador en diciembre pasado en Quito, y
de incumplir con el envío de dirigentes narcoterroristas a Estados
Unidos, Uribe incumplió uno de los principales: acabar con la
corrupción, especialmente dentro del órgano legislativo (Cámara de
Representantes y Senado), al que ahora ha primado increíblemente.
Fuera de ello, para que el Congreso le apruebe su reelección
inmediata, ha utilizado una “amplia corrupción”, como lo ha
denunciado la oposición, y la situación económica y social cada vez
está peor, pues la pobreza en Colombia sobrepasa el 60 por ciento de
sus 44 millones de habitantes, otro 30 por ciento se encuentra en la
miseria y el paro (desempleo) supera el 13 por ciento de la población
laboralmente activa.
En un país en donde millones de sus compatriotas solo pueden
llevarse al estómago una comida, y no todos los días, el gobierno de
Uribe pretende también gravar los alimentos con un 17 por ciento del
Impuesto de Valor Añadido (IVA), para así contribuir mucho más a la
desnutrición de la población. Además durante su gobierno se han
cerrado no menos de 80 hospitales y centros sanitarios en todo el país,
desprotegiendo así el sector de la salud.
Todo eso ha contribuido a quitarle popularidad. Pero a él y los
corruptos que propugnan y votan favorablemente la reelección no les
interesa empobrecer el país y ocasionar más sufrimiento a sus gentes
porque lo único válido es conseguir, a cualquier precio, que pueda
perpetuarse en el poder.
Por eso, un mandatario ególatra, donde los haya, quiere que todo
gire en función del “egouribismo”. Por
tal razón, como declaró el representante liberal Carlos Arturo
Piedrahita, “la ponencia (que se encuentra para su aprobación
definitiva en la Cámara de Representantes) está orientada bajo las
directrices señaladas desde el Gobierno Nacional. La reelección, como
está planteada, no admite sino una sola vía y es la reelección del
presidente Uribe”. |