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Los gobiernos de los 34 países miembros de la Organización de
Estados Americanos (OEA) se llevaron una muy desagradable sorpresa tras
conocer el 30 de septiembre de 2004 que su nuevo Secretario General, el
ex presidente de Costa Rica Miguel Angel Rodríguez, se encuentra
envuelto en un escándalo de corrupción por haber
aceptado presuntamente sobornos cuando ejercía el poder en su
patria.
La grave denuncia contra Rodríguez, elegido el 7 de junio
pasado para el cargo de Secretario General de la OEA en reemplazo del ex
presidente colombiano César Gaviria Trujillo, y que lo asumió el
pasado 15 de septiembre, se conoció en San José de Costa Rica el
jueves 30 de septiembre tras una “concreta y precisa declaración”
del ex director del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)
José Antonio Lobo, también beneficiado con el soborno de la empresa
francesa Alcatel tras una denuncia del
diario “La Nación”.
Según declaró Lobo al Fiscal General costarricense, Francisco Dall`Anesse,
“Alcatel ganó una licitación (sobre
400.000 líneas para teléfonos móviles o celulares en el año 2001),
me contactaron para decirme que tenía un premio. Yo lo consulté con
don Miguel Angel Rodríguez y le pregunté qué debía hacer. Me dijo
que aceptara y que fuéramos en una relación del 60 por ciento para él
y el 40 por ciento para mí”. Este “premio” fue un soborno
equivalente a 2.4 millones de dólares pagado por la empresa gala.
Con el objeto de disfrazar el acto de corrupción, tanto Rodríguez
como Lobo planearon –según la televisión costarricense- que el
dinero “donado presuntamente” por Alcatel
a Jean Sue Philp
Gallup, esposa del entonces director del
ICE, pasara a engrosar la cuenta bancaria del Jefe de Estado.
Lo más grave del escándalo es que el actual mandatario de Costa
Rica, Abel Pacheco, le pidió el 3 de octubre la renuncia a Rodríguez
ante “las gravísimas acusaciones”. El nuevo dignatario de la OEA
había intentado presionar a Lobo, el pasado 17 de septiembre, y en una
llamada telefónica desde Washington le pidió que simulara un préstamo
para justificar parte del dinero que le habían pagado como soborno.
Para hacer creíble su coartada, el ex presidente en
declaraciones al periódico “El Día”, tras señalar que “no tengo
nada de que arrepentirme”, afirmó el
primero de octubre que el dinero del soborno que recibió “era parte
de un préstamo de 140.000 dólares” que Lobo le otorgó para
financiar “sus gastos en la campaña” para ganar la secretaría de
la OEA, “a la que no pienso renunciar”. Dijo también que se
encuentra reuniendo el dinero del “préstamo” para
devolverlo rápidamente.
Rodríguez ocupó la presidencia de Costa Rica en el periodo
1998-2003 y tras ser remplazado por Pacheco, fue este quien promovió su
candidatura a la OEA, la que fue respaldada por Estados Unidos para
otorgar a Centroamérica una posición que, generalmente, era ocupada
por dirigentes suramericanos.
Alcatel ganó
en 2001 la licitación para suministrar 400.000 líneas de telefonía
celular al ICE por un total de 149 millones de dólares y luego giró a
Rodríguez y Lobo un total de 2.4 millones de dólares, de los cuales el
entonces presidente recibió 1.4 mientras el otro funcionario corrupto
se quedó con un millón.
En la carta que Pacheco dirigió al secretario general de la OEA,
el mandatario expresa: “Le solicito que se separe enseguida de la
Secretaría y regrese al país a enfrentar las responsabilidades que
corresponden. Asimismo le pido que plantee su renuncia ante el órgano
competente en esa Organización”.
Pacheco cree que “el país y el gobierno tenemos la legitimación
moral para pedirle que, ante los órganos judiciales competentes,
responda usted de manera clara, satisfactoria y contundente los
cuestionamientos que se le han hecho”. La solicitud del presidente fue
respaldada por la Asamblea Legislativa, que el 3 de octubre también le
solicitó la dimisión.
Por 42 votos a favor y 4 en contra –de los 51 diputados-, el órgano
legislativo costarricense pidió a Rodríguez la renuncia del cargo y el
inmediato regreso al país para responder ante la justicia. En todo el
país centroamericano reina una “justa indignación”, según varios
diputados, por “este caso de corrupción” que va en contra del buen
nombre de Costa Rica.
Pero Rodríguez, de momento, no parece estar por la labor de
renunciar ni de responder ante la justicia, porque en una respuesta al
presidente Pacheco, le señaló que “estoy seguro que usted comprenderá
lo esencial que resulta la presunción de inocencia, mientras no se
demuestre lo contrario. No es posible, en la Costa Rica que yo conozco,
que se quiera causar un gran daño a mi persona, familia e institución
que hoy represento, irrespetando mi estado de inocencia”.
El fiscal Dall`Anesse, que se
convertirá en “persona clave” para el futuro de Rodríguez, declaró
que en la declaración de Lobo existen “importantes elementos” para
adelantar la investigación, pero debido al secreto del sumario no quiso
adelantar ninguna conclusión como tampoco indicó la posible fecha en
que llamará a declarar al Secretario de la OEA, aunque si dijo que
“lo decidiré próximamente”.
Este funcionario está investigando numerosos casos de corrupción
de la clase política, especialmente, y personalmente confirmó
la información del diario “La Nación” sobre el presunto soborno,
que incluyó detalles de la declaración de Lobo ante cuatro miembros de
la Fiscalía.
El presidente de la Comisión Legislativa del gasto público en
el Congreso, Luis Gerardo Villanueva, que al igual que la Fiscalía se
encuentra investigando varios casos de corrupción, declaró a la prensa
que “posiblemente antes de un mes, llamaremos a Rodríguez a
declarar”.
La situación política de Rodríguez se encuentra “pasando por
momentos muy difíciles” en Costa Rica, hasta el punto que el Partido
Unidad Social Cristiana (PUSC), con el cual ganó la presidencia en
1998, resolvió apartarlo, al tiempo que los legisladores de todas las
opciones políticas consideraron que el ex mandatario “debe renunciar
a su cargo en la OEA y regresar de inmediato al país para explicar los
hechos”. Pero no parece que así piense el recientemente posesionado
funcionario de la OEA.
El Secretario de la OEA, ante la gravedad de la situación, se
reunió separadamente con los embajadores de los 34 países miembros de
la Organización, los representantes de la Asociación Latinoamericana
de Integración (ALADI), los del bloque del Caribe y los del Norte y
Centroamérica, para darles “su versión” sobre las denuncias de
corrupción surgidas en su contra.
Todos los miembros de la OEA están de acuerdo en señalar que
“si el Ministerio de Relaciones Exteriores lo solicita”, deberá
activarse el mecanismo para una reunión de consulta de los cancilleres,
la que tiene, entre otras funciones, la de poder destituir al Secretario
General.
Su ello sucede, y posiblemente así ocurrirá tras la carta del
presidente Pacheco a Rodríguez para solicitarle la renuncia, el
presidente del Consejo Permanente de Embajadores, Aristides
Royo, ex presidente de Panamá, tendrá que activar el mecanismo y señalar
el procedimiento que debe seguirse.
Mientras el embajador venezolano ante la OEA, Jorge Valero,
declaró a los periodistas que “hemos escuchado la versión del
Secretario General y deben ser las autoridades judiciales de Costa Rica
las que definan su caso”, Estados Unidos a través del portavoz del
Departamento de Estado, Adam Ereli,
expresó que “el asunto está actualmente ante las autoridades legales
de Costa Rica y no sería pertinente para nosotros formular un mayor
comentario”.
La actual situación, de todas formas, es demasiado grave para
Rodríguez porque, según fuentes judiciales de su país, “hay
reveladores indicios” sobre la existencia del soborno, y para la
propia OEA, que se ve salpicada así, “sin comerlo ni beberlo”, en
un caso de corrupción de amplia magnitud y repercusión, a la que no
está acostumbrada dada la pulcritud de sus anteriores Secretarios
Ejecutivos. Es, verdaderamente, un caso lamentable, de la que la propia
Organización tiene que salir indemne. |