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Un nuevo caso de corrupción en el
cual está vinculado directamente el fugitivo ex presidente peruano
Alberto Fujimori,
que utilizó dineros del Estado para pagar la educación de dos
de sus hijas, fue descubierto por la Contraloría General de la República,
máximo órgano fiscalizador de las cuentas públicas en ese país
suramericano.
En un informe oficial dado a conocer
el 11 de octubre de 2004 en Lima, la Contraloría General señaló que Fujimori,
que gobernó Perú entre los años 1990 y noviembre de 2000, cuando huyó
a Japón, utilizó 1.726.162 dólares de los fondos públicos para pagar
los estudios de sus hijas Keiko Sofía y Saachi
Marcela en universidades de Estados Unidos.
Un completo informe sobre la manera
como el corrupto ex mandatario hizo uso de un dinero que no le pertenecía
fue entregado el 11 de octubre por el Contralor General, Genaro Matute,
al Poder Judicial, que le está instruyendo otras once causas por los
diversos delitos que cometió en el ejercicio de su cargo junto con su
jefe de servicios de seguridad y asesor presidencial Vladimiro
Montesinos, quien se encuentra detenido y ha sido ya condenado en siete
de los 64 procesos que se le han abierto.
La Contraloría, tras una amplia
investigación, comprobó que “el chino”, como se le conoce en Perú,
gastó esa cantidad de dinero en la educación de ambas hijas,
incluyendo “la adquisición de libros y otros elementos académicos,
el pago de las cuotas universitarias y los gastos por viajes y
alimentación”.
El organismo, haciendo un desglose de
las cantidades gastadas ilícitamente por el corrupto ex presidente, señaló
en su informe que Fujimori desembolsó
917.681 dólares por el costo de las universidades; 354.881 dólares por
varios elementos académicos y otros 453.600 por viajes y alimentación,
que “procedían de los fondos públicos”.
Para el ente fiscalizador, “estas
cifras no podían ser cubiertas por los ingresos que percibía Alberto Fujimori
como funcionario público, lo que evidencia una fuente de financiamiento
cuya procedencia se desconoce”, pero que, de acuerdo con
investigaciones del mismo organismo, pertenece a los dineros de todos
los peruanos. Al parecer, el cargo de presidente estaba remunerado,
durante los años en que lo ejerció,
en cantidades cercanas a los 1.500 dólares mensuales.
Fujimori
huyó de Perú en noviembre de 2002 cuando su siniestro y corrupto
asesor empezó a “cantar” por todos los delitos que ambos habían
cometido durante esos diez años de gobierno.
La justicia peruana procesa a su cómplice
Montesinos por 64 delitos y actualmente ha sido condenado a 42 años de
cárcel, tras ocho sentencias oficiales por delitos de peculado,
corrupción, asociación ilícita para delinquir, usurpación de
funciones y tráfico de influencias, entre otros.
Su “compañero de corrupción”,
se encuentra en Japón, país de sus antepasados, y con el cual Perú no
tiene suscrito ningún convenio de extradición, por lo que no han
surtido efecto las diferentes peticiones que el gobierno del presidente,
Alejandro Toledo, y la justicia peruana, han elevado ante el régimen y
las autoridades judiciales niponas.
Fujimori
está acusado de doce delitos, entre otros, de enriquecimiento ilícito,
peculado, asociación ilícita para delinquir en agravio del Estado, crímenes
de lesa humanidad, tráfico de armas, violaciones a los derechos
humanos, colusión ilegal, pago ilegal a políticos y congresistas para
que se convirtieran en trásfugas, compra ilegal de medicinas y
tractores chinos y abandono del poder, a los que se sumará el
denunciado por la Contraloría General.
Sobre Fujimori
pesa una inhabilitación aprobada por el Congreso peruano en el año
2000, por la cual durante diez años no podrá ejercer ningún cargo público
y, además, el pasado 29 de marzo el juez de la Primera Vocalía de
Instrucción José Luis Lecaros lo declaró
“reo en rebeldía” por no haberse presentado tres días antes –el
26 del mismo mes y año- a prestar declaración instructiva.
Entre los cargos de crímenes de lesa
humanidad, la justicia peruana le acusa de ser el “autor
intelectual” del asesinato de 25 personas en dos matanzas que realizó
un escuadrón de la muerte que actuaba directamente bajo sus órdenes.
Si el corrupto ex presidente regresa
a Perú, de inmediato será detenido y puesto a órdenes de la justicia
y en caso de abandonar Japón puede ser capturado porque la Policía
Internacional (INTERPOL) tiene instrucciones para hacerlo. Pero Fujimori,
sabedor de esa circunstancia, se ha “atrincherado” en Japón, ante
el inaudito respaldo de las autoridades gubernamentales del país asiático
y permanece viviendo allí.
Aunque en varias oportunidades
algunos de sus pocos seguidores en Perú, a los que favoreció también
de manera ilícita han anunciado su regreso, lo cierto del caso es que
ello ha resultado siempre una farsa, tan inmensa como la de nombrar a la
abogada Raquel Cabrera, el 25 de marzo de este año, para que “lo
defienda de los cargos que pesan contra él”.
Esta abogada, que aparentemente
recibió “numerosos favores” de Fujimori
y Montesinos, también anunció por esa época que “el ex presidente
regresará a Perú para responder por todos los cargos y demostrar su
completa inocencia para poder ser candidato a las elecciones
presidenciales de 2006”.
Los Procuradores anticorrupción
declararon, cuando fue pública la designación de Cabrera,
que su nombramiento se hacía con la única intención de
“tender una cortina de humo” para intentar paralizar los juicios y
que no se le condenara en rebeldía, pero que ellos continuarían la
instrucción de todos los procesos para demostrar la culpabilidad del ex
mandatario.
Fujimori,
según Cabrera y Carlos Raffo, conocido en
Perú como “el corrupto
periodista”, regresará para convertirse en el “líder del nuevo
grupo político Sí Cumple” con el cual se “presentará como
candidato a las elecciones presidenciales de 2006 y ser nuevamente
presidente del país”. Pero esta predisposición del corrupto ex
mandatario, que se hizo pública hace más de siete meses, no se ha
concretado ni ha resultado cierta.
Todos los peruanos confían que Fujimori
recibirá el “más severo castigo” y que la justicia actuará sin
interferencias de ninguna clase para demostrar su participación en toda
la trama de corrupción que organizó junto a Montesinos y a otros
siniestros personajes políticos y militares.
La indignación ha crecido mucho más
en todo el país, tras conocerse el nuevo delito que se le imputa con el
robo de “más de 1.700.000 dólares” para educar a sus hijas con
fondos públicos. Varias encuestas han reflejado en los últimos meses
la casi unánime opinión de los peruanos: Fujimori
no tiene respaldo fiable y únicamente se desea que la justicia “lo
castigue con el rigor que merece su corrupción”. |