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Las mafias dedicadas al tráfico de drogas, a los secuestros y a
otras actividades ilícitas “lavan” anualmente
600.000 millones de dólares sin que las medidas tomadas por los
gobiernos hayan servido para contrarrestar la amenaza que ello significa
para la economía mundial.
Agencias de Estados Unidos y de Colombia dieron a conocer esas
cifras del “lavado de dinero” durante el IV Congreso para la
Prevención del Lavado de Activos (PLA) que se realizó en la ciudad
colombiana de Cartagena de Indias y fue clausurado el pasado 30 de julio
de 2004.
El Departamento Estadounidense Antidroga (DEA) dio a conocer
durante dicho Congreso que son los narcotraficantes –en especial los
de Colombia, México y España- quienes “acaparan gran parte de ese
negocio ilegal”, pues cada año ponen a circular no menos de 250.000
millones de dólares obtenidos de esa ilícita actividad.
Según la DEA, de la anterior suma, no menos de 65.000 millones
de dólares “blanqueados por esta mafia” provienen directamente
“de los bolsillos de los consumidores de drogas en Estados Unidos”,
país que ocupa el primer lugar en la compra de estupefacientes.
Sin embargo, ese organismo norteamericano reconoce también que
el lavado del dinero se ha incrementado muchísimo en Europa,
especialmente en España, Alemania y Gran Bretaña.
Quienes asistieron al certamen estuvieron de acuerdo en señalar
que este delito del lavado de dinero ha crecido con mucha rapidez
en los últimos años y por eso se le considera con plena lógica como
“una amenaza para la economía mundial” y que se requieren “nuevos
y más agresivos instrumentos legales por parte de los gobiernos para
combatirlo con plena eficacia”.
Cada 24 horas, según las evidencias, las mafias de
narcotraficantes, del contrabando de tabaco, terroristas, traficantes de
armas, redes de tratas de blancas, funcionarios corruptos y de
secuestradores, están “lavando con base a muchos ingenios e, incluso,
a diversas colaboraciones de bancos y gobiernos y de empresarios de
“cuello blanco”, no menos de 1.624 millones de dólares”, de
acuerdo con las informaciones divulgadas en el Congreso de la PLA.
Durante ese Congreso, el Fiscal General de Colombia, Luis Camilo
Osorio, afirmó que para poder conocer la magnitud del
ilícito negocio, la cifra del lavado anual de dinero -600.000 millones
de dólares- equivale a “multiplicar por 8 el total de lo que Colombia
produce en un año y a un cinco por ciento del Producto Interior Bruto
(PIB)”.
Osorio señaló que los “resultados de la lucha contra ese
delito son positivos” en su país ya que se han vinculado
judicialmente a 459 narcotraficantes, 52 terroristas –incluyendo 40 de
las Autodefensas Unidas de Colombia, Auc)- y
3 secuestradores, pero que tanto en Colombia como en el resto del mundo,
“el ingenio de los `lavadores´ está
poniendo a prueba la capacidad de combatirlo y aplicarle los severos
castigos a quienes están implicados en ese sucio negocio”.
El embajador de Estados Unidos en Colombia, William Word, quien
ha expresado en días posteriores a este Congreso su desacuerdo con la
intervención de tres terroristas de las Auc
–Salvatore Mancuso,
Iván Roberto Duque (alias Ernesto Báez) y Víctor Manuel Mejía- en el
Parlamento Nacional, contando con el beneplácito de los legisladores y
del propio presidente colombiano, Alvaro
Uribe Vélez, dijo ante la
PLA que los mafiosos están utilizando una nueva táctica para el
blanqueo del dinero.
Para ello, están dedicados a borrar cualquier rastro de las
organizaciones delictivas con la vinculación de industriales y
empresarios de todo nivel en los distintos países, con lo que así no
se despiertan sospechas pues se recurre a personas que están
consideradas como de “intachable conducta”.
“El lavado de activos se beneficia de su imagen de cuello
blanco. Personas que jamás participarían en un delito se involucran, y
así motivan y facilitan los robos, los secuestros y las acciones y
masacres de los terroristas”, indicó Word.
¿Y cómo se puede lograr ese concurso de personas honestas para
las acciones delictivas de las mafias?. Esa
colaboración de personas de bien se obtiene a través de unas
“ofertas muy tentadoras” entre las que se encuentran adquirir dólares
a menor precio, el alquiler de cuentas corrientes o el préstamo de
documentos de identidad para retirar giros en casas de cambios, entre
otras.
Por esta razón la DEA y la Oficina Federal de Investigación
(FBI) están ampliando sus acciones para combatir no solo a los
“capos” sino también a sus nuevos e insospechados aliados en
colaboración con las autoridades judiciales y de policía de otras
naciones.
Debido al elevado número de empresas que se quebraron en
Colombia como consecuencia de la crisis económica, el “blanqueo del
dinero” encontró en ellas a “sus mejores aliados”, de acuerdo con
lo explicado en el Congreso de la PLA por miembros de la Oficina para el
Control de Lavado de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en
inglés).
Como resultado de ese “lavado” de activos, según la OFAC,
“los narcotraficantes convirtieron de la noche a la mañana a esas
empresas, entre las que se encontraban restaurantes, discotecas y bares,
en pujantes y prósperos negocios”; también acusa a los fondos de
pensiones, el contrabando de mercancías y el envío de remesas en
esa ilícita acción, en la que, igualmente, participan casas de cambio
ilegales.
Estas últimas, dice la OFAC, blanquean el dinero comprando los dólares
hasta un 20 o 40 por ciento por debajo del
precio oficial, y saben perfectamente que el dinero proviene,
especialmente del “narcotráfico”, pero lo “lavan” porque ganan
mucho dinero prestando su “deshonesta colaboración a los grupos
mafiosos”.
Además, como se ha venido comprobando, una gran parte del dinero
“blanqueado” está
financiando todas las acciones de las bandas terroristas como las que
dirigen los fanáticos Bin Laden
y el clérigo iraquí Míqtada
al Sáder, o las que siembran en terror en
Colombia, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc),
Ejército de Liberación Nacional (Eln) y
las ya citadas Auc o Al Qaeda,
autora de los últimos y lamentables atentados de Madrid, Pakistán, Arabía
Saudí y otros países.
Los gobiernos de Estados Unidos y Colombia –principal
consumidor y primer productor mundial de la cocaína- han aprobado
reformas para el ingreso y salida de dineros con el objeto de garantizar
la limpieza de estos. Por ejemplo, en Estados Unidos, a través de la
ley “USA Patriot” no se pueden sacar más
de 10.000 dólares en efectivo y en Colombia tampoco nadie puede
ingresar con una suma superior a esa cantidad.
Todo el sistema financiero estadounidense tiene que reportar, de
acuerdo con lo determinado por dicha ley, todas las “operaciones
sospechosas” porque de no hacerlo pueden ser castigado con multas de
hasta un millón de dólares; En Colombia quien pretenda ingresar más
de 10.000 dólares en efectivo deberá hacerlo, según su propia norma
legal, a través de empresas especializadas y oficialmente autorizadas.
Los bancos Riggs, de Estados Unidos,
y Popular, de Puerto Rico, han sido recientemente acusados del lavado de
activos y, por ejemplo, sobre el primerp
pesa también una denuncia por el mantenimiento de una cuenta secreta
perteneciente al ex
presidente chileno Augusto Pinochet.
El Congreso de la PLA en Colombia decidió solicitar a todos los
gobiernos su más irrestricto apoyo a la lucha contra el “lavado de
dinero” y ello es, además de una relevante petición, un urgente
clamor para evitar que el narcotráfico, el terrorismo y la corrupción,
sigan siendo el trípode de donde emanan todos los delitos. El mundo está
viviendo una “época de terror” sin precedentes y es promovida por
las mafias que “blanquean” los 600.000 millones de dólares anuales. |