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COLOMBIA:
AUTORIZAN EXTRADITAR NARCOTERRORISTA NEGOCIADOR
El gobierno autorizó el pasado 28 de septiembre de 2004 la extradición
de uno de los jefes de la banda terrorista Autodefensas Unidas de
Colombia (Auc), que participaba en el cada vez más debilitado “diálogo
de paz”, y que se encontraba en la zona de Santa Fe de Ralito, al
norte del país, cedida por el presidente, Alvaro Uribe Vélez, para que
ese grupo sanguinario tenga “similares facilidades” a las que el
anterior ejecutivo otorgó a los criminales de las Fuerzas Armadas
Revolucionarias de Colombia (Farc) entre 1998 y 2002.
El narcoterrorista y jefe “paramilitar” Juan Carlos Sierra fue
desconocido como interlocutor de las negociaciones de paz el 26 de
septiembre, día en que el presidente colombiano, Alvaro Uribe Vélez,
firmó su envío a Estados Unidos, señalando que “la política de
extradición del gobierno no es negociable”. El ejecutivo ordenó la
“inmediata detención” de Sierra “dentro de la zona de ubicación
o fuera de ella”.
La “zona de ubicación” de Santa Fe de Ralito tiene 368,790 kilómetros
cuadrados y en ella se encuentran ubicados los principales jefes de la
banda paramilitar rodeados de decenas de miembros armados hasta los
dientes de la Auc y, desde luego, sin que el ejército o la policía
colombianas, encargados por la Constitución y las leyes de velar por la
tranquilidad pública en todo el país, puedan acercarse hasta allí.
Al igual que sucedió con las Farc, en la zona de San Vicente del Cagúan
(al sureste del país) durante el gobierno presidido por Andrés
Pastrana Arango, (1998-2002) las Auc tienen un territorio exclusivo para
ellas desde el pasado primero de julio, y hasta ahora no ha habido la
más mínima posibilidad ni demostración válida sobre su deseo para
firmar la paz. Esto, además, parece más improbable, tras la decisión
del gobierno de extraditar a Sierra, “comandante militar” del frente
“Héroes de Granada” que actúa en la zona oriental del departamento
de Antioquia.
El proceso de pacificación ha tenido otros “puntos negros”, debido
a las informaciones sobre la actitud del Alto Comisionado para la Paz,
Luis Carlos Restrepo, que aparentemente mantuvo una “acalorada discusión”
con los jefes paramilitares, según la información publicada por la
revista “Semana”, sobre la “facultad discrecional” del
presidente Uribe “en materia de extradición”.
Restrepo fue calificado por el presidente Uribe, a raíz de esa
información, como un “patriota incorruptible” y el propio Alto
Comisionado afirmó que “ante las informaciones de la revista Semana,
donde se sugiere que el presidente, a través (de Restrepo) ha hecho
saber a las autodefensas que `usará la facultad discrecional para no
extraditarlos`, me permito aclarar que jamás he recibido autorización
(del presidente) para decir a las autodefensas algo distinto a lo
consignado en el comunicado del 27 de abril”.
Eso sí, el punto fue tocado en reuniones con las Auc, pues el propio
Restrepo declaró que “cualquier referencia que haya hecho en la mesa
de diálogo al tema de la discrecionalidad presidencial en el asunto de
la extradición ha tenido, simplemente, un propósito pedagógico”.
Para que no quedara duda de ese “propósito pedagógico” de un
Comisionado que ya empieza a perder la confianza del país, aunque no la
de su jefe directo, el presidente Uribe, las Auc salieron en su ayuda y
en un comunicado le echaron una mano, al expresar que “es
absolutamente
falso que el gobierno nacional en la mesa de negociación haya hecho
ofrecimientos de no extraditar o de coartar los alcances de la Corte
Penal Internacional”.
Según el grupo terrorista, “el Alto Comisionado, ante escasos
requerimientos de los negociadores, solo se ha limitado estrictamente a
ofrecer explicaciones que en todo se ajustan a las precisiones que el señor
Presidente ha hecho públicamente”, en referencia al comunicado de
Uribe, del 26 de septiembre, en el que señaló que la política de
extradición “no es negociable”.
A pesar que el gobierno insiste en que no negocia la extradición, lo
cierto del caso es que salvo en el caso de Juan Carlos Sierra, los demás
terroristas paramilitares, Mancuso, José Vicente Castaño (el “Profe”),
Diego Fernando Murillo (Don “Berna” o “Adolfo Paz”) y muchos
otros,
siguen paseándose ufanamente por el país y en especial por la “zona
de ubicación”, desde la cual continúan dando órdenes para traficar
con droga y organizar nuevas matanzas.
Estados Unidos y la comunidad internacional se encuentran muy
descontentos con la actitud del gobierno colombiano en esa materia, ya
que varios de los negociadores de las Auc, entre ellas su nuevo máximo
jefe, Salvatore Mancuso -tras la misteriosa desaparición del líder
terrorista Carlos Castaño, ocurrida el 16 de abril pasado-, han sido
solicitados en extradición sin que Uribe haya aceptado las diferentes
peticiones de la justicia norteamericana, bajo el pretexto que “con
ellos se está negociando la paz”.
Precisamente el pasado 27 de abril, el gobierno emitió un comunicado señalando
que quienes “quieran evitarla (la extradición), deben demostrar a la
comunidad internacional su buena fe y su propósito de enmienda”.
Por eso ha sorprendido ahora el cambio de actitud de Uribe, aunque en círculos
políticos colombianos se dice que ello es debido a las presiones de
Estados Unidos, principalmente, que ven cómo a narcoterroristas que están
sentenciados por varios tribunales de ese país, se les está
favoreciendo y el propio gobierno evita su respectiva extradición.
Las Auc, siguiendo el ejemplo de las Farc, se encuentran realizando un
programa de expansión paramilitar a pesar del proceso de negociación,
lo que ha hecho pensar, incluso al propio “facilitador” del proceso,
el mexicano Andrés Valencia, que “no hay una firme decisión de ese
grupo para encontrar la paz”.
Aunque el Alto Comisionado sigue pensando en la honradez de los
terroristas que adelantan la negociación pacificadora, en todo el país
han aumentado las dudas, que se tuvieron desde un principio, sobre la
posición favorable de las Auc para alcanzarla y la gran mayoría de la
gente piensa que “están dando largas” al gobierno para robustecerse
económica y militarmente.
Restrepo, en declaraciones a la Cadena Radial Colombiana (Caracol),
insistió en que debe haber “desmovilización total” de los
terroristas para avanzar en las conversaciones. “Una negociación
–afirmó- no la podemos detener interminablemente en el tiempo”,
asegurando que “el
proceso está madurito como una fruta. Si usted no se la come, se cae y
se pudre. No hay sino un camino: la desmovilización”.
El grupo terrorista a través del denominado “estado mayor
negociador” anunció “una desmovilización y desarme del más grande
contingente de combatientes del que se tiene historia en el país”, y
la “expansión militar” que realiza actualmente “hace parte de una
campaña perversa de asimilar las actuales negociaciones con el
malogrado proceso el proceso del Caguán”, cosa que los altos mandos
militares ponen en duda pero que el Alto Comisionado renunciante y
ratificado por el primer mandatario “cree a ojos ciegos”.
Para el presidente Uribe, el objetivo prioritario es el de tener “una
Colombia sin guerrilla, autodefensas y sin la droga que las sustenta”.
Su gobierno sigue insistiendo en llamarlos guerrilla y autodefensas,
cuando en todo el mundo (Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea,
Rusia, la Organización de Naciones Unidas (ONU), la Organización de
Estados Americanos (OEA) y otros países y organismos, se les ha
calificado de “grupos terroristas”, que es lo que en realidad son.
Precisamente, el 8 de octubre se dio a conocer en la prensa colombiana
un sondeo de opinión que demuestra que la popularidad de Uribe continúa
descendiendo y en relación con el último bajó diez puntos, pasando al
67 por ciento que, aunque sigue siendo alto, demuestra que en Colombia
muchas actitudes del gobernante, entre ellos no aceptar el fracaso de
alcanzar la paz, que tanto prometió en su campaña electoral, y su
empecinamiento por ser reelegido automáticamente
en el año 2006, le están “pasando factura”.
El mandatario quiere imponer a toda costa el “egouribismo” y su
gobierno ha recurrido, sin que haya podido desvirtuar las denuncias de
dirigentes políticos y las informaciones de los medios de comunicación,
a la corrupción para “comprar los votos” de parlamentarios que por
un cargo para sus parientes o de dinero para “cacicadas” en sus
lugares natales han vendido sus conciencias y su honor para aprobar la
reforma de la Constitución que le permita seguir en la Jefatura del
Estado cuando se venza, el 7 de agosto de 2006, su actual periodo
presidencial..
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