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El ex presidente costarricense Miguel Angel Rodríguez se
convirtió en el más efímero Secretario General que ha tenido en toda
su historia la Organización de Estados Americanos (OEA) al dimitir un
mes después de haber accedido al cargo por estar acusado en su país de
corrupción, a través de una carta enviada al presidente del Consejo,
el 8 de octubre de 2004.
La OEA fue constituida oficialmente por la “Carta de Bogotá”,
que aprobó el 30 de abril de 1948 la IX Conferencia Interamericana
celebrada en la capital colombiana, pero tenía antecedentes desde el
Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826 realizado
a instancias del Libertador Simón Bolívar, y con las diversas
Conferencias Interamericanas que se reunían a partir de 1889. Nunca,
desde entonces, había sufrido la humillación de contar con un
Secretario General corrupto.
Con ocasión de la IX Conferencia Interamericana de Bogotá,
surgió un nombre propio: el de Fidel Castro, actual presidente de Cuba,
que se graduó de abogado en el Externado de Colombia, y que tras
participar en los sangrientos sucesos del 9 de abril de 1948 cuando fue
asesinado el líder del Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán,
con el propósito de asestar un golpe a ese evento y buscar la caída de
entonces presidente colombiano, Mariano Ospina Pérez, del Partido
Conservador, huyó del país, dejando la ciudad con incendios, edificios
destruidos y saqueos a centros alimenticios y cadenas de electrodomésticos.
Castro había regresado a Colombia para organizar un boicot
contra la Conferencia en compañía de sujetos radicales colombianos y
cubanos y su actitud sirvió para que se registrase el ya tristemente
famoso “bogotazo”, que dejó una ciudad
ardiendo y semidestruida. Su comportamiento terrorista fue el preludio
de lo que luego ocurrió en Cuba, cuyo país fue expulsado de la OEA en
1962 por sus métodos dictatoriales en el gobierno de la isla, que asumió
tras un golpe contra el entonces presidente Fulgencio Batista.
En su carta de renuncia al presidente del Consejo Permanente, Aristides
Royo, ex presidente panameño, Rodríguez
afirmó que “con humildad, dolor y angustia pido a ustedes y a sus países
perdón por hacerles pasar por este difícil trance y espero que mi
decisión contribuya a que la Organización pueda enfocar toda su atención
a las altas tareas que le han sido encomendadas”.
La dimisión de Rodríguez, a partir del 15 de octubre –asumió
el cargo el 15 de septiembre- fue originada por acusaciones de corrupción
cuando desempeñaba la presidencia de su país, especialmente por haber
aceptado el 60 por ciento de un soborno de 2.4 millones de dólares que
entregó la firma francesa Alcatel por haber
recibido la adjudicación de 400.000 líneas para teléfonos móviles en
el año 2001 por un gran total de 149 millones de dólares.
Su otro “compinche”, el entonces director del Instituto
Costarricense de Electricidad (ICE) José Antonio Lobo, fue
“comprado” por la empresa “gala” con el 40 por ciento restante.
Para disimular la fraudulenta operación, y en connivencia con la
empresa francesa que había
realizado esa práctica indecorosa y corrupta,
el soborno se ingresó en la cuenta bancaria de Jean Sue
Philp Gallud,
esposa de Lobo, y desde la cual se fueron trasladando los 1.4 millones
de dólares a la de Rodríguez.
Como toda persona corrupta, Rodríguez cayó pronto en evidencia,
cuando tras asumir su cargo en la OEA, llamó a Lobo el 17 de septiembre
pasado desde Washington para decirle que había que justificar el
soborno y que debía declarar ante la justicia que era producto de un préstamo
que ese funcionario le había hecho destinado a los gastos de “su
campaña para llegar a la Secretaría General de la Organización”.
Los actos delictivos de quien rigió los destinos de Costa Rica
entre 1998 y 2002 se conocieron el pasado 30 de septiembre gracias a un
periodismo de investigación realizado por el diario “La Nación”,
que publicó la grave acción de Alcatel y
la mucho más grave cometida por Rodríguez y Lobo, al aceptar el
soborno.
El Fiscal General costarricense, Francisco Dall`Anesse,
ha sido el encargado de llevar adelante la investigación y, al parecer,
Rodríguez está comprometido en otro soborno, esta vez a cargo de la
empresa española Abengoa, que le entregó
200.000 dólares por aprobarle un proyecto de electrificación subterránea,
de acuerdo con otra denuncia periodística del canal de televisión Repretel,
conocida el 8 e octubre.
Dall`Anesse confirmó que aunque la
investigación está en “completa reserva”, la declaración que hizo
Lobo a cuatro fiscales y que fue publicada por La Nacion, “es
cierta”, y que existen elementos probatorios para enjuiciar al ex
mandatario.
Lobo dijo a la justicia de su país que “Alcatel
ganó una licitación, me contactaron para decirme que tenía un premio.
Yo lo consulté con don Miguel Angel Rodríguez y le pregunté qué debía
hacer. Me dijo que aceptara y que fuéramos en una relación del 60 por
ciento para él y el 40 por ciento para mí”.
En unas declaraciones al periódico “El Día”, Rodríguez
desde la sede de la OEA, afirmó el 4 de octubre que “no tengo nada de
qué arrepentirme” y señaló que “no pienso renunciar” a la
Secretaría General.
No obstante, las presiones que ha recibido para que dimita por
estar comprometido en actos de corrupción le obligaron a variar su
posición. Primero fue el propio presidente costarricense, Abel Pacheco,
quien le solicitó que se “separe enseguida de la Secretaría y
regrese al país a enfrentar las responsabilidades que le
corresponden” y luego fue el presidente de Argentina, Néstor Kirchner,
quien lo hizo al dar instrucciones al embajador en la OEA para que la
solicitase oficialmente.
Además existía un amplio malestar en la gran mayoría de
las 34 naciones miembros de la entidad por la actitud de Rodríguez y la
más que segura veracidad de las acusaciones que pesan contra él.
Igualmente dentro del Consejo Permanente no había ya una actitud de
confianza hacia Rodríguez, máxime cuando el presidente y el Congreso
de su propio país le pedían que renunciase y su Partido Político de
Unidad Social Cristiana (PUSC) lo apartó de sus filas
En su carta de dimisión, Rodríguez dice que “defenderé y
aclararé los hechos ante las autoridades judiciales costarricenses” y
señaló que no quiere someter a la OEA “al costo de una cruel y larga
persecución de su Secretario General no sólo en estrados judiciales
sino también en los medios, del mismo modo que no quiero hacer sufrir a
mi amada familia el costo de la defensa a distancia”. Lo que no precisó
es cuando se dispone a regresar a su país y si piensa realizar su
defensa desde fuera de él.
También hizo un esbozo de los planes de trabajo proyectados para
“afrontar con eficiencia y eficacia esa responsabilidad”, entre los
que se encontraban la reestructuración de la Secretaría General;
resolver la difícil situación presupuestaria del organismo; consolidar
la protección de los derechos humanos, la democracia y la
gobernabilidad; acelerar el crecimiento compartido y la disminución de
la pobreza; asegurar la paz, y consolidar la nueva visión de la
seguridad hemisférica.
La justicia costarricense espera que tras su decisión de
renunciar, Rodríguez regrese al país para responder y defenderse de
los cargos y aunque siempre toda persona tiene el máximo derecho a la
presunción de inocencia, los escándalos de soborno parecen “tener
mucha consistencia”. Además, Lobo está dispuesto a colaborar
totalmente, entre otras razones, para lograr no ser castigado con el máximo
de severidad y “tener una rebaja de pena”.
Este nuevo caso pone de presente la falta de escrúpulos de las
empresas multinacionales y de sus directivos, que recurren a la corrupción
sin importarles nada y aprovechando que encuentran “caminos fértiles”
para realizarlas en funcionarios inmorales, que fácilmente se dejan
comprar.
Un tema tan delicado, sin duda, merece ser analizado serena, pero
firmemente, y los gobiernos y los Congresos legislativos deben, en aras
de la honradez y la pulcritud, adoptar eficaces medidas para combatir la
corrupción y castigar severamente a los culpables: los que los utilizan
para comprar favores y quienes los reciben por hacerlos.
En este caso me surge una pregunta que debía tener su adecuada
respuesta en leyes más severas: ¿Quién es más culpable: el que peca
por la paga o el que paga por pecar?, porque Alcatel
también debe ser, igualmente, responsable y castigada por su indecorosa
actitud y la inmoralidad de sus directivos. |