|
|
|
|
|
El gobierno boliviano, que resultó triunfador en el referendo
popular celebrado el pasado 18 de julio y relacionado con la
exportación de gas, está dispuesto a realizar las ventas de ese
hidrocarburo al extranjero a través de Perú y no de Chile, lo que ha
originado nuevas tensiones entre los tres países que se han enfrentado
militarmente en dos oportunidades, ambas en el siglo XIX.
La nueva “alianza del gas” boliviano-peruana se formalizó el
pasado 4 de agosto de 2004 para que Bolivia pueda exportar el producto a
través del puerto peruano de Ilo y no del
chileno de Atacama, lo que despertó las iras del gobierno austral que,
como respuesta, mostró otra vez su disposición bélica al realizar
erradamente unos ejercicios militares el mismo día que los presidentes
Carlos Mesa –Bolivia- y
Alejandro Toledo –Perú- suscribieron el contrato.
El gobierno chileno señaló que la realización de los
ejercicios militares (“juegos de guerra”, los denominaron en Bolivia
y Perú) en la misma fecha y en la ciudad norteña de Iquique, resultó
ser una “mera coincidencia” porque estaban preparados con suficiente
antelación.
Chile se ha enfrentado y ganado militarmente en dos ocasiones
-1836 y 1879- a una coalición formada por Bolivia y Perú, y en la
última de ellas, estos dos países perdieron parte de sus territorios,
especialmente el primero que además de ser desposeído de 120.000
kilómetros cuadrados se quedó sin su litoral en el Océano Pacífico,
lo que ha despertado, desde entonces, un sentimiento “antichileno”
muy generalizado en el pueblo boliviano.
Bolivia cuenta con la segunda reserva de gas natural en
Suramérica con 54,9 trillones de pies cúbicos, únicamente superada
por Venezuela que tiene comprobadas las suyas en 147 trillones de pies
cúbicos.
Los ejercicios militares chilenos
contaron con la participación de un batallón de ingenieros y
diversos tanques “Leopard” y se
realizaron como preparación para enfrentarse a una “hipotética
coalición conformada por dos países enemigos, uno de los cuales tiene
una aspiración de acceso al mar para poder exportar sus reservas de
gas”.
Más claro ni el agua, porque indudablemente esos “dos
países enemigos” son Bolivia y Perú, por más que el gobierno del
presidente de Chile, Ricardo Lagos, aclarase que no tenían ninguna
“torcida intención”.
Chile sabía, además, que en esa fecha se reunirían Mesa
y Toledo precisamente para hablar de las exportaciones de gas bolivianas
y llegar a un acuerdo que, desde luego, le hace perder a la nación
austral un millonario ingreso de divisas por permitir la salida del
hidrocarburo de su país vecino a través del puerto de Atacama.
Para Chile, la pérdida del contrato y la creación de la alianza
boliviano-peruana constituyen una “retaliación” por no permitir a
Bolivia una salida al mar, que este país viene reclamando desde hace
100 años, porque a juicio de su gobierno, el Tratado de Paz y Límites
firmado en 1929 es
“intangible y perpetuo”.
Desde hace un siglo los distintos gobiernos bolivianos
han pedido la modificación de ese Tratado y el derecho que
tienen para recuperar su salida al mar y en los dos últimos años se ha
acrecentado sus gestiones ante los foros internacionales para solicitar
apoyo a su petición, pero el gobierno de Chile ha reiterado en ellos
que “nuestro país no tiene nada que discutir sobre el tema, pues en
esa materia no tiene ningún diferendo con Bolivia”.
Precisamente, durante la IV Cumbre de las Américas,
que concluyó en la ciudad mexicana de Monterrey el pasado 13 de enero,
hubo un enfrentamiento dialéctico entre los presidentes Mesa y Lagos,
porque el primero dijo que el pleito bilateral afecta “la estabilidad
del Continente y es un tema multilateral de la región”, a lo que el
segundo respondió que “mi país no tiene problemas pendientes con
Bolivia” y que el Tratado de Paz y Límites es “totalmente válido y
no sujeto a ninguna revisión”.
El mandatario peruano reavivó la polémica en días posteriores
a la firma del Acuerdo con Bolivia, cuando al ser interrogado por un
periodista de “si Perú estaría dispuesto a modificar el Tratado de
Paz y Amistad de 1929 para facilitarle una salida al mar a Bolivia”,
respondió que “el tema del Tratado está en debate. Los cancilleres
(ministros de Relaciones Exteriores) lo están examinando”.
Esta afirmación de Toledo originó una inmediata respuesta del
Ministerio de Relaciones Exteriores chileno que reafirmó su ya conocida
tesis que “este Tratado es intangible y perpetuo”.
Carlos Mesa sustituyó el 16 de octubre de 2003 al entonces Jefe
de Estado Boliviano Gonzalo Sánchez de Lozada,
quien se vio obligado a renunciar tras un movimiento de carácter
subversivo, dirigido por dos dirigentes radicales –Felipe Quispe
(alias Mallku) y Evo Morales- y que comenzó
con bloqueos de carreteras y enfrentamientos con la policía y el
ejército el 16 de septiembre del mismo año.
Tanto Quispe como Morales pusieron
como mampara el diferendo del gas boliviano-chileno para alentar a la
revuelta y despertar los sentimientos patrióticos y contrarios a Chile
de los bolivianos, en su mayoría indígenas semianalfabetos. En esa
revuelta 74 personas resultaron muertas, otras 100 quedaron heridas y
las pérdidas económicas no fueron inferiores a los 1.500 millones de
dólares.
Para contar con un respaldo de la población, Mesa anunció el
pasado 3 de enero la realización del
referendo, que finalmente se celebró el 18 de julio y que
otorgó un amplio apoyo al mandatario para buscar soluciones que
permitan la exportación del gas en condiciones favorables para el país
y la modificación de la Ley de Hidrocarburos.
Si en Chile existe malestar por esta recién nacida alianza
boliviano-peruana, también en Bolivia se están escuchando voces de
rechazo a la misma porque la Cámara boliviana de Comercio de
Hidrocarburos (CBH) afirmó que la exportación por un puerto chileno le
sale más barata al país y que los costos se encarecen demasiado si se
realiza a través del peruano Ilo.
La CBH agrupa a varios consorcios petroleros extranjeros, y se
estimó por parte de la entidad que el tendido de un gasoducto hacia ese
puerto peruano ocasionaría un costo equivalente a 754 millones de
dólares, y sugirieron que las exportaciones se hiciesen a través de la
caleta chilena de Patillos, pero el gobierno insistió en que el asunto
es totalmente al contrario, pues por el puerto de Ilo
resulta más barato.
El asesor del CBH, Carlos Alberto López, declaró a los
periodistas que un eventual trazado del ducto
hacia Illo “originará gastos adicionales
no especificados de 102 millones de dólares y entre 50 y 60 millones
anuales como fondo de garantía por el riesgo-país peruano”.
Antes de conocerse esta declaración, el gobierno boliviano, a
través del ministro de la Presidencia, José Galindo, había indicado
que se discutiría con los consorcios petroleros “la posibilidad de
invertir adicionalmente entre 500 y 600 millones de dólares para el
tendido de un gasoducto entre el sur boliviano y el puerto peruano de Ilo”
y que, además, “se instalará una planta de licuefacción para
exportar gas a México”. Este país, junto con Estados Unidos, son los
principales compradores del gas boliviano.
Galindo desmintió que el gobierno de Mesa esté aumentando la
inversión en un 20 o 30 por ciento como se le está acusando, porque
“se tiene un puerto económicamente más viable (en Chile) por el que
no se puede salir (por razones políticas) y se tiene otra vía que
requiere alrededor de 600 millones de dólares para sacar 70.000
millones de dólares, lo que significa menos del 1 por ciento del valor
global estimado de las reservas de gas en los campos de Margarita”.
La grave crisis económica por la que atraviesa Bolivia no le
permite al gobierno maniobrar solo con vistas al futuro sino que le
exige actuar de inmediato para tratar de superarla recurriendo a uno de
los productos más apetecibles para que otros países solucionen sus
problemas de escasez de gas. Es necesario, por tanto, que se busquen otras alternativas, otros puertos para exportarlo y que el ingreso de divisas por este concepto empiece a la mayor brevedad. Está visto que con Chile no habrá arreglo posible porque existen más razones de carácter político que de cualquier otro tipo. Bolivia tiene con Chile un problema similar al que afronta España con el Reino Unido por Gibraltar. Y cuando una parte no quiere sentarse a negociar, es imposible conseguir un acuerdo |